Jóvenes y familias vulnerables podrán acceder a partir de febrero a un aval del ICO para dar la entrada a una vivienda

Uno de los objetivos que el Gobierno se ha marcado en la actual legislatura es paliar el problema de la vivienda, agravado por la escasa oferta, la elevada demanda, alquileres en máximos históricos y precios de venta en subida vertical.

Para conseguir su objetivo, llevará en febrero al Consejo de Ministros para su aprobación dos líneas de ayudas del ICO. La primera consiste en una línea de préstamos para la promoción de vivienda asequible, especialmente en fórmulas de colaboración público-privada, a la que se destinarán 4.000 millones de euros, según ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados.

La segunda línea del ICO, por un importe de 2.500 millones de euros, consiste en avales del 20% dirigidos a jóvenes y familias con menores a su cargo para pagar la entrada de la hipoteca.

Con estas medidas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pretende “reforzar la oferta de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada que permitan movilizar viviendas vacías para destinarlas a alquiler asequible”.

“Se trata de desarrollar el artículo 25 de la Ley de Vivienda, explorando vías para incrementar la oferta de vivienda allí donde se necesite”, señaló Rodríguez.

Recordó que algunas comunidades ya han dado pasos en la colaboración público-privada y citó el caso del programa del Gobierno vasco Vivienda Vacía Bizigune para dar un uso social a inmuebles deshabitados, al mismo tiempo que ayuda al propietario a incorporar su vivienda al mercado, garantizándole el cobro de la renta, y el compromiso de que el inmueble se le devolverá en buen estado. Desde su puesta en marcha, este programa ha permitido movilizar 7.200 viviendas en alquiler social.

Para facilitar el acceso a una vivienda asequible, Isabel Rodríguez ha propuesto a todos los actores del sector que se sumen a una alianza de país: “Una gran alianza para dar respuesta a un desafío de gran envergadura: el cumplimiento de un derecho constitucional”, ha incidido la ministra. En su opinión, “si queremos facilitar el acceso de los españoles y las españolas a una vivienda digna y asequible es indispensable alcanzar acuerdos desde el diálogo y desde la diferencia si es preciso”.

Otra de las iniciativas del nuevo Gobierno es reactivar una reforma legislativa para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con el fin de mejorar el marco normativo y dotar a los planes urbanísticos de estabilidad y seguridad jurídica.

A lo que se suma, incrementar el presupuesto dirigido a políticas de vivienda, cuyo objetivo, a juicio de Rodríguez, es fomentar el carácter social de las ayudas y de las cuantías destinadas a favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos con mayores dificultades. Para conseguirlo, la partida destinada a vivienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ronda los 3.500 millones de euros.

Otro de los ejes de actuación del ministerio está destinado a reforzar la vivienda pública, para lo que ha puesto en marcha el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible con la promoción de inmuebles de nueva construcción y la rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda sobre terrenos de titularidad pública. El objetivo inicial es habilitar 184.000 viviendas a precios asequibles.

También ha reforzado a la entidad pública empresarial del suelo SEPES como un mecanismo para implementar políticas estatales de vivienda. Se trata de “más recursos y mayor capacidad de intervención, no sólo en zonas de mercado tensionado sino también en aquellas que tienen que dar respuesta al reto demográfico”, ha comunicado la titular de Vivienda.

Una de las actuaciones que el Gobierno va a llevar a cabo en suelo de SEPES es la Operación Campamento, que ya tiene fecha: las obras comenzarán en 2025 y contempla la construcción de 10.700 viviendas, de las cuales el 60% serán protegidas.