La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha finalizado y archivado la investigación que le encomendó el Gobierno sobre los descuentos de 20 céntimos por litro en la gasolina y al gasóleo. Según detalla el regulador a Infobae España, no ha encontrado infracciones por parte de las empresas en su seguimiento, por lo que las bonificaciones aplicadas tras el estallido de la guerra en Ucrania habrían llegado a la ciudadanía, una conclusión contraria a la de tres estudios independientes.
Las bonificaciones se aplicaron entre abril y diciembre de 2022 y el Ejecutivo estableció que la CNMC realizaría un “seguimiento de alta frecuencia” de los precios de venta al público “para supervisar la eficacia para los consumidores de la bonificación”. El organismo que preside Cani Fernández asegura que no hubo fraude: “Al final de la medida se hicieron todas las comprobaciones que nos encomendaban los reales decretos-ley en cuestión, sin que se hallaran evidencias de incumplimiento de la norma sobre el descuento”, señala.
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La postura final coincide con la ya difundida el 7 julio de 2022, en pleno despliegue de los descuentos. La CNMC lanzó un comunicado y convocó a los periodistas el mismo día en el que se publicó un trabajo de Esade que evidenciaba un aumento de los precios de la gasolina, y sobre todo del gasóleo, tras la entrada en vigor de las bonificaciones. El regulador aseguró entonces que, de forma general, el mercado de distribución de carburantes “parece estar trasladando la bonificación al consumidor”. Sin embargo, no descartaba que “alguna estación de servicio individualmente haya absorbido una parte de la bonificación y haya incrementado los márgenes”. Ahora la postura es firme y ninguna gasolinera ha sido sancionada, por lo que el análisis por parte del regulador tiene punto y final.
Al terminar los descuentos, el tema dejó de estar en la primera línea del debate público, pero en unos meses la Universidad de las Palmas de Gran Canaria publicará el primer estudio académico al respecto. En él, los profesores Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles comparan lo sucedido en los precios de España antes, durante y después de los subsidios con la evolución en países europeos en los que no se aprobó ninguna medida similar. Encuentran que los consumidores pagaron el diésel casi seis céntimos más caro entre abril y diciembre de 2022 por culpa del subsidio.
En consecuencia, el estudio calcula que las empresas obtuvieron 723 millones de “ingresos extraordinarios” por el “aumento artificial de precios” del diésel durante los nueve meses que duró el subsidio. Esto también supuso una mayor recaudación por IVA, por lo que las arcas públicas recibieron 202 millones “de más”, aunque se gastaron unos 5.000 millones en la medida, según la AIReF.
Los consumidores pagaron, en definitiva, 925 millones adicionales al comprar diésel en ese periodo en comparación con un escenario sin descuentos. Algunas de estas conclusiones ya fueron avanzadas por los autores en marzo de 2023 en Nada es Gratis, un blog económico, aunque el trabajo se encuentra ahora en revisión académica y verá la luz en 2024 con mejoras y nuevos resultados, según señala Jiménez a este medio.
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Dos trabajos anteriores de los centros de estudios Esade y Funcas apuntaron ya en la misma dirección. El primero, elaborado por Manuel Hidalgo, Ángel Martínez y Natalia Collado, detectó que las estaciones de servicio (fundamentalmente las independientes y low cost) aumentaron el precio del diésel y de la gasolina en 3,52 y 0,7 céntimos, respectivamente, en los primeros meses de la política (el estudio cuenta con datos entre diciembre de 2021 y junio de 2022).
Esto implicaría que las empresas se estaban apropiando del 17,6% del subsidio destinado al diésel y del 3,5% del destinado a la gasolina 95. El segundo trabajo, elaborado por María José Moral, también encuentra que las empresas absorbieron parte de la subvención al subir los márgenes brutos medios en dos y 2,3 céntimos por litro en la gasolina y el diésel, respectivamente.
Juan Luis Jiménez señala que “la subida de los precios debido al subsidio no es un comportamiento anticompetitivo de las empresas” y asegura que es el resultado más esperable al establecer una subvención en un mercado. Además, el sector de los hidrocarburos tiene una demanda inelástica (el consumo reacciona poco a las variaciones de precios) y una baja competencia, lo que facilita la absorción de los descuentos. Por ello, el académico apunta al diseño que el Gobierno hizo de la medida.
Desde Esade también incidieron en este aspecto, criticando el “insuficiente” sistema de anticipos y devoluciones mensual que efectuaba la Agencia Tributaria. “Ha podido llevar a las gasolineras independientes a aumentar los precios como vía para garantizar la liquidez”, afirmaron en su estudio, situación que afectaría en mucha menor medida a las grandes compañías. Por ello, consideraron que esta ventaja relativa para los operadores mayoristas podría “minar la competencia en el sector” a medio y largo plazo. Algo que ha podido suceder, según el expediente sancionador que abrió la CNMC a Repsol en diciembre de 2023.
Bonificar los carburantes no redujo la desigualdad
Aparte de las dudas acerca de la eficacia de la medida y de sus efectos sobre la competencia, los descuentos tuvieron también un carácter regresivo advertido desde distintas instituciones, como la AIReF, el Banco Central Europeo (BCE) e incluso el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Esto se debe a que solo el 27% de las familias del primer decil de renta consume hidrocarburos, mientas que en el último decil el porcentaje es cercano al 80%.
La AIReF estimó que las rentas más altas se beneficiaron en mayor medida del subsidio: más del 26% del gasto total de los mismos mejoraba a los dos deciles de ingresos más elevados. Nuria Badenes también plasmó en su trabajo del IEF publicado en 2023 que los subsidios empeoraban ligeramente la desigualdad medida a través del valor del índice de Gini. “El subsidio de 20 céntimos por litro a los carburantes no es redistributivo, aunque el efecto sobre la desigualdad que genera es de magnitud muy pequeña”, señala en el documento.
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Según el informe Inflación, política fiscal y desigualdad del BCE publicado en otoño del año pasado, todo el paquete de medidas adoptadas por el Gobierno en 2022 para compensar a los consumidores no estuvo especialmente enfocado a las personas con menos ingresos y no redujeron la desigualdad. Esto no significa que otras políticas al margen, como el aumento del SMI y el establecimiento del IMV, sí contribuyeran a ello.