La amnistía eclosiona al final de su tramitación en el Congreso tensionando la separación de poderes a cuenta del terrorismo

La ley de amnistía finaliza este martes su andadura en el Congreso. El camino de la norma en la Cámara Baja, precedido por una fuerte oposición de la derecha y la contestación en la calle, ha sido breve, pero intenso. El debate en torno a la ley ya no se asienta sobre su constitucionalidad, sino que radica en las acusaciones de terrorismo relacionadas con el procés catalán.

La norma se ha visto salpicada e influida por las decisiones judiciales tomadas en paralelo a su tramitación en el Congreso, dando lugar a un cruce de acusaciones de “injerencia” entre el poder ejecutivo y legislativo, y el poder judicial. En el campo político, el nombre más destacado es el de Carles Puigdemont, potencial beneficiado y principal motor de la norma, mientras que en el terreno judicial lo es el del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

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La decisión del magistrado de imputar al líder de Junts, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas en la causa que investiga por delitos de terrorismo a la plataforma Tsunami Democràtic retrasó la negociación entre PSOE y el partido independentista en torno a la ley. Esta decisión, tomada en mitad de las conversaciones entre estos partidos de cara a la investidura de Pedro Sánchez, abrió una vía para impedir la aplicación del perdón a Puigdemont y el resto de señalados en el marco de esta causa.

A partir de aquí, las conversaciones para modificar un texto “impecable” y “sólido”, como defiende el Gobierno y el PSOE, han versado sobre la referencia al terrorismo en la ley. La presión de Junts movió a los socialistas hacia sus posiciones cuando la semana pasada acordaron acotar la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía. La enmienda pactada entre PSOE, Junts y ERC busca perdonar delitos de terrorismo siempre que no vulneren los derechos humanos, como los relativos a los delitos de sangre y torturas, “de forma manifiesta y con intención directa”.

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“Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias”, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el nuevo cambio de posición de su partido, ya que entre sus “líneas rojas” iniciales no estaba la modificación de los delitos graves.

Cabe recordar que una semana antes de este cambio, García-Castellón se reafirmó en la imputación por terrorismo al expresidente catalán. Al hilo de este asunto, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sostuvo que esta y otras acciones “tienen una implicación política importante y suelen salir a colación en momentos sensibles”, unas palabras que echaron más leña al fuego en la tensa relación entre el poder ejecutivo y judicial.

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El órgano de gobierno de los jueces, caducado desde hace más de cinco años, calificó las afirmaciones de Ribera como “contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”. En un comunicado, la Comisión Permanente estimó que dichas manifestaciones, “en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos”.

Ribera, aunque días después pidió disculpas, aseveró en alusión a García-Castellón que “hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”.

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Aunque este auto en cuestión daba respuesta al recurso de la Fiscalía, el juez volvió a la carga apenas dos días después de que el Congreso aprobara la enmienda sobre los delitos de terrorismo. En un nuevo auto, el magistrado abrió la puerta a dejar a Puigdemont fuera de la amnistía al entender que las “graves” agresiones a varios agentes durante las protestas contra la sentencia del procés son “incompatibles” con el derecho a la vida e integridad física, reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Asimismo, este mismo lunes se conoció que el juez de Barcelona que investiga el caso Voloh apuntó en un auto que el expresidente de la Generalitat y otros miembros del Govern catalán mantuvieron “estrechas relaciones personales” con el Kremlin, dispuesto a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña. Cabe destacar que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de traición, lo supondría un nuevo escollo para perdonar a Puigdemont bajo el paraguas de la ley de amnistía.

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Y menos de 24 horas antes de que la ley de amnistía reciba este martes el aval definitivo del Congreso, Manuel García-Castellón volvió al foco al acordar la prórroga por seis meses de la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic. Todas estas acciones arman de razones a Junts para profundizar en nuevos cambios en torno a la norma. La formación independentista apurará la negociación para suprimir la excepción del terrorismo en la ley de amnistía para dejar a los jueces sin argumentos, una petición que el PSOE no quiere, pero no rechaza a estas alturas.

Y es que, más allá de las declaraciones de los ministros socialistas sobre la supuesta imparcialidad de los jueces, en Ferraz interpretan que los recientes movimientos de la judicatura sobre las causas relacionadas con el procés persiguen un “interés claro”. Fuentes del partido liderado por Pedro Sánchez muestran su preocupación por estas acciones al tachar de “terrible” la posibilidad de que haya decisiones judiciales que se toman “al albur” de los acuerdos políticos el Congreso. “Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez también la mueve”, lamentan estas voces.

En virtud de los movimientos en el tablero de ajedrez de la amnistía, aunque el PSOE está satisfecho por el documento aprobado la semana pasada, no cierra la puerta a incluir un cambio in extremis en la ley. “Lo que hay es tiempo, 24 horas”, dijo la portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña. No obstante, si los de Pedro Sánchez salieron en tromba a defender la amnistía como un mecanismo para acabar con el conflicto político en Cataluña, ahora dedican sus esfuerzos en escapar de la relación entre los hechos que rodearon el procés y el terrorismo.

“Nadie que no quiera utilizar el terrorismo en para su ventaja política puede decir que lo que pasó en Cataluña fue terrorismo”, señaló Peña en respuesta a las críticas del PP, que vuelve agitar el fantasma del terrorismo. “En España sabemos lo que es terrorismo: ETA, el Grapo, los GAL, Terra Lluire y el terrorismo de la extrema derecha”, sostuvo la portavoz del PSOE.

Y es que, la vinculación del procés con el terrorismo aireada por el poder judicial da alas a la derecha en su estrategia de oposición contra Pedro Sánchez. Este fue el asunto central de la manifestación del pasado domingo en Madrid convocada por el PP y marcará previsiblemente el debate de la ley este martes, antes de que la norma salte al Senado. La Cámara Alta es territorio comanche para Sánchez y sus socios por la mayoría del PP, que tratará de torpedear la andadura parlamentaria de la ley para retrasar su aprobación.