La sostenibilidad del sistema de pensiones es una problemática que los diferentes gobiernos se han ido pasando durante los últimos años. La reforma de las pensiones ejecutada por el antes ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha supuesto la introducción del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que el Gobierno pretende que la hucha de las pensiones alcance los 9.000 millones al cierre de 2024. Una cifra que duplica los ingresos registrados durante este año y que sería la más alta en casi una década.
El fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones, alcanzará al final de este año los 9.000 millones de euros gracias a las aportaciones del MEI. Según ha recordado en su comparecencia de este miércoles en el Congreso la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, el objetivo es que este fondo, que cerró 2023 con unos 5.300 millones, supere los 25.000 millones al final de esta legislatura. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la hucha de las pensiones, ha comenzado a recibir aportaciones después de un periodo de inactividad que duró varios años. La razón principal de este hiato fue la ausencia de debates acerca del funcionamiento y la administración del Fondo.
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Este renovado interés en el Fondo de Reserva contrasta con la manera en que se nutría originalmente. En el momento de su creación, en el marco de la reforma de pensiones del año 2000, su financiación provenía de los excedentes presupuestarios de las cotizaciones sociales, lo que permitía una cobertura amplia del desembolso de la Seguridad Social. Esta metodología posibilitó que el Fondo acumulara alrededor de 70.000 millones de euros antes de ser casi vaciado durante la década pasada.
Sin embargo, el mecanismo actual de financiación del Fondo dista mucho de aquel con el que fue instaurado. El aumento de 3.500 millones en sus arcas se deberá a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este sistema, que sustituye al Factor de Sostenibilidad aprobado en la reforma de las pensiones de 2013, se traduce en un impuesto que entró en vigor en 2023 para financiar la próxima jubilación de la generación más numerosa, la del baby boom. En 2023, el MEI supuso una cotización adicional del 0,6%. De este porcentaje, 0,5 puntos correspondieron a los empresarios y el 0,1 restante le fue detraído a los trabajadores.
La discusión sobre las nuevas estrategias para asegurar la viabilidad a largo plazo del Fondo de Reserva es crítica en un contexto donde la demografía y la economía juegan un papel fundamental en el sostenimiento de sistemas de bienestar como el de las pensiones. La iniciativa de retomar las reuniones y plantear nuevas formas de gestión señala una etapa prometedora hacia el fortalecimiento financiero del sistema de pensiones español en beneficio de las futuras generaciones.
La deuda de la Seguridad Social, por las nubes
Lo cierto es que, la reforma de las pensiones, que incluye la indexación de estas prestaciones con el IPC medio anual hasta noviembre, está provocando un importante agujero en las cuentas de la Seguridad Social. A cierre del mes de noviembre del pasado año -últimos datos disponibles del Banco de España-, el organismo acumula una deuda de 116.172 millones, lo que supone un récord histórico. Esta cifra aumentó de manera considerable en el undécimo mes del año, sumando 10.000 millones de deuda por la partida para abonar la paga extra de las pensiones que se produce al final de cada ejercicio.
Asimismo, el gasto en pensiones superaba por primera vez en su historia los 12.000 millones mensuales el pasado mes de junio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez derogó la reforma que aprobó el PP en 2012 por la que se limitaba el incremento de las pensiones a un máximo del 0,25%. Sánchez ha impuesto de nuevo el sistema antiguo: ligar la subida de las pensiones a la previsión para ese año de la inflación. Este año, un 3,8%.
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De esta forma, el país se encamina en su conjunto hacia la marca de un pensionista por cada dos trabajadores, pero hay algunas regiones que están más envejecidas y más ‘vaciadas’ que se acercan ya al límite de un trabajador por cada pensionista. Las reformas que desde 2011 se vienen acometiendo para garantizar la sostenibilidad del sistema conllevan, en la mayoría de los casos, una disminución de las expectativas del importe de la pensión. La elevación progresiva de la edad de jubilación, mayor exigencia de años cotizados, la ampliación de las bases de cotización, o la concreción de un factor de equidad intergeneracional son medidas encaminadas a afrontar estas presiones, y que podrían reducir en los próximos años el importe de las pensiones.