Se dispara el número de propietarios de vivienda que se refugian en el alquiler de temporada para subir las rentas

La aprobación de la Ley de Vivienda en 2023 ha generado un efecto indeseado en el mercado inmobiliario español: el aumento de los alquileres de temporada frente a la caída de los permanentes. Así, en el último trimestre de 2023, los alquileres de temporada alcanzaron el 11% del total del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 58%, mientras que la de arrendamientos permanentes se redujo un 15% en ese periodo.

Este cambio de tendencia se debe a que cada vez más propietarios de vivienda en renta quieren esquivar la regulación de la Ley de Vivienda para no estar supeditados a sus restricciones, entre ellas, el límite en la subida del precio del alquiler, por lo que optan por modalidades no reguladas por esa norma, como los alquileres de temporada, los turísticos y los habitacionales.

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“Los datos de cierre de año ponen de manifiesto cómo legislar de espaldas a los propietarios puede acabar destruyendo el mercado”, señala Francisco Iñareta, portavoz de idealista. Considera que las medidas adoptadas en materia de alquiler han trasladado la oferta del alquiler permanente al alquiler de temporada, “una fórmula perfectamente legal pero que viene a dificultar aún más el acceso a la vivienda de las personas y las familias más desfavorecidas”.

Advierte que “esta situación debería hacer reflexionar al Gobierno sobre la idoneidad de sus medidas y servir de acicate para buscar un aumento de la oferta utilizando el diálogo con el sector en vez de políticas punitivas y coercitivas”.

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Los alquileres de temporada no se destinan a satisfacer una necesidad permanente de vivienda, sino que sirven para el alojamiento durante un periodo de tiempo muy concreto, por lo general, inferior al año, y se rigen por la voluntad de las partes, la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil.

Ello ha provocado que su impacto haya sido mayor en los grandes mercados y, sobre todo, en aquellos en los que las administraciones han anunciado su interés por aplicar un control de precios.

Este cambio de estrategia de los caseros se refleja, sobre todo, en zonas más tensionadas. Así, en San Sebastián el 32% de las viviendas que se ofrecen lo hacen para el alquiler de temporada, mientras que en Barcelona el porcentaje es del 30% del total; en Cádiz, del 22%, y en Valencia, del 15%. Mientras que en Málaga alcanza el 14% y en Madrid, el 13%, según datos de Idealista.

En el lado opuesto del ranking se sitúan las capitales con el mercado del alquiler menos tensionados donde el de temporada casi es inexistente. En 10 de ellas su peso ronda el 1%. Son Melilla, Ciudad Real, Ourense, Lugo, Logroño, Cáceres, Albacete, Guadalajara, Segovia y Ceuta.

Los mayores incrementos de oferta de alquiler de temporada en el último año se han dado en Málaga, que cuenta con un 123% más que hace un trimestre, seguida por Valencia (99%), Alicante (85%) y Sevilla (83%). Mientras que en Madrid la oferta también ha aumentado, pero menos, un 58%. Algo más que en Barcelona (53%) y en San Sebastián (47%).

El crecimiento más espectacular se ha dado en pequeños mercados donde este fenómeno era hasta ahora prácticamente inexistente. Son los casos de Badajoz (1.133%), Lleida (1000%) o Ciudad Real (500%). Por el contrario, en seis capitales estos alquileres se han reducido durante el último año. En las que más, Zamora (-60%), Teruel (-50%) y León (-44%).

Al ritmo que aumentan los alquileres de temporada, disminuyen los permanentes. El mayor descenso lo ha registrado en el último año Bilbao con una caída del 38%, seguido por San Sebastián (-32%), Sevilla (-32%), Palma (-26%), Madrid (-25%) y Barcelona (-24%).

Aún así, tres grandes mercados han visto cómo su oferta crecía ligeramente: Valencia (5%), Alicante (4%) y Málaga (2%). Entre el resto de ciudades la mayor caída se ha dado en Córdoba (-60%), Oviedo (-40%) y Palencia (-40%), y las mayores subidas se han producido en Ceuta (52%), Teruel (49%) y Cuenca (37%).

Para evitar el trasvase de los arrendatarios del alquiler permanentes al de temporada, el Gobierno está elaborado una serie de medidas para controlar este último. Aunque por el momento no ha trascendido qué medidas concretas va a tomar, fuentes del Ejecutivo han asegurado que presentará la regulación en un plazo de seis meses, cuyo objetivo será “establecer una diferenciación entre los contratos de arrendamiento de vivienda tradicionales de los de temporada”.