La fisura del plan del PP para retrasar la amnistía en el Senado: el Constitucional podría tumbar su reforma

Hace más de dos meses que el Partido Popular puso en valor su rodillo en el Senado: hizo uso de su mayoría absoluta para una reforma del reglamento de esta Cámara con el fin de dilatar hasta dos meses la ley de amnistía. También aprovechó la ocasión para obligar a comparecer a los miembros del Gobierno ante la misma. La herramienta del PP contra la amnistía se basa en la urgencia de su tramitación parlamentaria en la Cámara Alta: la reforma del reglamento permite a los populares (con mayoría en la Mesa) desactivar esa urgencia con la que la norma llegaría en solo 20 días al Congreso, y alargar el proceso hasta los dos meses.

Ese sigue siendo su plan, en el que ahora observan, al menos, una fisura. Y es que poco después de la aprobación de la reforma del PP, el PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que hace 10 días admitió a trámite la denuncia de los socialistas. La clave estaría en si la reforma impulsada por el PP para decidir autónomamente sobre la urgencia en la tramitación de la amnistía vulnera o no el artículo 90.3 de la Constitución, y en si los populares siguieron los trámites esenciales del reglamento para reformarlo.

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El referido artículo de la Carta Magna señala que el plazo de dos meses de los que dispone el Senado para vetar o enmendar la ley se podrá reducir a 20 días naturales en los proyectos declarados “urgentes” por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Es decir, el PSOE sostiene que el Senado no puede contradecir al Congreso. Fuentes del PP cercanas a la Mesa del Senado temen que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes del previsible pleno del día 30 de enero en el Congreso, donde se aprobará la proposición de ley de amnistía para seguir con su tramitación en el Senado. De ser así, y si el TC tumba la reforma del reglamento del PP, el tiempo de tramitación podría pasar de los dos meses pretendidos por el PP a los 20 días reclamados por el PSOE.

Pero, en el caso de que el Tribunal Constitucional no tumbe la reforma del PP y la proposición de ley se apruebe en el Congreso, el texto se remitiría al Senado, donde los populares podrían aplicar su estrategia de dilatación. En primer lugar, les corresponde elegir en qué Comisión se tramitará la norma (si en la de Justicia, como en el Congreso, o en la Constitucional), para a continuación ir retrasando su tramitación hasta el máximo de los dos meses a través de enmiendas parciales y vetos. Su objetivo es que vayan compareciendo asociaciones, juristas o expertos durante el tiempo que dure esta tramitación, hasta que se voten los vetos y las enmiendas en el pleno del Senado.

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Al final de todo ese proceso, la proposición de ley volvería al Congreso, que a su vez tendría que ratificar o enmendar los retoques realizados en el Senado. En este sentido, fuentes populares esgrimen que la Cámara Alta devolvería el texto no solo con el veto o las enmiendas, sino con una serie de informes a sus espaldas y un debate previo en el Senado, que aún se tendría que producir en el Congreso. De esta forma, la aprobación definitiva de la norma no se espera hasta ya entrada la primavera.

El PP, que no puede paralizar la ley pese a su mayoría absoluta en el Senado, busca tiempo para que distintos organismos, juristas o fiscales se pronuncien sobre la amnistía. Fuentes de la formación esperan que el informe de la letrada mayor de la Cámara Alta sobre la amnistía llegue en los próximos 15 días, y que el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aterrice a mediados de febrero, en torno a la tercera semana. Ninguno de los dos son vinculantes, como tampoco lo sería el del Consejo Fiscal, que finalmente no llegará, tal y como ha avanzado el fiscal general, Álvaro García Ortiz, alegando que no hay obligación para hacerlo al no tratarse de un proyecto de ley, sino de una proposición. Desde el PP critican esta posición, que creen que se debe a que el PSOE quiere impedir un pronunciamiento contra la amnistía.

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Además, los de Feijóo centran sus expectativas en un informe más, el de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. Este informe tampoco sería vinculante, ni se pronunciaría sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, pero fuentes populares creen que sus conclusiones sobre la medida de gracia podrían influir en lo que acabe diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que sí que tiene potestad para paralizar la ley de amnistía.