Junts deja la amnistía en punto muerto: el PSOE acorrala a Puigdemont para que retire sus exigencias sobre terrorismo y traición

La presión de Junts sobre el PSOE ha encontrado su primer tropiezo como respuesta. Ni más ni menos que con la ley de amnistía. El partido independentista frustró la aprobación de la norma ante la negativa del PSOE a incluir sus enmiendas para perdonar todos los delitos de terrorismo y de alta traición al Estado asociados al procés catalán. El no de Junts, descolgándose del resto de grupos favorables a la norma –PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG–, deja la ley en puerto muerto.

El texto vuelve a la Comisión de Justicia, que deberá emitir un nuevo dictamen en el plazo de 15 días (suele ser un mes, pero al tener carácter urgente, los tiempos se reducen a la mitad), pero la prórroga de las negociaciones, lejos de dar oxígeno a Junts, le mete en un callejón sin salida. Y es que, el Gobierno se cierra en banda a aceptar los cambios que propone Junts y traslada la presión sobre los de Carles Puigdemont.

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“Si nos hemos medido hoy, ya sabemos dónde está cada uno”, señaló una voz con peso en Ferraz tras la votación. Un alto dirigente de Moncloa avanza que “hay margen para que Junts cambie de opinión”, pero no para que lo haga el PSOE. Los socialistas aseguran que no volverán a ceder después de que ya admitieran la semana pasada acotar la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía.

“La ley es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce. Estamos ante una ley para una generación, no para responder a los titulares del día”, sostienen fuentes parlamentarias socialistas para justificar su rechazo a admitir las correcciones de los independentistas. Los de Pedro Sánchez alegan “seguridad jurídica” para sortear las críticas de Junts, ya que si no se cumple este requisito, “este avance histórico no sería posible”.

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, arremetió contra Junts, pues considera “incompresible” que haya votado no “de la mano del PP y Vox, precisamente los que quieren encarcelarlos”, tal como comentó en declaraciones en el patio del Congreso. Bolaños emplazó a los posconvergentes a “reconsiderar seguir trabajando” en el plazo que se abre a partir de ahora hasta que el texto vuelva a someterse a votación.

Las críticas públicas del Gobierno sobre Junts no son habituales desde que esta fuerza política comenzó a ser relevante para la gobernabilidad tras el 23-J. Si bien, ni en Moncloa ni en Ferraz esconden su malestar por el voto en contra de los de Carles Puigdemont. Aunque fuentes de la cúpula del partido admiten que este martes ya daban por hecho el sentido del voto de Junts, insisten en que no cederán en la segunda vuelta.

ERC también dejó la pelota sobre el tejado de Junts. La diputada republicana Pilar Vallugera fue contundente en su crítica desde la tribuna e instó al partido de Puigdemont a no cuestionar la norma porque eso implica “caer en la trampa de ir modificándola por intereses espurios”. “A día de hoy, ¿cuál es la decisión que favorece a más gente? Esto solo tiene una respuesta, y es votar que sí”, señaló la parlamentaria, dejando claro que “esta amnistía no va ni de Puigdemont ni de Rovira; va de las 1.500 personas que hace siete años que tienen su vida en tela de juicio porque el Estado les está reprimiendo”.

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En este sentido, el presidente del partido, Oriol Junqueras, lamentó que la ley tenga que volver a la comisión para seguir siendo objeto de negociación, a pesar de que es “buena”, “robusta” y da cobertura y garantía jurídica a los encausados por el procés. “No se puede legislar bailando al son que nos marcan los jueces, ya hemos visto que son capaces de inventarse cualquier cosa”, añadió la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà.

Junts consumó su amenaza ante la negativa del PSOE a introducir nuevos cambios para reforzar el blindaje a Carles Puigdemont tras las últimas decisiones judiciales, que abren la puerta a dejar al líder de Junts fuera del perdón. “Nuestra posición, que hemos mantenido y que a la vez está incluido en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista es la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie, una amnistía que repare la represión que el independentismo catalán sufre desde hace muchos años”.

La tramitación de la norma se ha visto salpicada e influida por las decisiones judiciales tomadas en paralelo a su tramitación en el Congreso, dando lugar a un cruce de acusaciones de “injerencia” entre el poder ejecutivo y legislativo, y el poder judicial. Por un lado, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se reafirmó en la imputación por terrorismo al expresidente catalán. Por otro, el juez de Barcelona que investiga el caso Voloh constató indicios de un delito de traición por parte del expresidente de la Generalitat.

Estas decisiones judiciales estuvieron presentes en el debate de la amnistía de este martes. Los socios parlamentarios del Gobierno cargaron contra los magistrados que juzgaron o aún investigan actuaciones ligadas al procés, citando de manera expresa a Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre. La propia portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pidió sacar a los jueces del terreno de juego: “La ley tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado. Si hoy podemos sacarles la pelota, ¿por qué lo ponemos en el punto de penalti?”, comentó desde la tribuna.

Nogueras arremetió contra el PSOE por no aceptar sus cambios, pero la presión no pudo esta vez con los de Pedro Sánchez. Aunque el PSOE ha cosechado una nueva derrota, no ve peligrar la investidura y sigue pensando en sacar adelante unos nuevos presupuestos, aunque después de este desacuerdo, Moncloa deberá comprobar “cómo respira” Junts. “La legislatura dura lo que diga el presidente”, añaden voces de la parte socialista del Gobierno.