España registra una media de 100 desahucios al día, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La morosidad con los alquileres es la principal causa de desalojo, por delante de las deudas hipotecarias. En 2022, siete de cada diez desahucios fueron de personas que vivían de alquiler. Los inquilinos son uno de los sectores más desprotegidos en términos jurídicos y las asociaciones de activistas temen una oleada de lanzamientos por la subida de los precios del alquiler y las renegociaciones contractuales que se producirán durante los próximos meses.
El mercado inmobiliario está en manos de tres grandes propietarios, que poseen el 5% del total de las viviendas: Blackstone, CaixaBank y Sareb —también conocido como el banco malo—. Las tres empresas albergan casi 60.000 inmuebles, según un estudio reciente de Atlas Real Estate Analytics. Los desahucios, muchas veces, responden a los intereses especulativos de estas compañías, aunque el patrón no siempre es el mismo. Los conflictos familiares están al orden del día y también pueden provocar actuaciones de este tipo. Esto es lo que ha ocurrido en Boiro (A Coruña), donde una mujer ha intentado desahuciar a su propia madre alegando que no tenía contrato de alquiler. El desalojo no ha salido adelante porque la Justicia ha terminado dándole la razón a la inquilina.
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El caso ha llegado a la Audiencia Provincial de Santiago de Compostela, que ha fallado a favor de la progenitora, según ha publicado este miércoles La Voz de Galicia. La demandante argumentó que su propia madre no tenía contrato de alquiler y que vivía sin ningún tipo de permiso en una casa de su propiedad, situada en Boiro (A Coruña). La propietaria reclamó la actuación de los organismos competentes para ejecutar un desahucio por precario, alegando que su madre no tenía ningún documento que avalase el derecho a ocupar el inmueble. Lo cierto es que la progenitora pagaba todos los meses una renta de 250 euros, tal y como prueban los movimientos de su cuenta bancaria.
La Audiencia Provincial y el Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira han rechazado la petición de la mujer, negando rotundamente la posibilidad de llevar a cabo el desahucio. Los magistrados han concluido que la progenitora vive en la casa como arrendataria y han podido probar que paga todos los meses el dinero acordado en concepto de alquiler, según ha detallado La Voz de Galicia. La sala provincial ha confirmado que la madre abona 200 euros al mes por la vivienda —la renta era de 250 euros mensuales hasta junio de 2021—. Los ingresos se han venido realizando mediante transferencias bancarias.
Los magistrados han calificado de “inequívocos” los pagos tras solicitar a la demandada una copia de las órdenes de transferencia, según ha publicado el citado medio. En los documentos figuran en concepto de alquiler los pagos de 250 y 200 euros al mes. La progenitora presentó además un certificado de la entidad bancaria con las fechas y el importe de los movimientos. La propietaria también ha argumentado que necesitaba hacer uso de la vivienda para solicitar el orden de desahucio. La Audiencia Provincial, sin embargo, ha mantenido su dictamen.