“¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?”, preguntó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre el 2 al 5 de enero de 2024. La ley de amnistía ocupa el puesto número 24: solo le importa a un 2,3% de los encuestados. Según el último barómetro perteneciente a este mes, la ley tampoco está entre los problemas que “más afectan” a los ciudadanos, ocupando la plaza 37 de ranking (solo afecta a un 0,9% de los españoles).
La polémica norma encara esta semana su fase final en el Congreso. La medida de gracia a los encausados por el procés catalán ha centrado el debate político y judicial desde las elecciones generales del 23 de julio, ya que su resultado dejó a Junts en una situación predominante para exigir la norma a cambio de facilitar la gobernabilidad. Tras meses de discretas negociaciones, el PSOE la registró en solitario a principios de noviembre.
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La propia medida, así como los acuerdos del PSOE con los independentistas en su conjunto, también ha sido contestada en la calle. La derecha y la ultraderecha han convertido esta cuestión en su principal caballo de batalla contra Pedro Sánchez, impulsando los de Alberto Núñez Feijóo numerosas concentraciones multitudinarias, como la vivida en Madrid este mismo domingo.
Pero la espiral de crispación ha traspasado varias líneas rojas en el marco de las protestas jaleadas por Vox frente a la sede del PSOE en Madrid, ubicada en Ferraz, que han desembocado en noches de disturbios y violencia. Estas acciones han acumulado al menos 78 arrestados por delitos de desórdenes públicos, resistencia y desobediencia a la autoridad y atentado, además de 52 heridos y 1.978 identificaciones. Si bien, cabe esperar más detenciones en el marco de la investigación de la Policía Nacional dirigida contra los agitadores ultra de las concentraciones.
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En el marco de estas concentraciones en Ferraz, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento y diputado nacional, Javier Ortega Smith, “amenazó” y “coaccionó” a dos agentes de las Unidades de Intervención Policial, “abusando de su condición de diputado”, para tratar de “dirigir y coaccionar las actuaciones policiales para acomodarlas a sus intereses”, tal como denunció un sindicato policial. “Ni antes éramos los ‘piolines’ de Jorge Fernández Díaz, ni ahora somos los esbirros de Fernando Grande-Marlaska”, rezaba el comunicado.
Crisis económica, la principal preocupación
No solo la sede de Ferraz ha sido objeto de las protestas. También otras casas del pueblo del PSOE han sido atacadas ante el rechazo del PP a expresar su condena de manera rotunda y la justificación de Vox. El propio líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, llamó a los policías a rebelarse contra “órdenes ilegales” después de que las fuerzas de seguridad contuvieron a un grupo de manifestantes ultras que intentaron asaltar Ferraz rompiendo el cordón policial al grito de “¡A por ellos!”.
La ley también ha sido objeto de debate a nivel jurídico y, más allá de su tramitación parlamentaria, está por ver su alcance y posterior aplicación en los tribunales. Cabe destacar que, antes de que el texto de la ley se hiciera público, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría conservadora, aprobó una declaración institucional contra la entonces desconocida norma y la tachó de “medida de abolición del Estado de derecho”.
Todas estas actuaciones y los discursos agitados por PP y Vox contrastan con las principales preocupaciones de los españoles. El barómetro del CIS correspondiente a enero dejó en evidencia este asunto, ya que la gran mayoría de los encuestados antepusieron otras muchas cuestiones a la ley de amnistía. De hecho, solo el 0,6% ve la amnistía como el primer problema del país.
En concreto, para los españoles, los principales problemas que existen en España son la crisis económica (37,3%), los problemas políticos “en general” (24,3%), y el paro (23,1). El mal comportamiento de los políticos, “el Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as”, la sanidad, la calidad del empleo, la inmigración, la “crisis de valores” y los problemas de índole social completan los primeros diez puestos.
En cuanto a los asuntos que más afectan, los encuestados sitúan la crisis económica (37%), la sanidad (17,6%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (14,1%) entre los tres problemas principales. Las preocupaciones y situaciones personales, el paro, “los problemas políticos en general”, la vivienda, la educación, el cambio climático y los asuntos de índole social completan las diez primeras plazas del ranking.
Según el barómetro de diciembre, la ley de amnistía tampoco ocupaba los primeros puestos en plena oleada de crispación desatada en la calle. Los españoles la colocaron en el puesto número 15: solo para un 1,6% era el principal problema existente en España.
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