Cómo recibir una indemnización de 4.000 € si compraste un coche entre 2006 y 2013

Los propietarios de los vehículos afectados deberán contar con la documentación necesaria para poder recibir una compensación económica

Los propietarios de ciertos vehículos tienen la posibilidad de reclamar una compensación económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez son más las ciudades de España que crean Zonas de Bajas Emisiones. A ello se une el sinfín de restricciones de movilidad que existen para los vehículos más contaminantes. De ahí que sean muchos los conductores que, con el objetivo de poder circular con mayor libertad por todo el territorio nacional y, por ende, evitar las multas que puede imponerle la Dirección General de Tráfico (DGT), han optado por comprarse un coche nuevo en los últimos años. Y quienes lo hayan hecho entre 2006 y 2013 pueden tener derecho a recibir una indemnización, siempre que cumplan determinados requisitos.

Los propietarios de ciertos vehículos tienen la posibilidad de reclamar una compensación económica debido a que, durante ese periodo, un conglomerado de empresas tuvieron el control para fijar los precios de mercado y llevaron a cabo prácticas abusivas y restrictivas. Pero lo cierto es que solo están afectados algunos coches.

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Esto se produce tras una sentencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el expediente S/0482/13 de fabricantes de automóviles. La resolución hace referencia al Cártel de Coches que existía en España entre 2006 y 2013, y que estableció los precios de mercado de los vehículos de forma abusiva (sobrecostes), lo que afectó de forma directa a la capacidad adquisitiva de los clientes. De esta forma, los grandes fabricantes de automóviles se beneficiaron al controlar el sector.

Esta es la compensación económica que puedes cobrar

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

La asociación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) trabaja para que los afectados puedan recibir una indemnización que varía entre el 10% y el 15% del precio de compra del vehículo, según las estimaciones iniciales. Esto supone una compensación económica para aquellos que compraron su coche a un valor superior al que debería haber tenido.

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Pertenecer a la AACC es gratuito y no conlleva costes adicionales más allá del 30% más IVA, equivalente a un 36,3% del total de la indemnización recibida, que los afectados deben abonar en concepto de honorarios profesionales. Este porcentaje incluye diversos servicios: representación legal, informe pericial, el envío de burofax para interrumpir la prescripción del reclamo, la negociación con las marcas y otros gastos administrativos.

Aún con el porcentaje destinado a cubrir los gastos de reclamación, los afectados tendrán la posibilidad de recuperar parte del sobrecoste asumido al momento de la compra de su vehículo. La iniciativa busca ofrecer soporte y asesoramiento para que los consumidores ejerzan su derecho a compensación.

La documentación que debes presentar para poder reclamar

Los afectados son las personas que adquirieron vehículos entre 2006 y 2013. (Freepik)

La AACC informa a los consumidores que adquirieron vehículos entre 2006 y 2013 que es esencial tener una documentación adecuada para proceder a la reclamación. Así, es fundamental contar con facturas, contratos de compra, registros de financiación, fichas técnicas y permisos de circulación para demostrar tanto el precio de adquisición como las características del automóvil.

Es imprescindible presentar todos los documentos que avalen la compra y las condiciones del automóvil para que haya una evaluación detallada del caso. Aunque quizá haya afectados que no conserven todos los papeles, la asociación recomienda cargar la información disponible en la zona privada del sitio web habilitada para el estudio de los casos por parte de sus profesionales.

En muchos casos, no se requerirá la totalidad de los documentos inicialmente mencionados. Por ello, la AACC insta a los dueños de los vehículos implicados a recopilar cuantos más documentos mejor, ya que ello permitirá realizar un análisis más completo. Además, algunos de estos papeles podrían ser obtenidos mediante procedimientos judiciales. La asociación destaca que el primer estudio de viabilidad es gratuito y no implicará costos para los afectados en caso de resultar desfavorable.

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