Los plazos de la amnistía tras el primer choque PSOE-Junts: en el aire los Presupuestos y la estabilidad de la legislatura

El primer desencuentro de la legislatura entre PSOE y Junts a cuenta de la ley de amnistía, la principal baza de los independentistas para sostener en pie al Gobierno de Pedro Sánchez, arroja dudas sobre la propia norma, el reto de unos nuevos presupuestos y, por ende, de la estabilidad del actual periodo legislativo. En el marco de este panorama incierto, Sánchez no contempla la posibilidad de convocar elecciones. De hecho, aunque quisiera, tampoco podría.

La Constitución delimita esta función en su artículo 115. “El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones”. Más allá de definir que la propuesta de disolución “no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura”, la Carta Magna deja claro que “no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5″.

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La única excepción para disolver las Cortes antes de dicho plazo se reserva para los casos de las investiduras fallidas: “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”. Por tanto, Sánchez no podría convocar elecciones hasta mayo de 2024.

Partiendo de esta premisa, cabe destacar que la idea de un adelanto electoral inminente queda descartada por el momento. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo aseguró tras el pleno en el que Junts impidió la aprobación del perdón a los encausados por el procés catalán, llevando a la ley a un callejón sin salida. “Nos quedan tres años y medio de legislatura por seguir haciendo políticas como las que hemos hecho hasta ahora”, ahondó el también titular de Justicia y Relaciones con las Cortes.

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Este mismo miércoles, Bolaños se ha reafirmado en este mensaje: “La legislatura no la decide ningún grupo, la decide el presidente, va a durar tres años y medio”. Tanto el ministro de la Presidencia como otros compañeros de gabinete, entre ellos María José Montero, Pilar Alegría y Óscar Puente, han manifestado su confianza en que la ley de amnistía salga adelante para atajar cualquier duda sobre la estabilidad de una legislatura “muy compleja”.

El rechazo de Junts a la aprobación de la norma la deja en un punto muerto en el Congreso: su insistencia en lograr una “amnistía integral” choca con la negativa del PSOE a incluir las enmiendas de los independentistas para perdonar todos los delitos de terrorismo y de alta traición al Estado asociados al procés catalán. Sin embargo, hay una segunda oportunidad, ya que el texto debe volver a la Comisión de Justicia, donde se deberá un nuevo dictamen en el plazo de 15 días (para las tramitaciones ordinarias, el plazo es un mes, pero al tener esta norma carácter urgente, los tiempos se reducen a la mitad).

De cara a esta nueva oportunidad en las negociaciones, el Gobierno se cierra en banda a aceptar los cambios que propone Junts y traslada la presión sobre los de Carles Puigdemont. Asimismo, Bolaños ha dejado claro que “hay que trabajarla con el mismo rigor” que en los meses anteriores, ya que “no es una ley que se pueda improvisar”. “Garantizo que cuando se apruebe será así de impecable”, ha añadido.

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La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sido más tajante aún a la hora de hablar de posibles modificaciones. Ha defendido que el texto saliente de la Comisión de Justicia hace una semana, en el que ya se acotó la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía y que Junsts avaló ya es “absolutamente impoluto desde el punto de vista de la seguridad jurídica y constitucional”: “Estamos convencidos de que ese es el documento que tiene que aprobarse finalmente”, ha subrayado.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a Junts a reconsiderar su oposición, ya que los cambios que quería introducir “no tenían esas premisas”.”Cualquier texto de amnistía no es constitucional, el que el Gobierno promovió sí lo era. Queremos que desde el Congreso salga un texto con seguridad jurídica”, ha insistido.

Preguntada por qué pasará ahora con los Presupuestos para este año, la principal batalla del Gobierno tras la amnistía, Montero ha reiterado su intención de impulsar unas nuevas cuentas públicas. No obstante, el Gobierno es consciente de que las conversaciones en torno al proyecto presupuestario puedan verse afectadas por las discrepancias con Junts sobre la amnistía, por lo que no descarta mantener prorrogados los del año anterior, según señalan voces con peso en el Ejecutivo.

“Cada cosa a su tiempo. Tenemos que dejar que las cosas se asienten. La velocidad política va a un ritmo que muchas veces cuesta saber cómo se va a adaptar el siguiente movimiento, vamos a esperar un poco. Nuestra voluntad es de diálogo, siempre lo ha sido así y, por tanto, estamos dispuestos a seguir trabajando como veníamos haciéndolo para aprobar esas cuentas públicas”, ha zanjado María Jesús Montero.