Nuevo choque entre Yolanda Díaz y el PSOE por la regulación del trabajo a tiempo parcial

El Ministerio de Trabajo, encabezado por la también líder de Sumar, Yolanda Díaz, vuelve a enfrentarse con la parte socialista del Gobierno. Esta vez por las novedades en la regulación del trabajo a tiempo parcial que están debatiendo incluir en el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea de condiciones laborales transparentes. Según ha desvelado el secretario de Estado de Empleo en una rueda de prensa, Joaquín Pérez Rey, Trabajo quiere establecer más “garantías” en la previsibilidad del trabajo a tiempo parcial, pero “hay un disenso con el PSOE”. El texto debería aprobarse mañana en Consejo de Ministros si se llega a un acuerdo.

Para la cartera de Díaz es “imprescindible” que la nueva norma impida que las empresas puedan “unilateralmente” rebajar la jornada y el salario de las personas que trabajan a tiempo parcial. Según ha explicado Pérez Rey, es “esencial” para Trabajo que se incorpore una regla que igual que se impide transformar unilateralmente por la empresa un contrato de tiempo completo a parcial, se impida rebajar la jornada o ampliarla sin acuerdo con el trabajador en cuestión. El secretario de Estado ha incidido en esta cuestión: “La garantía pasa solo por un acuerdo con ellas, no por imposición unilateral de la empresa por muy importante que sea”.

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El Gobierno de la anterior legislatura estuvo meses negociando el texto de esta norma. De hecho, presentó un borrador a información pública como anteproyecto de ley en 2022 que fue dictaminado por el Consejo Económico y Social (CES), pero no llegó a aprobarse antes de las elecciones generales de junio. Una cuestión llamativa teniendo en cuenta que la directiva (de 2019) ya debería estar transpuesta. La Comisión Europea envió un dictamen motivado a España en el verano de 2023 iniciando un procedimiento sancionador por la tardanza. A finales de 2023 parecía que se habían disipado las discrepancias existentes y fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron a este medio que el texto ya se había enviado al Consejo de Estado, pero el Ministerio de Trabajo traslada ahora lo contrario.

Según la última versión compartida con los agentes sociales, el texto amplía la información mínima que deben tener los contratos para hacer las jornadas más previsibles, rebaja las exigencias de exclusividad y da más concreción a los periodos de paro y actividad de los trabajadores fijos discontinuos. En palabras del secretario de Estado este lunes, el anteproyecto de ley garantiza la “previsibilidad”, a conocer “cómo y cuando se tiene que trabajar”, y el derecho a un periodo de prueba máximo legal que la negociación colectiva no pueda ampliar. También incluye “reglas específicas para la contratación temporal”.

Aunque no han trascendido los detalles concretos del anteproyecto de ley, una de las medidas con mayor impacto es que las condiciones laborales tienen que estar fijadas en el propio contrato y, en el caso de que sean imprevisibles, la empresa debe determinar el patrón por el cual irá fijando dichas condiciones (motivos de estacionalidad, producción, etc.). En consecuencia, se acabarían los contratos con disponibilidad completa durante la semana sin determinar la distribución de la jornada, algo que afecta especialmente a los contratos a tiempo parcial, a los que también es previsible que se añada una nueva regulación sobre las horas complementarias.

Desde la CEOE se ve este aspecto con recelo y pedían ya en diciembre que los cambios en cuanto al trabajo a tiempo parcial se hagan de manera “quirúrgica”, transponiendo la directiva, pero sin hacer excesos, porque hay sectores intensivos en este tipo de contratación. En cuanto a periodo de prueba, la directiva establece que se debe limitar a un máximo de seis meses, tiempo que se puede elevar actualmente en la negociación colectiva, aunque son pocos los convenios en los que se contemplan más, hasta ocho meses.