La Unión Europea prohíbe el ‘greenwashing’ pero la realidad es mucho más complicada

Basta con echar un vistazo a las estanterías de cualquier supermercado para comprobar la gran cantidad de productos “ecológicos” que hay en el mercado. Los hay “respetuosos con el medio ambiente”, “orgánicos” o “totalmente naturales”, pero no todos esos calificativos son reales y en muchas ocasiones simplemente se trata de greenwashing o ecoblanqueo, una estrategia de marketing que utilizan las empresas para que sus productos parezcan más ecológicos de lo que realmente son con el objetivo de atraer a los consumidores que buscan opciones más sostenibles.

Sin embargo, a partir de ahora, las empresas lo tendrán más difícil porque el Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una directiva que pretende mejorar el etiquetado de los productos y prohibir el uso de la publicidad medioambiental engañosa, de forma que los consumidores podrán “elegir mejor” sus compras.

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Al prohibir el uso de alegaciones medioambientales genéricas como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutro” o “eco” sin prueba alguna, las nuevas normas buscan que el etiquetado de los productos sea más claro y fiable, según ha informado el Parlamento Europeo, y para lograrlo se añadirán a la lista de prácticas comerciales prohibidas de la UE una serie de hábitos comerciales problemáticos relacionados tanto con el blanqueo ecológico como con la obsolescencia temprana de los productos.

La medida de la UE, que también regulará el uso de etiquetas de sostenibilidad, de forma que solo se permitirán aquellas basadas en sistemas de certificación oficiales o establecidas por las autoridades públicas, prohibirá “alegaciones de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente gracias a los sistemas de compensación de emisiones”, añade el Europarlamento. Asimismo, quedarán prohibidas las “alegaciones de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente gracias a los sistemas de compensación de emisiones”.

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Organizaciones como Greenpeace celebran la medida al considerar que se trata de “un paso adelante para evitar que sectores como el de los combustibles fósiles, la aviación, el textil o el agroalimentario dejen de utilizar informaciones confusas y medias verdades con esos reclamos verdes y eco friendly”, dice a Infobae España Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, que confía en que a partir de ahora “se señale, cuestione y sancione” ese relato empresarial. Sin embargo, la organización echa en falta que en España la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no esté actuando de oficio cuando se vulneran los derechos de los consumidores en ese sentido, pues en países como Reino Unido, Canadá o Australia sí hay organismos que lo están haciendo.

En Australia, por ejemplo, “si un fondo de accionistas dice que no va a invertir en tabaco y en empresas que producen emisiones en el sector del carbón, pero después sí lo hace, el regulador entra de oficio y le multa, obligándoles a retirar la publicidad que no se ajusta a la realidad”, explica Soto. De hecho, en Reino Unido, la Autoridad de Normas Publicitarias británica ha prohibido en varias ocasiones los anuncios “ecológicos” de empresas como Repsol o Shell al considerarlos engañosos.

Por su parte, Ecologistas en Acción también considera positiva la medida por establecer límites al greenwashing, pero creen que el alcance de esta nueva legislación será “bastante limitado”, pues se trata de un fenómeno complejo. Las formas en que las empresas “muestran una imagen verde son muy variadas y en la mayoría de los casos no pueden ser controladas por esta ley”, pues las estrategias se suelen basar en “medias verdades”, en mostrar una pequeña iniciativa ambiental de la compañía “como si fuera realmente representativa de su actividad”, critica Luis Azorín, portavoz de Ecologistas en Acción.

Si bien la medida ayudará a los consumidores a elegir mejor entre las distintas opciones en función de su sostenibilidad, aclara Azorín, “no limita las campañas de greenwashing que buscan dar una imagen verde de la empresa”, al tiempo que recuerda que las compañías que más contaminan son las que hacen más uso del ecoblanqueo, “sobre todo las energéticas y fabricantes de coches”.

La nueva directiva de Bruselas aún debe recibir la aprobación final del Consejo de la UE (los Estados), tras lo cual se publicará en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros tendrán 24 meses para aplicarlo a sus respectivas legislaciones.

Otro de los objetivos de esta medida es “hacer que productores y consumidores se centren más en la durabilidad de los bienes”, de forma que la información sobre la garantía deberá ser más visible y se creará una nueva etiqueta armonizada para dar más visibilidad a los productos con un período de garantía ampliado. En el futuro, aclara el Europarlamento, ya no se podrá decir que “una lavadora durará 5.000 ciclos de lavado si no es cierto en condiciones normales” ni podrá haber incitaciones a reemplazar los consumibles antes de lo estrictamente necesario, como por ejemplo suele ocurrir con la tinta de la impresora. Tampoco se podrán presentar productos como reparables cuando no lo son.

La nueva medida funcionará conjuntamente con la Directiva sobre alegaciones ecológicas, que actualmente se está debatiendo en comisión en el Parlamento y pretende elaborar con mayor detalle las condiciones para hacer alegaciones medioambientales.