La plena equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -la Policía Nacional y la Guardia Civil- con las policías autonómicas y locales es una de las prioridades, si no la mayor, de los sindicatos policiales. Aunque en 2018 cuatro de ellos firmaron con el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido (PP) un acuerdo histórico por la equiparación, hasta la fecha el incremento salarial de los agentes no ha superado el 38%. En la actualidad, un policía nacional cobra de media unos 5.000 euros brutos menos al año que un mosso d’esquadra.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los sindicatos policiales -y las asociaciones de la Guardia Civil- es el recurso que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de la Abogacía del Estado ha presentado contra una sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba a renegociar las dos cláusulas aún incumplidas del acuerdo de equiparación salarial de 2018: la tramitación de una ley de igualdad retributiva con el resto de cuerpos policiales y la dotación de presupuesto para la creación de puestos de trabajo para personal en segunda actividad o reserva. “Estamos hartos”, denuncian en declaraciones a Infobae España varios de los representantes sindicales.
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Es por ello que las organizaciones con representación en el Consejo de la Policía, el órgano en el que la Administración y los vocales electos de los agentes dirimen los asuntos relativos a sus condiciones de empleo, se plantean adoptar un “conflicto colectivo permanente”, la medida de presión más contundente que pueden ejercer los sindicatos del Cuerpo. Se trata de un procedimiento destinado a solucionar la situación que genera ese conflicto y se traduce en la incomparecencia de los vocales que conforman el Consejo de la Policía en sus sucesivas reuniones.
El conflicto colectivo de carácter permanente supondría la práctica paralización de los trámites que tienen que pasar por el órgano para su aprobación. El antecedente más inmediato de esta medida ocurrió 2017. El ministro del Interior de la época, Juan Ignacio Zoido, tardó tres meses en dar su compromiso para la equiparación salarial.
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Unidad de acción
La próxima reunión del Consejo de Policía es el próximo lunes, día 5 de febrero, y los sindicatos ya se han pronunciado sobre la posibilidad de apoyar un conflicto colectivo permanente. La postura más firme es la del sindicato Equiparación YA (EYA), cuyo único vocal, Natán Espinosa, se levantó de la mesa en las cuatro primeras reuniones posteriores a la constitución del Consejo, que tuvo lugar el pasado verano. Tras conocerse el recurso contra la citada sentencia de la Audiencia Nacional, dio un paso más allá y no acudió a la última reunión.
La forma de proceder de Marlaska ha llevado al resto de sindicatos representativos a sopesar el apoyo a la iniciativa. La Plataforma por la plena equiparación salarial y jubilación digna, que engloba otros cuatro sindicatos representativos -SUP, SPP, UFP y CEP- advirtió a Marlaska en un reciente comunicado de que “si es preciso declararemos un conflicto colectivo de manera inmediata de continuar el desprecio del Ministerio del Interior”.
Por su parte, el secretario general de Jupol -sindicato con cuatro vocales en el Consejo-, Aarón Rivero, subrayó que “la única forma posible y viable de que la medida llegue a buen término, es si la secundan todos y cada uno de los sindicatos”, es decir, un proceder “en unidad de acción”.
Además del planteamiento del conflicto colectivo permanente, las organizaciones sindicales han emprendido otras iniciativas destinadas a la equiparación salarial y unas condiciones de jubilación dignas para los agentes. Así, los principales sindicatos secundarán una manifestación convocada por la Plataforma y que recorrerá las principales calles de Madrid el próximo 16 de marzo.