“Las comunidades autónomas recibirán del Estado los mayores recursos de la historia”, anunció en diciembre María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, confirmando una nueva cifra récord de transferencias a las regiones en 2024 por las entregas a cuenta y las liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Montero defendió la política de incrementar en cada ejercicio los recursos y presumió de que “en los cinco años de Ejecutivo progresista las comunidades autónomas han recibido un 40% más que en los cinco años anteriores”. Sin embargo, los recursos extraordinarios facilitan un “déficit de responsabilidad fiscal” en los territorios, según Fedea.
“Las comunidades autónomas perciben que pueden gastar más de lo que tienen porque en algún momento se les acabará rescatando”, asegura el director ejecutivo del centro, Ángel de la Fuente. Y esto también se aplica a las bajadas de impuestos: cuando Madrid baja el IRPF “no pasa nada inmediatamente”, critica el académico, porque las liquidaciones se fijan con dos años de retraso. “Sería muy deseable que esas decisiones tributarias de las CCAA tuvieran efectos inmediatos (...) que sus ingresos las reflejen y tengan más o menos dinero en función de lo que hayan hecho”.
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La recaudación por impuestos por parte del Estado en 2022 fue muy superior a la estimada por el Gobierno en los presupuestos de ese año debido en parte al efecto de la inflación, pero también al crecimiento económico. Esto ha provocado una mayor diferencia entre las entregas a cuenta que efectuó el Gobierno central a las autonomías y lo que realmente deberían haber recibido, de manera que la liquidación de 2022, que se efectúa en 2024, repartirá 20.746 millones de euros adicionales a las comunidades.
Este respaldo del Estado les ha permitido bajar los impuestos a la vez que aumentan los gastos y reducen el déficit. Según se detalla en el Plan Presupuestario de 2024, las bajadas de impuestos aprobadas por las autonomías para este año implican dejar de ingresar unos 2.051,5 millones de euros. La mayor parte viene por las bajadas del IRPF, un total de 1.728,6 millones, y otros 322,99 por suprimir o reducir notablemente los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
No obstante, puede que esta última cifra resulte ser una estimación elevada porque no recoge la recuperación de Patrimonio en Madrid a raíz de la batalla que mantiene con el Ministerio de Hacienda para gravar a las grandes fortunas. A estas rebajas fiscales se suman incrementos de gastos adicionales que, excluyendo las medidas relativas a la crisis inflacionista, alcanzan los 224,4 millones en 2024 por mejoras para los empleados públicos autonómicos, ayudas y transferencias y medidas de gasto farmacéutico y hospitalario.
En estas condiciones, Fedea considera que “no funciona bien” el mecanismo natural de disciplina fiscal y de rendición de cuentas en una democracia: “Más gasto exige más impuestos, lo que implica menos votos”. Por tanto, “se genera una peligrosa tendencia al exceso de gasto y a la acumulación de deuda”. En consecuencia, De la Fuente propone que si la intención es aumentar el gasto en las autonomías, esto se haga con subidas de impuestos autonómicos: “Que el coste para las CCAA no sea cero”, sentencia.
Las CCAA prefieren mantener gastos a reducir deuda
Un informe publicado recientemente en Fedea por los economistas Carmen Marín y Diego Martínez incide en estos aspectos y sostiene que el conjunto de las CCAA han priorizado entre 2013 y 2022 mantener un nivel de gasto público per cápita, mientras quedaban por detrás otros objetivos como la estabilización macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda, “el objetivo menos prioritario”.
No obstante, hay diferencias entre autonomías, esta tendencia se confirma en Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Valencia, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Extremadura y La Rioja. Madrid, sin embargo, “ofrece valores de sus preferencias por la sostenibilidad de la deuda superiores incluso a los del gasto público”. De hecho, es la que menos gasta per cápita en el conjunto de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales).
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“Tenemos un problema de incentivos y de tendencia a gastar más de la cuenta. Esto no va a desaparecer, presumiblemente lo veremos salvo que la reforma de la financiación autonómica tome opciones decididas para ponerle coto”, afirma De la Fuente. En este sentido, el centro de estudios cree que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), mediante el cual se financian la mayor parte de las autonomías con deuda estatal, es parte del problema porque ha mantenido unas condiciones de “rescate implícito”: “Puede servir incluso para desviaciones del déficit”, afirma el académico.
Si las regiones consolidan estas bajadas de impuestos o aumentos de gastos en función de las liquidaciones extraordinarias de los últimos años y de aumentar su endeudamiento con el Estado, pueden generar problemas ante próximas liquidaciones menos cuantiosas y la vuelta de las reglas fiscales, según ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El límite de gasto primario neto que establece la Comisión Europea tiene en cuenta los desembolsos de todos los niveles de la administración, no solo la estatal, por lo que aunque tengan ingresos extraordinarios, deberían contener el gasto.