La justicia reconoce la ilegalidad de Amazon al usar miles de falsos autónomos, pero no reciben compensación económica

Pablo (nombre ficticio) tenía 25 años cuando empezó a repartir paquetes de Amazon por Madrid dado de alta como autónomo. “Estaba en el paro (…) Me metí porque no me salía nada”, comenta. Dedicaba el día entero, a veces también fines de semana, a entregar “bloques” con su coche, aunque solo le pagaban 14 euros por cada una de las horas que la empresa estimaba en cada reparto (dos o cuatro como máximo, según el volumen). Duró algo menos de dos años, entre 2019 y 2021, fecha en la que dejó de trabajar por un accidente y que coincidió con el final de la actividad de la empresa ante los previsibles problemas judiciales.

Se trata de uno de los 3.688 repartidores a los que el juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha reconocido como trabajadores de Amazon el pasado 22 de enero de 2024. Es la segunda sentencia que condena el modelo “Amazon Flex”, nombre de la aplicación usada para organizar los pedidos, ya que la primera se produjo en febrero de 2023 y afectó a otros 2.166 trabajadores entre 2017 y 2019. La parte demandante en ambos casos es la Seguridad Social a raíz de las actas de la Inspección de Trabajo, de manera que Amazon tendrá que pagar las cuotas que se ahorró por emplear autónomos si las sentencias pasan a ser firmes (la multinacional ya recurrió la primera).

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Amazon implantó este modelo para atender los picos de demanda, un volumen de en torno al 8% de los paquetes. Y, a diferencia de lo sucedido en otras empresas que usaron riders “independientes” para sus repartos, la multinacional llevó a cabo una estrategia de desmantelamiento discreto de su filial Amazon Road. Los trabajadores no estaban organizados sindicalmente, muchos se encontraban en una situación de necesidad y había un elevado volumen de extranjeros. Además, no perdieron su trabajo en Amazon de la noche a la mañana (no fueron oficialmente despedidos), sino que dejaron de recibir encargos de forma escalonada y un día, cuando ya habían pasado meses de inactividad, su cuenta en la aplicación desapareció. La mercantil reparte ahora con subcontratas de Seur y Correos, entre otras empresas.

“Amazon consiguió despistar a todo el mundo, pero realmente lo que hizo es despedir a toda esa gente”, denuncia Fernando García Pallás, delegado de UGT en Glovo y conocedor de la causa de la Seguridad Social contra Amazon a la que UGT se adhirió. Este sindicato se sumó como parte interesada al proceso judicial que comenzó en diciembre de 2022 con el fin de que los trabajadores afectados estuvieran representados en el juicio, pero para entonces todos habían dejado de prestar sus servicios a la empresa desde hacía más de un año. Ya era inviable formar un comité para negociar un procedimiento de despido colectivo.

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En consecuencia, ahora se da la paradoja de que la justicia les reconoce que eran falsos autónomos, pero no han recibido indemnización por despido ni la Seguridad Social les ha devuelto las cuotas indebidamente pagadas como autónomos. Solo cuando las sentencias sean firmes, algo que todavía se puede demorar años, podrán reclamar de manera individual la devolución de las mismas. “La ley dice que una demanda por despido tiene que producirse como máximo en los 20 días posteriores. Del despido hace tres años, pero la sentencia es de hace unas semanas. Yo estoy intentando que alguien haga un poco de justicia”, protesta García tras reunirse con diversos abogados para abordar el tema sin recibir ninguna opinión favorable sobre la prosperidad de su queja.

Amazon actuó de manera anticipada suprimiendo su sistema de repartidores autónomos en abril de 2021, con lo que esquivó la conocida como ley rider, que entró en vigor en agosto. Pero la llegada de la nueva norma sí presionó a Deliveroo y a Uber. La primera decidió dar de alta a sus riders en el régimen general de la Seguridad Social antes de irse de España en noviembre de 2021 con el objetivo de tramitar un despido colectivo. Al rededor de 3.800 empleados cobraron indemnizaciones de 45 días de salario por año trabajado con una cuantía mínima de 1.000 euros.

La segunda mandó una notificación a sus repartidores informándoles de la desconexión de la plataforma en agosto de 2021, pero CCOO y UGT impugnaron el despido judicialmente reclamándolo como colectivo y lo ganaron en diciembre de 2022. Consiguieron también indemnizaciones de 45 días con cuantías mínimas para 4.404 trabajadores. Pese a estas victorias, el modelo de falsos autónomos no ha dejado de operar: el pasado mes de enero se conoció una propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo contra Glovo por emplear falsos autónomos con un nuevo sistema.

La segunda sentencia sobre Amazon Flex hace una reflexión a cerca de las plataformas digitales que usan “falsos autónomos” afirmando que llevan a cabo una “huida del derecho laboral” y que se encuentran en una “búsqueda permanente de alternativas” que permitan excluir su aplicación. Muchos juzgados de instrucción se encuentran colapsados con macrocausas similares a las de Amazon (aún quedan pendientes procedimientos de Glovo y de Uber), además de juicios individuales.

Pablo volvió de su baja por accidente en 2021, pero ya no pudo acceder a la cuenta en Amazon Flex, por lo que se quedó sin trabajo. Tras pasar un tiempo desempleado ha conseguido un empleo “mejor” y piensa reclamar las cuotas de autónomo a la Seguridad Social cuando las sentencias se confirmen. “Voy a ir a por todo”, asegura. “Lo que menos me gustó es que no valoraban al repartidor. Si el cliente llamaba, creían al cliente. Te decían: «Lo has hecho mal y la próxima vez que lo vuelvas a hacer te sacamos del programa»”, recuerda con pesar. Un programa que solo se basaba en las lógicas establecidas por un algoritmo y que Amazon se ha negado a revelar en el proceso judicial.

Los hechos probados de la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae España describen cómo la aplicación determinaba, además del precio, el tiempo de entrega de cada paquete, la ruta a seguir por el repartidor y el número de bloques aceptados y rechazados para construir una métrica. Además, los riders recibían informes periódicos que atendían a la fiabilidad y calidad de las entregas. “Los incumplimientos o retrasos de entrega conllevan penalización, entre las que están la reducción de las posibilidades de asignación de bloques durante algún tiempo”, según confirma el informe pericial. También se mostraban distintos bloques a los riders, los “estándar” habilitados para todos, y los “exclusivos”, solo visibles para un colaborador específico durante un tiempo determinado.

Amazon puso todas las trabas posibles para que no se analizara completamente el sistema: alegó a la Inspección de Trabajo que la plataforma Amazon Flex no usaba ningún algoritmo para su organización y no aportó valoraciones de los repartidores. En cuanto al perito, solo le dejó acceder a la aplicación con una cuenta creada expresamente para este propósito, no con un perfil de un trabajador real, por lo que gran parte del funcionamiento del sistema se ha conocido a través de los interrogatorios a los trabajadores.

Pablo cuenta que en el centro donde él acudía, a ciertos riders les “les daban cestas con muy pocos paquetes”, mientras que los grandes iban para los más inexpertos y las horas estimadas de entrega eran las mismas. “Te daban un bloque de cuatro horas y como fuese por la mañana y te tocase el centro de Madrid te tirabas seis”, recuerda. Además de no estar pagadas esas horas de más, penalizaban en la métrica si conllevaban retrasos en las entregas.