El juez del caso Volhov, que investiga los vínculos del Kremlin con el procés independentista en Cataluña, constató en su último auto indicios de un delito de traición por parte del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Se convierte así en un nuevo escollo para que el líder de Junts se vea beneficiado por la ley de amnistía, que vive este martes el desenlace de su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados con el contenido definitivo de la norma aún en el aire.
El artículo 584 del Código Penal recoge el delito de traición, cometido por “el español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, será castigado, como traidor, con la pena de prisión de seis a doce años”.
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Se trata de uno de esos delitos tipificados en el Código Penal que no han tenido apenas recorrido en los juzgados y tribunales. De hecho, sólo una persona ha sido condenada desde el inicio de la democracia por traición. Fue Roberto Flórez, un exagente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al que el Tribunal Supremo condenó a 9 años de cárcel al apreciar intención de vender material clasificado como secreto a los espías rusos destinados en su embajada en Madrid.
Aunque el juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, aún no da el paso de imputar el delito de traición a Puigdemont, sí que recalca en su último auto que tanto el expresident como personas de su entorno como su propio abogado, Gonzalo Boye, mantuvieron “estrechas relaciones personales” con el Kremlin, que estaba dispuesto a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña.
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Entre otros indicios, destaca una reunión de Puigdemont con un exdiplomático ruso en la Casa dels Canonges justo antes de la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre de 2017. Asimismo, considera acreditados varios encuentros de miembros del entorno del expresidente de la Generalitat con “los más altos capos de la mafia rusa”. Esta batería de nuevas diligencias han llevado al juez a prorrogar la instrucción seis meses, en los que podría apuntalar la imputación por un delito de traición contra el líder de Junts.
Vox y Aguirre resucitan la traición
La traición no está recogida entre los delitos que serían amnistiados según el texto de la norma que llega este martes al Congreso de los Diputados -no se descartan cambios de última hora-. Fue precisamente en el trámite de enmiendas al proyecto de ley cuando Vox resucitó ese delito con la intención de elevar sus penas cuando fuera cometido por “miembros del Gobierno de la Nación o del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma”. En esos supuestos, el partido de Santiago Abascal planteaba penas de entre 10 y 15 años de prisión.
Vox también proponía para la misma reforma del Código Penal un nuevo delito para “quienes negocien asuntos propios de las Cortes Generales con quienes han sido procesados o sustraídos de la acción de la Justicia por delitos contra la Constitución, el orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y la defensa nacional”, en una clara referencia a las negociaciones que mantuvieron el PSOE y Carles Puigdemont hasta llegar a un acuerdo sobre la amnistía.