Diferentes estrategias para un objetivo común: el pulso de Junts por capitalizar la ley de amnistía deja a ERC fuera de foco

La ley de amnistía se concibe como un éxito para el movimiento independentista (el PSOE extiende su interés a la sociedad catalana y a la española en su conjunto), pero tras meses centrando el debate político y judicial, la pugna entre los partidos independentistas deja a los de Carles Puigdemont como principales conseguidores de este objetivo compartido con ERC.

Aunque los republicanos también son esenciales para la estabilidad de la legislatura y supeditaron su apoyo a Sánchez a la ley de amnistía, entre otras medidas, las negociaciones con los socialistas han mantenido un perfil más bajo que las de los posconvergentes. Tanto la ley como las enmiendas introducidas durante la tramitación de la norma llevan el sello de los de Oriol Junqueras, pero en cada debate que ha acompañado la iniciativa legislativa, Junts ha asestado el golpe final.

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La ley encara este martes su último paso en el Congreso antes de pasar al Senado, territorio comanche para Sánchez y sus socios por la mayoría del PP, que tratará de torpedear su andadura parlamentaria. Hasta el último momento, Junts apurará las negociaciones con el PSOE para que los delitos de terrorismo asociados al procés catalán sean amnistiados sin distinción bajo el paraguas de la norma.

ERC, aunque está a favor de la propuesta (de hecho, se mantiene vía enmienda transaccional), da por hecho que el PSOE no aceptará este nuevo cambio en lo relativo a los delitos de terrorismo en la norma. Si bien, los de Puigdemont avisan de que exprimirán a los socialistas, a quienes “han llevado hacia sus posiciones”, para reforzar la amnistía de cara a los investigados en las dos causas en curso en la Audiencia Nacional sobre delitos relacionados con el terrorismo: la causa de Tsunami Democràtic, que afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y una segunda causa que investiga a activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR).

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Más aún después de los dos últimos autos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa de la plataforma Tsunami Democràtic por terrorismo. En el primero, el juez instructor abre la puerta a dejar fuera de la amnistía a los imputados en el caso (entre ellos, el expresidente de la Generalitat). El texto trata de invalidar el último cambio incluido en la norma tras el acuerdo de PSOE, Junts y ERC, que busca amnistiar delitos de terrorismo siempre que no vulneren los derechos humanos, como los relativos a los delitos de sangre y torturas.

En concreto, dos días después de esta modificación aprobada en la Comisión de Justicia, el magistrado recalca que las “graves” agresiones a varios agentes lesionados son “incompatibles” con el derecho a la vida e integridad física, reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Asimismo, en el segundo auto, el juez sostiene que Tsunami tenía “en mente” actuar en una visita de Felipe VI a Barcelona.

Junts mantendrá el pulso para alcanzar una “amnistía integral”. Aun así, los independentistas conservadores se achacan el mérito de los cambios de opinión del PSOE con relación a la ley de amnistía, una cuestión que hasta antes del 23 de julio el propio Sánchez negaba. Fuentes parlamentarias de Junts ponen en valor su nuevo papel en Madrid al influir en la gobernabilidad del país a cambio de acuerdos que marcan el paso a la actualidad política y judicial.

Ante la tramitación de la ley de amnistía, recuerdan que hace seis meses era “impensable” una posible vuelta de Puigdemont a España. También, estas voces señalan que hace un mes era muy difícil que el PSOE aceptara modificar el apartado de los delitos de terrorismo en el seno de la norma. Finalmente, los socialistas cedieron e, incluso, sacaron pecho del cambio, lo que ha ocasionado el último enfrentamiento de Ferraz con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

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A pesar de que el Gobierno de coalición no puede prescindir del voto de ningún socio parlamentario en cada una de las votaciones en el Congreso, la estrategia de Junts, nuevo en la ecuación, pasa por llevar hasta el final la pugna con el PSOE, llevando al límite las votaciones. La predisposición de los socialistas contrasta con las exigencias y amenazas constantes de los independentistas, tensando la legislatura en sus primeros compases.

Primero fueron las negociaciones para hacer a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso, luego la investidura de Pedro Sánchez y, por último, la convalidación de las primeras medidas impulsadas por el Ejecutivo. Por delante, una legislatura compleja al tener que someter cada iniciativa del Gobierno al consenso de hasta siete formaciones.

El resultado de cada una de las negociaciones ha sido hasta ahora favorable tanto para los socialistas como para los posconvergentes: los primeros han salvado las votaciones (solo han cosechado la derrota del decreto sobre el subsidio por desempleo debido al rechazo de Podemos), mientras que los segundos han arrancado al Gobierno importantes concesiones, dejando a ERC y al resto de socios parlamentarios alejados del foco.

En lo relativo a la pugna entre Junts y ERC, los republicanos trataron de dar la primera estocada de la legislatura, a pesar de que tras el 23-J, todas las miradas apuntaban hacia la irrupción de Puigdemont en la política estatal. Los de Junqueras fueron los primeros en alcanzar un acuerdo con el PSOE en torno a la ley de amnistía, además de amarrar otras medidas relevantes, como el traspaso integral de Rodalies a la Generalitat o la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña a través de un mecanismo que será extensible al resto de comunidades autónomas.

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Si bien, y aunque todavía quedaban acuerdos con otros partidos por amarrarse, la investidura de Sánchez no tuvo luz verde hasta que Junts decidió dar el paso tras pactar con el PSOE la modificación del texto de la amnistía y abrir la puerta a investigar casos de lawfare o judicialización de la política. La votación de los decretos ómnibus, anticrisis y la reforma del subsidio por desempleo también caminó sobre el alambre pendiente de Junts, que finalmente permitió su convalidación (decayó el último por el rechazo de Podemos) tras conseguir la delegación de competencias en materia de inmigración a través de una ley orgánica.

Desde ERC enmarcan en la normalidad las diferencias en la estrategia de negociación, ya que se trata de dos partidos ubicados en las antípodas ideológicamente, pero unidos bajo la causa independentista. Fuentes parlamentarias del equipo liderado por Gabriel Rufián celebran que Junts se avenga a negociar con Madrid, un paso que los republicanos dieron hace cuatro años.

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En este sentido, normalizan el foco sobre Puigdemont, por su condición de expresidente de la Generalitat y por el “factor novedad”: “Bienvenidos a la negociación”, añaden estas fuentes. En todo caso, destacan que ante la “falta de concreción” de muchas de las victorias atribuidas a Junts, como el pacto sobre migración, sus negociaciones con el PSOE ya están plasmadas en el BOE, como el traspaso de la gestión del IMV.

En cuanto a la ley de amnistía, aunque ERC es consciente del papel determinante de Junts para forzar el cambio de opinión de Sánchez sobre esta cuestión, estas voces defienden que este paso no hubiera sido posible si, en la legislatura pasada, ERC no hubiera negociado con el Gobierno los indultos o la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación.

Más allá de la ley de amnistía, el principal objetivo compartido por ERC y Junts (además del referéndum de autodeterminación), el Congreso será testigo en los próximos meses del aumento de la brecha entre ambos a medida que el horizonte electoral en Cataluña se acerque. En Moncloa aseguran ser conscientes de esta pugna y, aunque no esconden su temor por la posibilidad de que haga saltar por los aires la investidura, hacen equilibrios para repartir el protagonismo. De hecho, confían en que su apuesta por la “convivencia” en Cataluña desarticule por completo a los partidos independentistas y Salvador Illa se convierta en el presidente de la Generalitat.