La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar por el despido de una sanitaria y abre la puerta a una indemnización millonaria

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido reprendido en el Tribunal Supremo, que ha dado la razón a un recurso de casación interpuesto por Comisiones Obreras (CCOO) contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Una sanitaria interna del Hospital de Fuenlabrada fue despedida para que su puesto fuera ocupado por una persona que había obtenido plaza, pero en su proceso se cometieron irregularidades que la Justicia ha reconocido, sentencia que firma un precedente importante para, al menos, otros 70 trabajadores que sufrieron el mismo conflicto.

En 2022, el Hospital de Fuenlabrada despidió a 71 trabajadores interinos bajo un proceso que ellos denuncian como irregular. La ley estatal recoge que al sustituir una plaza de interno por la obtención de una plaza fija, los trabajadores que deben abandonar sus puestos son los de menos antigüedad. Sin embargo, hasta todos los afectados han denunciado que fueron despedidos a pesar de tener más antigüedad que otros empleados que mantuvieron sus puestos. El criterio legal establece que debe abandonar su puesto el personal no fijo de menor a mayor antigüedad.

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Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura a Infobae que “no hubo ceses ilegales” y que “este asunto es consecuencia de un proceso de estabilización de empleos”. “La mayoría de estos interinos plantearon recurso solicitando indemnización, (situación que se han ido recurriendo). El juez ha entendido que deben ser indemnizados, otros no. Este ha sido un problema generado por situaciones de temporalidad con las que se quieren acabar”, asegura el Gobierno a este medio.

Tras la resolución de un litigio particular de una empleada, que recibirá entre 15.000 y 20.000 euros de indemnización por su despido irregular, la Comunidad de Madrid se ve frente a un conflicto que puede escalar y aumentar su dimensión. Al haber implicados profesionales y haber dictado el Supremo una sentencia que puede sentar precedente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puede enfrentarse a pagar costes por más de un millón de euros tras la gestión de la Dirección General del Hospital de Fuenlabrada.

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“Se despidió a estos trabajadores, pero de estos 71 no cumplieron el criterio legal que establece que deben abandonar el puesto de mayor a menor antigüedad. Un puesto fijo desplaza a un interino, pero luego hay un proceso que dice que primero abandonan su puesto los que llevan menos tiempo”, aseguran desde CCOO, que gestiona el asesoramiento legal de 40 de estos trabajadores afectados.

Entre las demandas, hay algunas indemnizaciones que podrían alcanzar los 40.000 euros, según la categoría profesional que tuviera el empleado despedido. Al menos 15 de esos 40 profesionales asesorados por CCOO frente a la Consejería de Sanidad y la Comunidad de Madrid tienen esa situación, que en total generaría despidos por valor de medio millón de euros.

“Si se hubiese seguido el criterio que marca el Tribunal de Justicia Europeo, y al que apela CCOO, tendrían que cesar a los interinos con antigüedad de menos de tres años de contrato, cuyo coste de indemnización sería cero, y a interinos con cuatro o cinco años de antigüedad máxima, cuya indemnización no sobrepasaría los 100 días”, declara el sindicato.

La Comunidad de Madrid está inmersa en un proceso de estabilización de contratos temporales de sanitarios, una obligación impuesta desde Europa a España para combatir la precariedad en los puestos de trabajo. El objetivo marcado para la comunidad es reducir la tasa de temporales al 8% del total en las plantillas.