A España le cuesta encontrar empresas para los coches eléctricos y otros fondos UE: deja unos 10.600 millones sin colocar

El automóvil ha sido y es el buque insignia de las exportaciones españolas, por lo que transformar esta industria en verde sin perder competitividad es uno de los principales objetivos de los fondos del Plan de Recuperación. A pesar de la tradición y el arraigo del sector del motor en el país, los fondos del plan destinados a su electrificación están teniendo dificultades para encontrar empresas desde su puesta en marcha, lo que se ha traducido en millones de euros de remanentes que el Gobierno tiene que reubicar en otras partidas del plan o volver a convocar.

Aunque la industria del automóvil destaca en este problema, los proyectos desiertos se extienden también a otro tipo de programas, como los relacionados con la digitalización y la movilidad. Según el último análisis elaborado por la consultora Llorente & Cuenca (LLYC) y publicado este lunes, España acumula ya al menos 10.621 millones de euros del plan en remanentes, es decir, que no se han conseguido adjudicar a empresas en las distintas convocatorias de subvenciones y licitaciones. Esta cifra es una estimación que incluye lo generado tanto en la Administración General del Estado (AGE) como en las comunidades autónomas, para las que no se dispone de datos oficiales.

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El PERTE VEC, dedicado a electrificar la automoción, fue el primero de los 12 instrumentos de este tipo que lanzó inversiones y su primera edición fue un fracaso. Según LLYC, en la primera convocatoria dedicada a actuaciones integrales se quedaron sin adjudicar más de 2.100 millones de euros, siendo esta la principal causa de generación de remanentes dentro de la ejecución del plan hasta el momento. La segunda edición ha funcionado mucho mejor y ha recolocado parte de dicho remanente, pero han sobrado otros 208 millones de los 837 comprometidos para la fabricación de baterías eléctricas.

Esto ha provocado que se arrastre dinero sin adjudicar, de hecho, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha anunciado este lunes en el Congreso una convocatoria extraordinaria de 300 millones con remanentes (correspondiente a la tercera edición) y el retraso de la cuarta edición de 1.250 millones a la segunda mitad de 2024. En consecuencia, el Ministerio de Industria es el que menos fondos ha ejecutado respecto a los asignados (el 55%) y, aunque las mejoras en el diseño de las convocatorias “están surtiendo efecto” según LLYC, “podría indicar dificultades de absorción de fondos en la industria española”.

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El Gobierno ha reconocido estas dificultades ampliando hasta 2026 el plazo para ejecutar las ayudas de la convocatoria del PERTE VEC de 2022. Según reconoce el Ejecutivo en el decreto anticrisis del pasado 28 de diciembre, en la ejecución real de las inversiones en la industria de la automoción “han aflorado diversas problemáticas”, como cuellos de botella por las crisis, pero también asume que el propio Gobierno estableció “premisas muy exigentes” en el alcance de los proyectos y en la modalidad de beneficiarios. Pese a todo esto, las empresas de la automoción están en el top de los mayores beneficiarios de los fondos UE en España, con Power Holdco y Mercedes-Benz a la cabeza.

En cuanto al resto de programas sin agotar lo ofertado, destacan en 2023 licitaciones por 416 millones para provisión de suministros y obras vinculadas a la movilidad y a la digitalización de diferentes ministerios. En 2022 también hay otros 1.102 millones en licitaciones sin adjudicar similares, además de parte del PERTE AGRO (326 millones) o el PERTE Naval (110 millones). En 2021 hay licitaciones con remanentes de 300 millones vinculadas al sector sanitario y unas ayudas destinadas al sector público para el fomento del empleo.

Por todo ello, Paloma Baena, directora de Asuntos Europeos de LLYC, cree que los remanentes son ya “un tema estructural”. “Visto el volumen que pueden representar, es posible que repercutan en el incumplimiento de algunos objetivos, de manera que el Gobierno deberá procurar que vuelvan a ser destinados a los mismos objetivos originales”, señala el informe. No son, por tanto, fondos de libre disposición, sino que se deben gastar en el marco del Plan de Recuperación.

Más allá de los remanentes, LLYC calcula que a fecha de 31 de diciembre de 2023 España ha comprometido ya el 94% de los fondos de la primera parte del plan (66.296 millones de casi 70.000), de los cuales solo el 46% han llegado a beneficiarios concretos (fase de adjudicación de las convocatorias y licitaciones). El Gobierno no da este dato de manera oficial, solo se refiere al dinero comprometido.

“La corriente pública es que o no funcionan los fondos o ya se han terminado. Respecto a que no funcionan, hay un balance mixto; y no se han terminado, aún quedan muchos por resolver”, valora Baena. No quedan solo los remanentes, sino también los nuevos fondos que lleguen por la adenda, la segunda parte del plan. “Esto da una suma muy considerable de fondos a adjudicar para lo que tenemos el mismo plazo: 2026″, recuerda.

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Desde LLYC consideran que España puede llegar a 2026 con los objetivos cumplidos, pero advierte de que “depende” de si mejora la gestión de las comunidades autónomas y de la evolución de la adenda, dotada con un total de 163.000 millones, la mayoría en préstamos que España ha solicitado en su totalidad. La consultora cree que “el menor atractivo de los préstamos respecto de las subvenciones”, incluso en una situación de restricción de los créditos privados, genera “dudas razonables” respecto de si la economía española será capaz de absorber ese volumen de fondos en un periodo de tiempo tan limitado.