El campo español se levanta contra la competencia desleal y el ecologismo filosófico: “Los enemigos de los agricultores están en Bruselas”

El campo ha vuelto a decir basta. Ya lo hizo el pasado año ante el encarecimiento generalizado de los costes y la Política Agraria Común (PAC). Y la fotografía, aunque no es idéntica, es bastante parecida. La prevalencia de productos de terceros países -más económicos por las exigencias sanitarias de Bruselas para con el sector primario de los estados miembro- sumada a la excesiva burocracia para acceder a las ayudas europeas y las elevadas exigencias de las políticas europeas, han vuelto a poner en pie de guerra a los agricultores. Sumándose así a la oleada de protestas en Europa, las principales asociaciones agrarias han convocado un calendario de manifestaciones para luchar contra la competencia desleal y el ecologismo filosófico. ¿El culpable de esta situación? Lo tienen claro: la Unión Europea.

“Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, han subrayado ASAJA, COAG y UPA.

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Esta misma semana, los agricultores franceses culpaban a España de “competencia desleal” por “usar productos fitosanitarios que están prohibidos en Francia”. Una acusación que los agricultores niegan de manera tajante. “Los enemigos de los agricultores europeos están en Bruselas y allí es donde deberían apuntar los franceses, como lo hacemos nosotros, para acabar con su plan preconcebido de sustituirnos por las importaciones de países terceros que sí son competencia desleal” asegura el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado.

Ahora, esa crítica también la asumen desde el campo español, aunque en este caso, acusan a los productos marroquís. “Bruselas está firmando sistemáticamente acuerdos comerciales con países terceros como Marruecos, Egipto y Sudáfrica que les otorgan los mismos derechos que tiene cualquier estado miembro, es decir, arancel cero para sus envíos, pero les eximen de las mismas trabas, limitaciones y prohibiciones que establece a los países de la Unión Europea” afirma Aguado.

Asimismo, apunta que las importaciones foráneas sí emplean materias activas fitosanitarias cuyo uso está prohibido en la Unión Europea, del mismo modo que no cumplen los mismos estándares laborales, fiscales, sociales y medioambientales. “La estrategia es clara: romper el mercado, deshacerse de los agricultores europeos e incrementar las importaciones con las que poder vender a esos países terceros otros bienes industriales” sentencia.

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Por este motivo, las organizaciones agrarias piden al Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea, que se aumenten los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen.

“Hay que permanecer unidos contra nuestro enemigo común que no es otro que la Comisión Europea: no a la competencia desleal de países terceros, no a la política basada en un ecologismo filosófico y radical que no pisa tierra y sí a la garantía de precios justos, autosuficiencia alimentaria y lucha contra el cambio climático con la agricultura europea como aliada estratégica” concluye Aguado.

Por otro lado, a nivel nacional, las asociaciones agrarias reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.

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A nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

En España, la ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes que, además, se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y, por lo tanto, con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los “precios anormalmente bajos”, como es el caso ahora mismo del limón.

Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite, de forma sencilla, que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.