Los socios del Gobierno y Sumar recelan de las reglas fiscales y presionan para unos Presupuestos expansivos

Los equilibrios que tendrá que hacer María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 se leen tanto en clave territorial como ideológica. Según se ha evidenciado este jueves en el Congreso, el partido minoritario del Ejecutivo dará la batalla desde una postura crítica a la consolidación fiscal que exige Bruselas y los socios de investidura, los partidos nacionalistas, se sumarán exigiendo además el reflejo presupuestario de los acuerdos que han permitido a Pedro Sánchez reeditar mandato.

El Consejo de la UE acordó el pasado 20 de diciembre unas nuevas reglas fiscales que ahora deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo antes de las elecciones y que tendrán pleno efecto a partir de 2025. No obstante, la vuelta a la disciplina fiscal ya es efectiva desde 2024 y esto condiciona los presupuestos. Están sujetos a unos objetivos de deuda descendente y a un déficit máximo del 3%, además de a un límite de gasto primario neto del 2,6%, el principal elemento novedoso del nuevo marco.

Te puede interesar: España deberá reducir anualmente la deuda y el déficit y si no lo hace se expone a un recorte adicional en la senda de gasto

El diputado de Sumar y ex miembro de CCOO presente en la Comisión de Hacienda, Carlos Martín, ha mostrado su “preocupación de volver a caer en la austeridad 2.0″. En su opinión, las reglas fiscales introducen las condiciones (salvaguardas) que le interesaban a Alemania (siempre partidaria de parámetros más estrictos) y “nos va a conducir a tener incluso un superávit fiscal que no es útil para nuestra economía”. Con esto se refiere a las nuevas exigencias para los países que tengan entre un 1,5% y un 3% de déficit enfocadas a generar un “colchón” para afrontar futuras crisis con menos desajuste de las cuentas públicas.

La visión de Sumar es contraria, tener “déficits productivos que amplíen la base del PIB”, lo que permite reducir la ratio de deuda pública, aunque aumente en términos nominales. En esta línea, el gurú económico del partido ha pedido a Montero “unas cuentas claras” acompañadas de un avance de liquidación consolidado con la Seguridad Social y organismos autónomos y desagregado por capítulos, políticas y programas para poder incidir en el diseño.

La visión de que las reglas fiscales son un perjuicio para la política económica también la comparten, aunque por otros motivos, los socios parlamentarios de la investidura. “Está bien decir que no vamos a seguir la senda de la austeridad, pero hay que verlo en la práctica porque será difícil encajar todas las piezas del puzzle”, ha advertido Oskar Matute, diputado de Bildu, pidiendo que se garanticen las capacidades normativas plenas de las haciendas forales y sus entes locales. Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego ha tildado al Gobierno de “sumiso” por acatar las reglas fiscales y ha criticado el déficit de infraestructuras en Galicia recordando lo pactado con el PSOE para la investidura.

Te puede interesar: Bruselas calcula que la ratio de deuda española volverá a crecer desde 2027 y avisa: hay “margen para medidas correctoras”

En definitiva, los partidos nacionalistas quieren unos presupuestos más expansivos con sus territorios o que les den más margen fiscal. Desde ERC, la diputada Pilar Vallugera ha criticado la senda de déficit del 0,1% establecida por el Gobierno para las CCAA en 2024 porque da un margen insuficiente para prestar los servicios públicos en Cataluña. Basándose en esto, ha pedido que los PGE avancen en el nuevo sistema de financiación para Cataluña recogido en el acuerdo de investidura y que contenga el “elemento de singularidad que se pactó”. Junts también ha incidido en la “infrafinanciación injusta” de Cataluña y ha criticado que no se ejecuten las inversiones que se presupuestan.

En concreto, el texto del acuerdo con ERC recogía la creación de una comisión bilateral durante el primer trimestre de 2024 para garantizar “la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya” y “asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Catalunya”. El PSOE preferiría que cualquier asunto de calado que tenga que ver con la financiación autonómica se dirima contando con las 17 CCAA y en el marco de la reforma del modelo en su conjunto, pero ERC y Junts apremian para que haya gestos ya. “No querríamos que pasara lo mismo que con el FLA, que se plantea una quita de la deuda —para Cataluña— y luego se alarga a todo el mundo. Eso no es el reconocimiento del conflicto político que hay en Cataluña (...) la paciencia tiene un límite”, ha advertido Vallugera.

El PNV también critica el corsé que suponen las reglas fiscales para los territorios forales. La diputada Idoia Sagastizabal ha sugerido a la vicepresidenta que hasta que estas se instauren completamente se vuelva a establecer la excepción de las inversiones financieramente sostenibles con cargo a los superávits y se amplíe el catálogo de las mismas.

Ante estas críticas y sugerencias, Montero ha tenido que reconocer que hay “algún tipo de discrepancia” en torno a las reglas fiscales en el seno del Ejecutivo, aclarando que “el partido mayoritario del Gobierno está comprometido con la consolidación fiscal”. En cuanto a su implantación, ha avanzado que el plan de ajuste que contemplan se desarrollará en abril junto con la actualización anual del programa de estabilidad y ha incidido en que hasta ahora el déficit se ha reducido “sin políticas de recorte”.

Respecto al posible veto del PP en el Senado a los recién aprobados en el Congreso objetivos de estabilidad y límite de gasto, Montero ha asegurado que no son necesarios para la realización de unos nuevos PGE según un informe jurídico de la Abogacía del Estado. No obstante, si estos objetivos decayeran se volvería a una restricción mayor para las comunidades autónomas y las entidades locales. Los anteriores objetivos les obligaban a tener estabilidad presupuestaria en el primer caso (frente al 0,1% de déficit que se establece en los nuevos) y un ligero superávit del 0,2% en el segundo (frente a la estabilidad de los nuevos).

Según fuentes de la negociación presupuestaria, el Gobierno quiere presentar los PGE en marzo y que su tramitación finalice en abril, sellando antes de la presentación un acuerdo con los grupos y desligando las cuentas del resto de medidas y negociaciones de los pactos de investidura.