Junts insiste en tumbar la ley de amnistía y ERC le abronca: “Esto no va ni de Puigdemont ni de Rovira”

Junts exprimirá al PSOE hasta el momento de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, cuyo debate ha empezado en la tarde de este martes con el resultado de la votación en el aire. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afeado que la norma “tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado”. “Si hoy podemos sacarles la pelota, ¿por qué lo ponemos en el punto de penalti?”, ha añadido.

El partido independentista ha amenazado con votar en contra del texto, lo que lo devolvería a la Comisión de Justicia, si el PSOE no acepta introducir nuevos cambios para reforzar el blindaje a Carles Puigdemont al albur de las últimas decisiones judiciales, ya que abren la puerta a dejar al líder de Junts fuera del perdón. “Nuestra posición, que hemos mantenido y que a la vez está incluido en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista es la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie, una amnistía que repare la represión que el independentismo catalán sufre desde hace muchos años”.

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Si bien, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha instado a Junts a no cuestionar la norma porque implica “caer en la trampa de ir modificándola por intereses espurios”. “A día de hoy, ¿cuál es la decisión que favorece a más gente? Esto solo tiene una respuesta, y es votar que sí”, ha señalado la parlamentaria, dejando claro que “esta amnistía no va ni de Puigdemont ni de Rovira; va de las 1.500 personas que hace siete años que tienen su vida en tela de juicio porque el Estado les está reprimiendo”.

En concreto, a través de varias enmiendas transaccionales con ERC y PNV, Junts plantea suprimir la excepción del terrorismo en la ley de amnistía para dejar a los jueces sin argumentos a la hora de aplicar la norma. También, ha pedido extender el perdón a los delitos de alta traición al Estado. Si bien, el Gobierno insiste en dejar el texto tal como está después de que la semana pasada cediera en el marco de la votación del texto en la Comisión de Justicia. El PSOE cree que la norma es “robusta” tras acordar con ERC y Junts acotar la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía.

Pero Junts quiere ampliar el alcance de la amnistía después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya insistido en la imputación por terrorismo a Puigdemont en la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic, que acordó prorrogar al menos seis meses más; y de que el juez de Barcelona que investiga el caso Voloh constatara indicios de un delito de traición por parte del expresidente de la Generalitat.

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“No encuentro ninguna otra explicación a la posición de los socialistas que no sea exactamente la misma que la del Partido Popular: No están preparados para romper con el franquismo. Un franquismo que ustedes saben que está instalado en muchas instituciones del Estado y que solo depende de su voluntad erradicarlo. Porque hoy van a por nosotros, pero mañana irán a por ustedes”, ha señalado Nogueras desde la tribuna.

Nuevamente, la tensión se mantendrá hasta el final en una votación en el Congreso, con Junts tensando la cuerda y llevando al límite la negociación. Si Junts vota en contra de la iniciativa legislativa, el dictamen volverá a la Comisión de Justicia, “que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”, según el artículo 131.2 del reglamento del Congreso.

“Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. La votación será anunciada con antelación por la Presidencia de la Cámara y, si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”, reza el precepto en el caso de los proyectos y proposiciones de ley orgánica, como es la ley de amnistía.

El Gobierno ha querido circunscribir las reticencias de Junts a la negociación de la norma de los partidos en el Congreso. “Está en trámite parlamentario, así que máximo respeto a este proceso. Le corresponde a los grupos acometer el debate del texto”, ha reiterado este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En todo caso, fuentes de Moncloa alegan que es Junts quien tiene que explicar su voto en contra: “Si hay un partido que se descuelga, tendrá que ser ese partido el que lo explique”, sostienen estas voces.

Alegría ha insistido en mostrar el “firme compromiso” del Gobierno con la ley de norma: “Estamos convencidos de que garantiza y mejora la convivencia en Cataluña, así como la convivencia de Cataluña con el resto de España”, ha añadido. Preguntada sobre los cambios que pide Junts, Alegría ha dejado claro que la prioridad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que “se garantice la seguridad jurídica y la constitucionalidad de la norma”, sin dar más detalles al respecto.

En un comunicado emitido a media mañana, la formación independentista alega que “siempre ha defendido que la amnistía debe incluir a todo el mundo y debe ser de aplicación inmediata”. A su entender, la propuesta de amnistía que se vota este martes “no garantiza estos dos objetivos”, especialmente “vista la deriva de varios estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera”.

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Por ende, Junts mantiene el pulso y asegura que sigue “negociando y negociaremos hasta el último minuto para introducir cambios para conseguir estos objetivos”. “Si estos cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley”, aseguran fuentes parlamentarias del partido de Puigdemont.

El camino de la norma en la Cámara Baja, precedido por una fuerte oposición de la derecha y la contestación en la calle, ha sido breve, pero intenso. El debate en torno a la ley ya no se asienta sobre su constitucionalidad, sino que radica en las acusaciones de terrorismo relacionadas con el procés catalán. Y es que, la norma se ha visto salpicada e influida por las decisiones judiciales tomadas en paralelo a su tramitación en el Congreso, dando lugar a un cruce de acusaciones de “injerencia” entre el poder ejecutivo y legislativo, y el poder judicial.