Hugo Morán, secretario de Estado de Medioambiente: “España no puede consumir agua como si fuese inagotable”

Hugo Morán accedió al cargo de secretario de Estado de Medioambiente en 2018. El hombre de confianza de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) fue alcalde de Lena, un pueblo de Asturias, antes de asumir las funciones en un Gobierno que se ha topado de lleno con la crisis climática.

La sequía en Cataluña ha provocado la declaración de emergencia desde la pasada semana. Andalucía se encamina a escenarios igual de dramáticos. La crisis de los pellets en Galicia, la conservación del Parque Nacional de Doñana, de Tablas de Daimiel y la tala de árboles en la Comunidad de Madrid. Cada vez son más los frentes abiertos en cuestión medioambiental y Morán atiende a Infobae para explicar las políticas que se quieren llevar a cabo durante esta legislatura.

Pregunta: ¿Le preocupa la cuestión de la sequía en Cataluña?

Respuesta: Una de las mayores preocupaciones que tenemos en términos estratégicos de gestión de país es todo lo que ocupa el ciclo del agua. Cualquiera que haya tenido contacto con la gestión del día a día sabe que cuando aflora un problema de relación con el agua, el resto de los problemas pasan a ser secundarios. Cuando alguien se queda sin agua, cualquier otro asunto pasa a ser secundario. Por lo tanto, los problemas de la gestión del agua con carácter general forman parte del núcleo estratégico de las preocupaciones del gobierno.

P: ¿Cómo se coordina España con Cataluña tras la declaración de emergencia por sequía?

R: España tiene perfectamente distribuidas las competencias en materia de gestión del agua. Hay demarcaciones que son de competencia estatal, y las hay de competencia autonómica. Las competencias en la gestión del ciclo urbano del agua, tanto el abastecimiento como el saneamiento y la depuración, son competencias locales en las cuales las comunidades autónomas acuden en apoyo a través de figuras como pueden ser consorcios o agencias autonómicas relacionadas con el agua. El Estado interviene en términos de ayuda, de apoyo en ese ámbito.

Entendemos que el mejor momento para gestionar la sequía es cuando hay agua, no cuando no hay agua. Con lo cual la mejor herramienta para gestionar la sequía es la planificación. Nosotros aprobamos los planes de sequía actuales en diciembre del año 2018. El Estado acude en apoyo de las administraciones y en este caso concreto, tanto Cataluña como Andalucía, donde radica el problema es en sus cuencas internas. Las dos comunidades autónomas nos han pedido dos desaladoras y a cada una de ellas les hemos dicho que sí. Estamos trabajando en el proceso de la planificación y en actuaciones que van a ser de largo recorrido. Hasta construir una desaladora pasarán unos cinco años.

En cuanto a las actuaciones de emergencia en el momento inmediato, nos están planteando la posibilidad de movilizar recursos para poder transportar agua de un sitio a otro. En la medida en la que los dos gobiernos vayan avanzando en ese sentido y cuando tengan sobre la mesa las propuestas, les hemos dicho que lógicamente el Estado estará ahí para apoyarles.

P: Si la sequía se ha agudizado en pleno enero, con embalses por debajo del 10% de su capacidad total en Cataluña y Andalucía, ¿qué podemos esperar del próximo verano?

R: Es bastante complicado de anticipar. Allá por el año 2008, Cataluña vivió una situación muy parecida a la actual y se pusieron en marcha medidas de emergencia. Cuando las medidas de emergencia se estaban activando empezó a llover y ya no fueron necesarias. ¿Qué es lo que puede suceder en un momento en el cual los comportamientos meteorológicos obedecen a escenarios climáticos absolutamente distintos de lo que estadísticamente hemos conocido? No lo sabemos razonablemente. Cabría esperar que después de tres años encadenados de sequía en Cataluña, con una pluviometría muy baja, y cuando hemos pasado un otoño prácticamente en blanco y las reservas de nieve han bajado durante el invierno, estadísticamente sería muy extraño que no hubiese este año tampoco una aportación de lluvias mínima que pudiese salvar la situación.

Sin embargo, la situación dista mucho de ser la que nosotros entenderíamos en nuestro país como una situación de normalidad, así que se trata de adoptar todas las medidas preventivas que puedan formar parte de la caja de herramientas que dé respuesta a una situación de este tipo. Nosotros tenemos que colocarnos en la tesitura de gestionar el peor de los escenarios posibles. Y en ese sentido, de lo que se trata es de intentar encontrar todos los recursos alternativos que puedan garantizar, lo que debe de ser la prioridad que debe marcarse en estos momentos los gobiernos, el agua de boca.

P: Decía un investigador hace unos días en una entrevista con Infobae que España reutiliza poco más del 10% del agua que usan las ciudades. ¿Tenemos medidas para solucionar esto?

R: Sí se puede corregir y de hecho en España hay experiencias donde los niveles de reutilización están por encima del 90%. Es verdad que la media es muy baja, pero en la zona de Murcia, por ejemplo, los niveles de reutilización son muy altos. Las directivas europeas caminan en esa dirección. Hay que incorporar el concepto de economía circular al ciclo del agua. Acabamos de hacer una modificación legislativa precisamente para potenciar la reutilización del agua en nuestro país.

España no puede consumir agua y seguir instalada en una dinámica de un consumo como si el agua fuese un bien inagotable y permanentemente disponible, tenemos que incrementar nuestra capacidad de ahorro. Hay que mejorar la eficiencia, haya circuitos de abastecimiento de agua urbana que en algunos casos llegan a tener pérdidas de hasta el 60%. La reutilización es una herramienta, al igual que la desalación, que forma parte de esa estructura de capacidad de tener más recursos disponibles. Pero lo importante es gastar menos, consumir menos, no tener, no pensar tanto en reutilizar, sino en no gastar directamente.

P: La semana pasada se votó la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. El desencuentro, entre el gobierno y un partido catalán, pero no se habló de la sequía. Parece hasta irónico las negociaciones no giraran en torno a combatir la sequía y sí a algo totalmente diferente.

R: Vivimos en dos realidades distintas de país. Una que es la que afecta a las preocupaciones de la inmensa mayoría de los ciudadanos, como el agua. Y luego hay otra realidad que es la de la discusión en abstracto de asuntos como pueda ser el caso de la amnistía, que como vemos en algunos sondeos de opinión, está muy lejos de lo que preocupa a los ciudadanos. A veces se le da más importancia a la opinión publicada que a la opinión pública y por desgracia, en estos momentos, la amnistía ocupa más espacio como opinión publicada, mientras que la sequía ocupa mucho más espacio como opinión pública.

P: Ha dado la sensación durante muchos meses que las comunidades autónomas hacían la oposición al Gobierno a través de las políticas medioambientales. Pasó con Doñana y Andalucía, luego con Galicia por los pellets y con Madrid y la tala de árboles. Pero ahora con Andalucía, al menos institucionalmente, parece que las cosas han mejorado.

R: Cuando aprieta el zapato, uno se fija principalmente allí donde el zapato aprieta y deja de preocuparse de la propia estética del zapato. Y en este sentido es evidente que más allá de que en un momento determinado estés planteando un problema de gestión concreto, puedes permitirte el lujo de poder estar en una escenificación o de confrontación. Pero cuando el problema empieza a formar parte de algo que limita tu capacidad de actuación, ya no puedes estar jugando a las declaraciones.

También es verdad que durante todo este tiempo, en la parte que a mí me toca, nunca ha dejado de estar abierto el espacio de diálogo y de negociación y de gestión compartida. A veces se sobreactuaba cuando en la dinámica del día a día se estaba trabajando. Pero bueno, forma parte de una forma de entender la política que nos lleva muchas veces a perder demasiado tiempo y recursos que deberíamos dedicar a las soluciones.

P: En salvar el Parque Nacional de Doñana se han invertido algo más de 700 millones de euros, pero las organizaciones ecologistas siempre recuerdan y ponen el foco en Las Tablas de Daimiel, que está también en una situación muy preopcupante. La última inversión que se ha hecho es de 250 millones. ¿Hay algún plan para ello?

R: La dinámica de la planificación hidrológica va siempre por detrás de la demanda. Vemos que cada vez hay menos agua y, por lo tanto, ya no se trata de buscar recursos para seguir satisfaciendo una demanda creciente, sino que hay que poner en marcha medidas para aminorar progresivamente esa demanda. Y eso es lo que se ha hecho con la actual planificación hidrológica. Pero también es cierto que aparecen puntos especialmente vulnerables en los cuales se hace muchísimo más visible esta realidad. Y esos puntos especialmente vulnerables son el Mar Menor, Doñana y las Tablas de Daimiel, la Albufera de Valencia, el delta del Ebro..., y necesitamos compatibilizar en el tiempo las distintas medidas que tenemos que llevar a cabo.

La transición no puede hacerse en todos los sitios al mismo tiempo, porque los recursos son limitados, con lo cual hay que ir seleccionando aquellos espacios donde tienes el problema mejor identificado o porque tienes una llamada de atención externa. Aquí tenemos un llamamiento sobre la situación del Mar Menor de organismos internacionales, otro sobre Doñana, y una advertencia previa sobre el caso de las Tablas de Daimiel. De este modo, en el Mar Menor llevamos dos años de ejecución del marco de actuaciones prioritarias, en Doñana estamos empezando ahora mismo y en Las Tablas de Daimiel hemos iniciado el proceso de diálogo con los sectores y con el territorio para dar forma a un plan de acción.

P: ¿Les preocupa la tala de árboles de Madrid? Oscar Puente anunció una rectificación y se han frenado los 256 árboles que iba a talar el Gobierno, pero Almeida y Ayuso no echan para atrás sus planes.

R: Nos preocupa ,con carácter general, que se llegue a entender que la defensa del medio ambiente es una cuestión meramente sectorial que compete solamente a un área de gobierno. No es así. La inmensa mayoría de la sociedad tiene perfectamente interiorizado que hablar de medio ambiente es hablar de salud, de calidad de vida, de disponibilidad de recursos para la actividad económica y generación de empleo...

Parece que hay una administración que defiende el desarrollo económico y otra administración que se opone al desarrollo económico. Y no es así. Esta dicotomía hay que romperla y socialmente empieza a romperse. Es verdad que hay resistencias, pero de lo que se trata es precisamente de entender que una gestión adecuada del entorno es más rentable que adoptar medidas sencillas o aparentemente fáciles porque se facilita la ejecución de una infraestructura. La ciudadanía ha incorporado otros valores más allá estrictamente de lo que es la inversión en hormigón, asfalto y baldosas.

P: Pese a las declaraciones de la Comunidad de Madrid y la aparente mala relación, ¿se sigue trabajando por debajo?

R: Permanentemente. No puede ser de otra forma, porque si no entraríamos en una parálisis de país. La realidad es que hay una escenificación hacia el exterior por las razones que sean, pero de intereses que no tienen nada que ver con la gestión de la realidad de los ciudadanos. La obligación de las administraciones es estar permanentemente en procesos de coordinación, porque muchas veces, la gestión pasa por competencias compartidas. Y son las menos las ocasiones en las cuales se produce una situación de bloqueo, sencillamente porque al final nadie sale beneficiado de una situación de bloqueo.

P: A la vista de la investigación que lleva a cabo la Policía y las detenciones que se han llevado a cabo, me gustaría preguntarle: ¿Considera el MITECO que Futuro Vegetal es una organización criminal?

R: En este país, de un tiempo a esta parte, hay una especie de epidemia en el cual se tiende a calificar cualquier actuación como una actuación criminal o terrorista. Estamos entrando en una dinámica de sobreactuación que no conduce a nada. Es decir, cualquier ciudadano tiene derecho a manifestar su opinión y hacerla visible en los términos que considere oportunos, siempre y cuando no lesione los derechos de terceras personas.

No nos queda tan lejos el salto de la dictadura a la democracia, en el cual el uso de la libertad ciudadana para manifestar posiciones, opiniones de protesta o de discrepancia, era perfectamente entendido, entendible y compartido. Para quienes vivimos aquella situación, nos resulta un tanto extraño que en estos momentos haya manifestaciones más o menos similares a las que se vivían en aquellas fechas y que, sin embargo, se haya dado el salto de considerarlas al margen del derecho de la acción democrática de la ciudadanía. Siempre y cuando una actuación de reivindicación o de protesta se manifieste en el ámbito del respeto a los derechos de los demás, no creo que tenga que ser menoscabada.

P: ¿Y la actuación de Futuro Vegetal la considera normal y dentro de los márgenes?

R: Quien se autointegre o se considere integrado en una organización concreta, como puede ser en este caso Futuro Vegetal, pues igual que en cualquier colectivo. Desde el mundo del deporte hasta el mundo de la política puede encontrarse uno con comportamientos individuales que no tengan nada que ver o que o que se manifiesten al margen de lo que sea el comportamiento de ese colectivo. Pero como colectivo, Futuro Vegetal plantea una alternativa que en términos teóricos es tan respetable como cualquiera otra. Si dentro de ese ámbito hay quien, amparado o no en el colectivo, pone en marcha actuaciones individuales que sobrepasan lo que puede ser entendido como un comportamiento democrático normal, pues será ese comportamiento concreto el que tenga que ser castigado o perseguido. Pero colectivizar una criminalización cuando hay gente de de todo tipo y condición, no me parece que sea la forma más razonable de entenderlo.

P: ¿Le preocupa a nivel general, la criminalización de la protesta medioambiental?

R: Sí, sí, me preocupa. No, no como un hecho aislado, sino como una tendencia general. Volver a tentaciones de criminalización del derecho a manifestarse puede llevarnos a un camino de involución. Fui alcalde doce años de un ayuntamiento minero en los tiempos en los cuales se estaba llevando a cabo el proceso de reconversión de la minería. Fui testigo y partícipe de movilizaciones ciudadanas en defensa de los puestos de trabajo, en defensa del futuro de los territorios... Manifestaciones que tampoco eran muy diferentes de las que en estos momentos se consideran poco menos que hechos criminales. Me preocupa que esto acabe teniendo una traslación al mundo de la gestión de la política real. Veo como al movimiento ambientalista se le empiezan a colocar títulos o calificativos que intentan criminalizar o deslegitimarlos. No son un espacio en el cual se estén defendiendo intereses económicos o políticos concretos, se trata sencillamente de defender algo que se considera patrimonio común.