España reduce la temporalidad, pero el desempleo y la parcialidad indeseada escapan a la reforma laboral

La reforma laboral que entró en vigor en 2022 ha reducido notablemente una de las anomalías del mercado laboral español: la elevada temporalidad que se producía por un encadenamiento de contratos de corta duración en puestos de trabajo permanentes. La norma se aprobó con el visto bueno de los sindicatos y de la patronal y los cambios en la modalidad contractual se realizaron de manera inmediata. La tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal respecto al total) ha descendido del 25,4% del cuarto trimestre de 2021 al 16,5% del mismo periodo de 2023, según la EPA, lo que supone la menor cifra en más de tres décadas.

Este acelerado descenso ha permitido cerrar la brecha con la media de la Unión Europea. Antes de la reforma laboral, España era el segundo país con más tasa de temporalidad, solo por detrás de los Países Bajos, y según los últimos datos disponibles en Eurostat (del tercer trimestre) se encuentra en tercera posición y a unos tres puntos de la media de la UE, el 14,5%.

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La reducción de la temporalidad contractual ha conllevado mayor estabilidad laboral y un aumento de la confianza de los trabajadores en sus relaciones laborales, fenómeno reflejado en los indicadores con un descenso del miedo a perder el empleo y también en el PIB a través del aguante del consumo de los hogares. No obstante, sigue existiendo temporalidad en la práctica a través de los fijos discontinuos y de la rotación y quedan aspectos estructurales en los que España destaca para mal. La reforma laboral ha impactado en menor medida que en la temporalidad en el paro y el subempleo, ambas asignaturas pendientes.

La norma declara la intención de reducir la elevada tasa de desempleo, la mayor de la UE, pero no establece medidas específicas para ello, las cuales se materializaron posteriormente en la criticada ley de empleo de 2023. Por otra parte, no se han tomado medidas normativas específicas para reducir la parcialidad no deseada, que está entre las más elevadas a nivel comunitario.

La tasa de paro ha descendido del 13,3% en el último trimestre de 2021 al 11,8% en el mismo periodo de 2023, pero sigue duplicando a la media de la UE (en el entorno del 6%). En un artículo reciente publicado en CaixaBank Research, el doctor en economía Josep Mestres señala una tasa de paro estructural más elevada en España que en el resto de la UE, lo que supone una “infrautilización de la capacidad productiva” de la economía, así como la “exclusión laboral de una gran parte de la sociedad”.

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Mestres apunta a tres frentes para combatirla: mayores demandas y ofertas de empleo y un mejor emparejamiento entre una y otra. En este paquete se incluye la necesaria mejora de las políticas activas de empleo. Su falta de eficacia se evidencia sobre todo en los parados de larga duración (quienes llevan uno o más años buscando empleo) que suponen todavía el 40,3% del total de desempleados en el cuarto trimestre de 2023 y se concentran en trabajadores de mediana o elevada edad. No obstante, el paro de larga duración ha descendido respecto al del mismo periodo de 2022 (el 42,4% del total de parados) y de 2021 (48,2%).

“Hay una cosa que no cambia todos los meses, que no es permeable a la reforma laboral. Son los parados de larga y muy larga duración, forman parte de una estructura”, le dijo Cristina Estévez, secretaria de política institucional de UGT, al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante unas jornadas la semana pasada. Estévez reconoció el esfuerzo presupuestario del Ejecutivo en las políticas activas de empleo, pero hizo una dura descripción de su despliegue.

“No se dirigen fundamentalmente al colectivo que ya está enquistado”, consideró, señalando que los itinerarios personalizados de la ley de empleo no se están aplicando específicamente, por lo que “seguiremos gastando dinero sin llegar a ellos”. En esta línea aseguró que España carece “de un plan real” para acabar con el paro estructural y, por lo tanto, para alcanzar el pleno empleo, uno de los objetivos de la legislatura.

La otra gran tarea pendiente es la elevada parcialidad involuntaria, es decir, quienes trabajan a tiempo parcial, pero desean hacerlo a tiempo completo, que aún son un 47,3% del total de ocupados a tiempo parcial, según la EPA del cuarto trimestre, aunque menos que en el mismo periodo de 2021 (el 51,1%). Los últimos datos disponibles en Eurostat, referidos a 2022, reflejan que España se mantiene como el tercer país de la UE con más parcialidad involuntaria, solo por detrás de Rumanía e Italia, a pesar de que tiene menos trabajadores a tiempo parcial que la media.

La parcialidad no deseada es un foco de pobreza laboral porque los empleos de este tipo perciben salarios muy bajos. Un ejemplo de ocupación en la que abunda esta modalidad son las camareras de piso de los establecimientos hoteleros, de hecho, este fenómeno tiene un notable componente de género: del total de 1.356.200 personas que tienen parcialidad involuntaria, el 74,1% son mujeres.

Según el Gobierno, subir el SMI es “la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral”, pero esa mínima retribución no llega a quienes trabajan solo unas horas porque no les ofrecen más, según recuerda en la red social X Lucía Gorjón, doctora en economía y especialista en esta problemática. La académica explica que la parcialidad en España es “una medida de flexibilidad que beneficia principalmente a las empresas, no a las personas trabajadoras”. Apunta además a que “cerrando la brecha en parcialidad se terminaría con la brecha salarial de género”.