El atasco en la reforma del subsidio por desempleo retrasará la llegada de al menos 720 millones de fondos europeos

La modificación del subsidio por desempleo es uno de los hitos comprometidos con la Comisión Europea (el 340) para recibir los fondos del Plan de Recuperación, pero su aprobación se ha ido retasando hasta el punto de que el real decreto-ley que lo incluyó en diciembre de 2023 no fue convalidado en el Congreso. Esto pone en riesgo el cuarto pago de los fondos que España solicitó el 20 de diciembre y retrasará, con toda probabilidad, la llegada de los 10.021 millones de euros solicitados, o al menos de parte de ellos.

Así lo han detallado los analistas de Llorente & Cuenca (LLYC) durante la presentación una nueva entrega de sus informes sobre la ejecución del Plan de Recuperación. Francesc Gracía-Donet, director del observatorio de los fondos de la consultora, ha explicado que cada hito de la parte inicial del plan tiene un valor de unos 144 millones de euros, pero que esta cifra asciende si se trata de una reforma clave. “Si ese hito que se ha incumplido afecta a una reforma relacionada con el semestre europeo, y este es el caso, había una recomendación en 2022, se multiplica al menos por cinco”. Esto da como resultado, según sus cálculos, unos 720 millones de euros.

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Según el reglamento de los fondos del Plan de Recuperación, la Comisión Europea tiene dos meses para analizar cada solicitud de pago por parte de los estados miembros, pero al haberse producido en Navidades, se ha añadido un mes más, por lo que la fecha final hasta la que puede pronunciarse Bruselas es el 20 de marzo. Si para ese momento la reforma sigue sin reunir los apoyos parlamentarios suficientes, pueden darse varios escenarios, pasando todos ellos por un retraso en la recepción de los fondos, no por la pérdida de los mismos.

En la negociación que mantiene España con la Comisión Europea ante este contratiempo, se puede acordar un pago parcial del cuarto desembolso, de manera que solo se restarían los 720 millones relativos a la reforma del subsidio por desempleo. No obstante, también cabe la posibilidad de que el Gobierno negocie un plazo extra de seis meses más y todo el pago se quede paralizado (los 10.021 millones) hasta que no se solucione la reforma.

Esta última situación ya se dio en Italia hace unos meses, por lo que se antoja factible. Lo que es menos probable que suceda, como explica García-Donet, es que la Comisión omita el incumplimiento de un hito por parte de España, como sucedió en el primer pago al dar Bruselas por cumplido el objetivo de la puesta en marcha de la plataforma COFEE. Se trata del sistema en el que todas las administraciones españolas vuelcan la información sobre los beneficiarios de los fondos, y se instaló con más retraso del informado en la solicitud del pago, por lo que el Tribunal de Cuentas de la UE reprendió a la Comisión Europea al pasarlo por alto.

Por el momento, el ministro de Economía y encargado de negociar con Bruselas, Carlos Cuerpo, no ha aclarado qué vía prefiere el Ejecutivo, solo que está negociando. “Después de que no se convalidara el real decreto-ley, seguimos en conversaciones para ser capaces de compaginar las negociaciones a nivel europeo y la aprobación a nivel doméstico”, dijo el ministro el pasado 12 de enero.

Lo que es seguro es que entre la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023 y estas dificultades para lograr los apoyos parlamentarios, España ha dejado de ser el país más avanzado en el ritmo de recepción de los fondos. En la segunda mitad de 2023 le han adelantado Italia, que ya ha solicitado el quinto pago, y Portugal, con la concesión del cuarto.

No obstante, el ritmo de recepción es solo la metodología que usa la Comisión Europea para medir la implantación del plan por cumplimiento de hitos y objetivos, pero no significa que el dinero haya llegado a la economía real. A analizar esta cuestión se dedica el informe de LLYC que constata, a partir de datos públicos de distintas plataformas, que los fondos del Plan de Recuperación ejecutados por las administraciones públicas españolas a fecha de 31 de diciembre de 2023 son solo el 46% de los recibidos.

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Aunque no se disponen de todos los datos necesarios, la ejecución asciende al 79% en la Administración General del Estado, lo que apunta, según LLYC, a que los problemas de ejecución se están dando sobre todo en las comunidades autónomas, que gestionan el 36% de los fondos de la primera parte del plan, sin contar con la adenda (70.000 millones de euros).