El Govern ha anunciado esta semana la declaración de la fase de emergencia en Cataluña por la situación de sequía extrema en la que se encuentran más de 200 municipios. Las nuevas medidas, que han entrado en vigor el pasado viernes, afectan a más de seis millones de personas, lo que representa casi al 80% de la población catalana. La Generalitat de Cataluña contempla la aplicación de tres fases y prevé la ampliación de las restricciones en caso de que la situación no mejore durante los próximos meses.
Las limitaciones en el uso de agua afectan tanto a la industria, como al sector agrario y a la población general de Cataluña. El plan de emergencia contempla tres fases. Los municipios han entrado este viernes en la primera de ellas, que limita el consumo de agua a 200 litros diarios por habitante. Si la situación se agrava, las localidades pasarán al segundo nivel, que restringe el consumo diario hasta los 180 litros por vecino. Esta no es la única medida que está sobre la mesa y los sectores de la agricultura, la industria y el ocio son tres de los más afectados.
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La capacidad de riego de los agricultores catalanes se reduce en un 80% durante el tiempo que dure el estado de emergencia. El protocolo contempla de manera excepcional el “riego de supervivencia” para los cultivos leñosos. El consumo en el sector ganadero también se reduce a la mitad. En la industria, la reducción será del 25%. Además, los ayuntamientos pueden aprobar más restricciones en los centros de ocio e instalaciones deportivas —tanto públicas como privadas— para suavizar el impacto ambiental del fenómeno. Los ciudadanos y empresas que incumplan alguna de estas medidas se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros.
Multas de hasta 3.000 euros por incumplir las normas
La Generalitat de Cataluña ha anunciado esta semana un aumento de las restricciones de agua que ha provocado, al mismo tiempo, un endurecimiento de las sanciones. La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha empezado a interponer multas en los municipios que exceden los topes fijados por los organismos competentes. La Ley de Medidas Extraordinarias para hacer frente a la sequía establece un régimen sancionador para los municipios que se salten las normas, con multas de hasta 50.000 euros por localidad. Las sanciones a título personal no superan normalmente los 3.000 euros.
El Govern ha enviado a todos los ayuntamientos catalanes una ordenanza modelo que propone un marco normativo que pueden aplicar en función de sus necesidades, con multas de entre 750 y 3.000 euros. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por ejemplo, ha bajado la presión de agua en los cinco municipios que más consumen. Las multas en la Ciudad Condal pueden llegar por acciones tan rutinarias como lavar el coche, regar el jardín y llenar la piscina.
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El Área Metropolitana de Barcelona ha puesto en marcha el reglamento de infracciones, que divide las multas en tres categorías. La más baja contempla sanciones por lavar el coche o regar el jardín en espacios de menos de 1.000 metros cuadrados. El precio de la infracción puede alcanzar los 750 euros. El segundo nivel regula los espacios de más tamaño, como los jardines de hasta 3.000 metros cuadrados y las piscinas de hasta 300 metros cuadrados. Las multas ascienden en este caso hasta los 1.500 euros. En el último eslabón están las infracciones consideradas “muy graves”, como regar fincas de más de 3.000 metros cuadrados. Las sanciones pueden ser de hasta 3.000 euros. Los conductores, además, tienen que limpiar su vehículo en túneles de lavado que dispongan de un sistema de recirculación del agua. Las multas en este caso pueden ser de hasta 30 euros.