Hay historias judiciales insólitas. Y luego está la batalla legal que Pablo M. M., abogado de 48 años, está librando desde 2020 para conseguir la custodia compartida de sus tres hijos tras un divorcio tormentoso. Una historia que mezcla como protagonistas a un matrimonio de destacados magistrados de Valladolid, a la Guardia Civil, a unos cuantos peritos especializados, denuncias cruzadas, supuestos malos tratos, e incluso al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente.
El origen de este rocambolesco episodio judicial habría que situarlo en marzo de 2022. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid instruye desde dos años antes el caso del divorcio de Pablo y su pareja, Ainhoa M. T. El titular de este juzgado era Emilio Vega, que además era el decano de los magistrados vallisoletanos (en enero fue trasladado a León). Lo más borrascoso del divorcio de Pablo y Ainhoa es la custodia de los hijos que han tenido en común. Por eso, el mayor de ellos, de 13 años, debe declarar en sede judicial, una declaración que se graba y en la que están presentes cuatro personas: el juez Vega, una fiscal, un oficial y una letrada de la Administración de Justicia.
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Pero algo pasa con la grabación. Cuando el abogado de Pablo la solicita, el juzgado le manda unos audios que no se escuchan. Ni al juez ni al menor se les entiende nada. El letrado reitera su petición y solicita una copia. Pero está igual. Estropeada. Como reconoce el propio juzgado, “pasamos el audio por distintos filtros, pero es imposible recuperarlo”. ¿Cómo es posible? El padre, Pablo, decide entonces encargar un peritaje informático profesional a una empresa especializada para saber qué dijo su hijo.
El peritaje lo hace el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE). Dos peritos concluyen que en el audio de la grabación se ha introducido lo que denominan “ruido rosa”, que impide escuchar las voces graves y agudas y, por tanto, es imposible comprobar las declaraciones realizadas por el menor. Las conclusiones de este peritaje son claras: “se ha introducido un ruido en la grabación”. Es decir, alguien la ha manipulado. “La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula”. Algo no cuadra. Hay gato encerrado.
Porque saber lo que ha dicho el hijo es clave, ya que la madre ha estado imputada por coacciones y maltrato en el pasado por su actuación con los menores. Pero mientras se produce todo este lío, y con denuncias que el juez Vega se niega a instruir contra ella y una denuncia contra el propio juez por desproteger a los menores, el magistrado ha decidido dar la custodia de los niños a Ainhoa y que solo puedan ver a su padre en un Punto de Encuentro, visitas supervisadas por la Administración. Da la casualidad de que la madre ha sido contratada esporádicamente, a la vez que está ocurriendo toda esta situación, por un centro de menores que depende del decanato de los juzgados, es decir, del magistrado Vega.
Con las conclusiones del peritaje, Pablo pone una denuncia en la Guardia Civil por los delitos de falsedad en documento público y obstrucción a la justicia. La denuncia es contra el juez Vega, la fiscal, la letrada de la Administración de Justicia y el oficial, las únicas cuatro personas que estaban en la sala mientras se monitorizaba la grabación del menor. La denuncia también relata el historial psiquiátrico de la madre y las supuestas vejaciones y agresiones que cometía contra sus tres hijos. También refleja que una psicóloga ha atendido a los menores y que estos le han contado como Ainhoa les instruyó para que acusaran a su padre de malos tratos y abusos sexuales, algo que el juez Vega se negó a investigar.
Denuncia ante la Guardia Civil
La denuncia ante la Guardia Civil (que va dirigida entre otras personas contra el juez Vega) es repartida por el decanato que dirige el propio juez Vega en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid. Este último decide que no es competente para juzgar al magistrado Vega ni a la fiscal (debe hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León) y archiva la causa contra los otros dos funcionarios “por no acompañarse un principio de prueba de la participación de los anteriores en conducta con relevancia penal”, pese a que se aporta una pericial con una conclusión que infiere que se podría haber cometido un delito en sede judicial. Por su parte, el TSJ de Castilla y León nunca abre diligencias contra el juez Vega.
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Pablo recurrió entonces ante la Audiencia Provincial de Valladolid. Estamos a finales de 2022. Esta se niega a investigar, sin negar que los hechos hayan ocurrido. Simplemente, destaca que no hay dato objetivo alguno que indique que las cuatro personas presentes en la sala cuando declaró el menor hayan manipulado al audio. Pudieron ser otras. ¿Quiénes? Y es que aunque el niño declaró en Valladolid, la grabación se gestiona desde Madrid, desde la Dirección General de Transformación Digital dependiente del ministerio de Justicia. Pablo no se rinde y pone una segunda denuncia ante la Guardia Civil en la capital en septiembre de 2023.
Esta segunda denuncia recae en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que se inhibe también al conocer que toda esta historia surge por unos hechos ocurridos en una sala de vistas de Valladolid. El caso vuelve al decanato pucelano, y este (con el juez Vega al frente) reparte la denuncia en otro juzgado, el de instrucción número 5, que dirige la magistrada Soledad Ortega, que casualidades de la vida es la mujer del juez Emilio Vega. Todo queda en casa.
Es decir, el juez Vega reparte una denuncia contra él en el juzgado que lleva su mujer. ¿Qué hace la magistrada esposa? El 16 de enero de 2024 “se abstiene del conocimiento del presente procedimiento al haber presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra el denunciante Pablo M. M.” Aquí la historia ya se ha enredado totalmente. Porque el juez Vega y su mujer, la jueza Ortega, han denunciado por injurias a Pablo, que harto de su incomprensible periplo judicial ya había publicado en sus redes sociales denuncias sobre una presunta trama de funcionarios judiciales vinculados a su caso de divorcio. Pablo cuenta en sus redes que en su causa el nuevo fiscal es Manuel Javato, cuñado de Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid y hoy ministro de Transportes.
A la denuncia por injurias que pone el matrimonio de magistrados se une sorprendentemente el propio Óscar Puente. Y es que Pablo ha retuiteado las noticias que han aparecido en algunos medios alternativos sobre supuestas irregularidades en el patrimonio de Puente, además de exponer en sus redes sociales las relaciones familiares del juez Vega, cómo están perjudicando a sus hijos, y la denuncia ante la Guardia Civil por la manipulación del audio. Así que a la denuncia contra Pablo que ponen el matrimonio de magistrados Vega-Ortega, se une la del ministro, que ‘dispara’ judicialmente contra todo aquel que menciona las informaciones sobre sus finanzas.
Todo un disparate. El padre, Pablo, denunciando al juez Vega por un delito de falsedad documental. Y el juez Vega y su mujer denunciando a Pablo por un delito de injurias. Y entre medias, todo un ministro. Mientras tanto, ¿qué pasa con el divorcio y la custodia de los hijos y la supuesta alteración de la grabación de uno de ellos? La magistrada Ortega ha convertido las diligencias previas en indeterminadas.
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Convertir unas diligencias previas en unas indeterminadas es un gran favor que le hace la jueza Ortega a su marido, el juez Vega, ya que según fuentes jurídicas consultadas es una especie de archivo sin auto. Las diligencias indeterminadas se incoan en los Juzgados de Instrucción para tramitar actuaciones que no encajan debidamente en ninguno de los procedimientos penales legalmente establecidos. Se trata, por tanto, de un procedimiento atípico. La incoación de diligencias indeterminadas implica que el juzgado todavía no se ha pronunciado sobre la admisión o inadmisión a trámite de una querella. En ellas no interviene el fiscal y no tienen un trámite específico fijado en la ley. A Pablo, por tanto, le toca seguir luchando y esperando.