Hasta 600.000 euros por homenajear a ETA: así es la ley que lleva al PP al Congreso y que respalda la UE

El Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados una ley para prohibir los homenajes a terroristas, conocidos como ongi etorri, y también para que no se les pueda indultar ni vuelvan a ir en las listas electorales aquellos que hayan sido condenados por delitos de sangre. La Audiencia Nacional ya rechazó su prohibición en 2021, alegando que estos responden a un deseo de acercamiento de los presos a los centros penitenciarios del País Vasco, y que el ensalzamiento de las acciones por el que han sido privados de libertad es una conducta amparada por el derecho a la libre expresión en el ámbito de procesamiento penal.

En abril de 2022, el Senado también rechazó una moción que pretendía prohibir estos homenajes. Además de los grupos independentistas, los socialistas también rechazaron esta prohibición, alegando que no iban a apoyar esta iniciativa que utilizaba a las víctimas de ETA con el único objetivo de cargar contra el Gobierno. Ahora será el Congreso de los Diputados quien debata esta proposición de ley orgánica a iniciativa del PP.

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Los populares pretenden modificar hasta cinco normativas: el Código Penal, la ley penitenciaria, la ley que regula el derecho a reunión, la ley de seguridad ciudadana y la de protección a las víctimas del terrorismo, y proponen medidas que impidan el enaltecimiento terrorista en acto de homenaje a etarras. Para ello, instan a añadir a la ley de protección de víctimas dos disposiciones adicionales, que serían clave para acabar con los ongi etorri.

La primera de ellas es para considerar la actividad terrorista de ETA como un “ataque generalizado y sistemático contra parte de la población civil motivada por causas políticas”, para que sean considerados crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriban. La segunda impulsaría una investigación de estos hechos por parte de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía, que evalúa si los miembros de los comités ejecutivos de ETA deben ser considerados responsables de los mimos.

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El PP se basa en la petición del Parlamento Europeo del año 2020 para evitar los homenajes a etarras. El Ministerio del Interior se pronunció dos años más tarde al respecto, señalando que el Gobierno trabaja para su prohibición, pero existe una complicación legal, en concreto, la directiva sobre terrorismo de la UE, que indica que para tomar medidas como prohibir los ongi etorri es necesario que exista un riesgo concreto y evidente de acción terrorista, lo que es difícil tras la disolución de ETA, según detalló Marlaska.

El Partido Popular propone la creación de una comisión de juristas que estudie cada expediente o el llamamiento a la colaboración ciudadana de forma anónima y protegida para obtener información para investigar estas causas. Incorpora, asimismo, cambios en la ley reguladora del derecho de reunión para que el Gobierno, a través de sus Delegaciones, pueda prohibir los ongi etorri.

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Se contemplan sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros a los Ayuntamientos que faciliten la celebración de estos actos con algún requisito, a través de la ley de seguridad ciudadana. También incluye cambios en la ley general penitenciaria y el Código Penal, en concreto, que un preso etarra acredite “fehacientemente” que reniega de la violencia cometida, muestre arrepentimiento y colaboren en la investigación de atentados como requisitos imprescindibles para que acceda a un régimen penitenciario más flexible.

Especifica la única manera para acceder a un tercer grado o régimen de semilibertad: los penados tendrán que realizar una petición “expresa de perdón” a las víctimas “que resulte creíble”. También incluye penas de prisión de uno a tres años por la justificación pública de los delitos de terrorismo y la convocatoria, promoción o difusión de mensajes que entrañen “menosprecio” a las víctimas.