El PSOE ve un “interés claro” en las decisiones judiciales durante la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso

Ferraz interpreta que los recientes movimientos de la judicatura sobre las causas relacionadas con el procés persiguen un “interés claro”. Fuentes del partido liderado por Pedro Sánchez muestran su preocupación ante las últimas decisiones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que insisten en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, o la prórroga de la investigación del caso Voloh, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.

La polémica ley encara esta semana su fase final en el Congreso. La posibilidad de que se vuelva a modificar en lo referente a los delitos de terrorismo sigue abierta hasta que se celebre la votación de las enmiendas y se vote la proposición de ley en su conjunto, en la tarde de este martes. Y es que, Junts exigirá hasta el final un nuevo cambio para suprimir la excepción del terrorismo en la ley de amnistía para dejar a los jueces sin argumentos.

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En este sentido, fuentes de la cúpula del PSOE afean que “los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con el tiempo del legislativo”. “Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez también la mueve”, añaden estas voces para tachar de “terrible” la posibilidad de que haya decisiones judiciales que se toman “al albur” de los acuerdos políticos el Congreso.

En plena negociación de la ley de amnistía, García Castellón imputó al líder de Junts, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas en la causa que investiga por delitos de terrorismo a la plataforma Tsunami Democràtic. Esto motivó el retraso en la negociación entre PSOE y el partido independentista en torno a la norma.

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La semana pasada, un día después del último acuerdo alcanzado entre el PSOE y las formaciones independentistas para acotar la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía, el magistrado de la Audiencia Nacional abrió la puerta a dejar a Puigdemont fuera de la amnistía. En un auto, especificó que las “graves” agresiones a varios agentes durante las protestas contra la sentencia del procés son “incompatibles” con el derecho a la vida e integridad física, reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Asimismo, este mismo lunes se ha conocido que el juez de Barcelona que investiga el caso Voloh ha apuntado en un auto que el expresidente de la Generalitat y otros miembros del Govern catalán mantuvieron “estrechas relaciones personales” con el Kremlin, dispuesto a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña. Cabe destacar que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de traición, lo supondría un nuevo escollo para perdonar a Puigdemont bajo el paraguas de la ley de amnistía.

Estas acciones arman de razones a Junts para profundizar en nuevos cambios en torno a la norma, aprovechando que su tramitación, aunque por poco tiempo, puede admitir nuevas correcciones. Así, para evitar protagonizar un nuevo episodio de cesiones, el PSOE ya no cierra la puerta a incorporar enmiendas, toda vez que insiste en que sienten “satisfechos y cómodos con el documento” que salió de la Comisión de Justicia el pasado martes, tal como ha señalado este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña.

El acuerdo alcanzando con los partidos independentistas en torno a la nueva definición de los delitos de terrorismo hizo mover a los socialistas de su posición inicial, ya que hasta el pasado lunes establecían como “línea roja” tocar cualquier asunto lo relacionado con el redactado en la ley de los delitos de terrorismo. “Los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley, y ese es un principio en el que estamos muy convencidos”, llegó a decir ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Por ende, a pesar de que los socialistas señalan que “no hay sobre la mesa ningún cambio respecto a lo que salió de la Comisión de Justicia”, en Ferraz no quieren cerrar la puerta a un acuerdo in extremis con Junts, que supondría una nueva vuelta de tuerca a la redacción de los delitos de terrorismo en la norma.