Los caseros de Cataluña “disparan” los alquileres antes de que se implante el tope de precios en febrero

El acuerdo entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, de que a partir de febrero entre en vigor la ley de contención de los alquileres en 140 municipios de Cataluña calificados como áreas tensionadas ha generado un efecto indeseado para los inquilinos: la subida en vertical del precio de los alquileres.

“Desde que se sabe que a nivel estatal se van a regular los precios, los alquileres han subido más que nunca. Están absolutamente disparados”, señala Enric Aragonès Jové, portavoz del Sindicato de Alquiladas de Cataluña.

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Considera que esta subida se ha producido por un error del Gobierno central y del autonómico al anunciar con antelación la fecha en que comenzará a aplicarse la ley: “Como han adelantado que se iba a implantar en febrero, hay arrendatarios que han aprovechado esta información para subir las rentas”. Afirma que “recibimos cientos de llamadas de inquilinos a los que sus caseros les presionan para que firmen ahora contratos con subidas, aunque aún estén en vigor y venzan en marzo o abril”.

Otro caso que se está dando es el de alquilados a los que se les ha acabado el contrato y que aún no han firmado el nuevo: “Los propietarios de la vivienda les meten prisa para firmar otro con subidas debido a que a partir del mes que viene no lo podrán hacer. Todo ello nos parece muy peligroso”, explica Enric Aragonès.

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Para evitar esta escalada de precios, Aragonès indica que ambos gobiernos deberían haber informado de la medida el mismo día de su aprobación para no dar a los caseros tiempo a acometer nuevas subidas.

Pone como ejemplo la ley catalana aprobada en 2020 que reguló los alquileres: “Tuvo una gran virtud. El día que se aprobó fue el mismo que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, lo que no dio margen a los arrendadores e inmobiliarias para intentar colocar subidas antes de la congelación obligatoria”.

Enric Aragonès cree que la nueva regulación del alquiler es “muy positiva”, aunque, “llega tarde”, lo que “ha perjudicado a los alquilados”. Argumenta que el Gobierno español en su pacto de investidura de la legislatura anterior, en diciembre de 2019, ya recogía que se iban a topar los alquileres, y ese retraso desde el anuncio a la aprobación ha permitido una subida de las rentas 176 euros mensuales de media.

Sobre el objetivo que persigue la nueva ley de frenar el precio del alquiler, Aragonès cree que “lo cumplirá”, y pone como ejemplo lo que ocurrió en Cataluña entre finales de 2020 y principios de 2022, en que estuvo en vigor una ley aprobada por el Parlament que se limitaba la subida de los alquileres y que dejó de aplicarse tras tumbarla el Tribunal Constitucional: “Durante su vigencia los alquileres bajaron y subió el número de contratos firmados”, señala.

A pesar de que el Sindicato de Alquiladas aplaude la nueva norma, considera que no es suficiente. En opinión de Aragonès, la mejor medida sería bajar los precios, debido a que a su actual nivel “no son sostenibles” para gran parte de la sociedad.

“Aunque se congelen los alquileres, más de la mitad de los inquilinos deben realizar un sobreesfuerzo para pagarlos, es decir, que destinan a ellos más del 30% de sus ingresos y, en los peores casos, más de la mitad, lo que les ha convertido en un factor de empobrecimiento a pesar de que esas personas tengan un trabajo estable con una remuneración media”.

Para aplicar la ley de contención de los alquileres solo hace falta que el Ministerio de Vivienda apruebe en los próximos días el índice de precios de referencia de alquiler, lo que dará vía libre para regular las rentas en 140 municipios catalanes. Entre los que se encuentran las cuatro capitales, Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, y grandes poblaciones cómo Terrassa, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Sabadell y Mataró.

Por su parte, el Parlament de Catalunya ya hizo sus deberes al aprobar la ley de contención de alquileres, por lo que cuando se ponga en marcha el índice de precios en febrero y el Ministerio de Vivienda publique la resolución que recoja la relación de zonas de mercado tensionadas empezarán a limitarse el precio de las rentas en los municipios catalanes al menos durante tres años.