Eliminar la discriminación en la financiación autonómica a Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha costaría 3.000 millones

El actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA) no redistribuye los recursos todo lo que debería. Esto genera que haya comunidades autónomas históricamente infrafinanciadas y viceversa, de manera que no se terminan de corregir las diferencias preexistentes entre las regiones ricas y las pobres, pese a que todas ellas tienen que financiar los servicios básicos como la sanidad y la educación.

Este fenómeno se debe en parte a que en los criterios de reparto de los distintos fondos que forman la financiación autonómica prevalece la cláusula del statu quo, es decir, que las regiones no pueden recibir menos recursos de los que percibían con modelos anteriores al actual de 2009, de manera que se han terminado replicando desigualdades. El centro de estudios Fedea pone el acento en este desequilibrio, que debería ser una de las prioridades de cara a la reforma del sistema comprometida por el Gobierno en su acuerdo de investidura.

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Según los cálculos de Fedea y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la financiación que recibe cada CCAA por habitante ajustado y a competencias homogéneas, las peores financiadas un año tras otro son Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Pese a que hay un elevado consenso en este diagnóstico, las formas de solucionarlo suscitan debate.

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha propuesto este lunes en un informe crear un fondo complementario de nivelación que complemente los ingresos de los territorios peor financiados. El coste ascendería a 3.277 millones de euros a cargo del Estado y el fondo se mantendría hasta que se completase la reforma del modelo de financiación autonómica, integrándose entonces sus recursos en el sistema general.

En concreto, igualar la financiación efectiva por habitante costaría 1.409 millones por Valencia; 1.409 por Andalucía; 405 por Murcia y 315 por Castilla-La Mancha. De la Fuente considera que si se creara este fondo como paso previo a abordar completamente un nuevo sistema, se neutralizaría el efecto de las cláusulas de statu quo que permiten que persistan las desigualdades.

Para que el fondo sugerido tuviera efecto, tendría que buscar llegar a una nivelación cercana al 100%, pero Fedea cree que se puede llegar a una cifra menos ambiciosa -y con menor coste- si con ello se logra un consenso. “Hay un margen de negociación política que permitiría acomodar demandas como las de los nacionalistas catalanes, pero a lo que no podemos llegar es a lo que pide Junts de una financiación a la carta”, advierte. El académico argumenta que el Estado “se quedaría sin recursos para garantizar la cohesión territorial y social” al ser Cataluña una de las comunidades donde residen más rentas altas.

De la Fuente señala además que las demandas de las regiones van en sentido contrario, las infrafinanciadas piden más recursos y Cataluña denuncia que es una de las regiones que más aporta al SFA por capacidad tributaria, pero de las que menos recibe. Cataluña aporta más de lo que recibe, pero esto también le sucede a Madrid y a las Islas Baleares, según los cuadros de liquidación de 2021 publicados por el Ministerio de Hacienda.