Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo siguen a la espera de que la Comisión Europea de el visto bueno a mediar para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cinco años. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición acordaron hace casi un mes seguir esta hoja de ruta, propuesta por el segundo, para alcanzar otro gran pacto de Estado en esta legislatura.
Uno de ellos fue dar salida a la histórica reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por “personas con discapacidad”. La modificación está pendiente de rematarse en el Senado después de aprobarse este jueves en el Congreso. A partir de aquí, PSOE y PP tienen un reto mayúsculo por delante en medio de la crispación política que divide al Congreso en dos grandes bloques.
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En una reunión en la Cámara Baja el pasado 22 de diciembre, antes de Navidad, Feijóo sorprendió a Moncloa al aceptar acometer la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero con la mediación de la Comisión Europea. Cabe recordar que el líder popular había pedido reunirse con el presidente del Gobierno “sin la presencia de un mediador”, una herramienta que el líder de la oposición ha rechazado en el marco de los encuentros bilaterales del PSOE con Junts y ERC.
En todo caso, Sánchez no solo aceptó la propuesta, sino que celebró la presencia de una figura de supervisión en las negociaciones para apuntalar la renovación del CGPJ. “Todo lo que sea gestos para llegar a un acuerdo, bienvenido sea”, remataron entonces fuentes del Gobierno. Si bien, las discrepancias entre ambas partes existen porque el PP supedita la renovación a una reforma del sistema de elección de los jueces, pero el Gobierno rechaza que la reforma vaya de la mano de la modificación de la ley.
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Casi un mes después, la situación sigue en el mismo punto. Fuentes de Moncloa y de Génova están a la espera de que la institución comunitaria mueva ficha y responda a la petición de que ejerza como juez de línea. Aunque los de Sánchez no se cierran a debatir “en paralelo” sobre un eventual cambio legislativo, el Gobierno es claro en el punto de partida: el texto pactado el 26 de octubre de 2022 entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, y que Feijóo hizo saltar por los aires al día siguiente alegando la inminente derogación del delito de sedición. El acuerdo para la renovación se cerró por completo con 32 nombres (20 vocales titulares y 12 suplentes) y una proposición de ley de reforzamiento de la Justicia.
Un mes de “reflexión”
El propio comisario de Justicia, Didier Reynders –la persona favorita para Génova y que no molesta a Ferraz para encargarse de los trabajos de mediación–, avaló estos pasos recientemente tras reunirse con Bolaños en Bruselas, recordando la “urgencia” de la renovación. Precisamente, en Moncloa creen que estas presiones de la institución comunitaria y la previsión de que la legislatura sea “larga” han “arrinconado” a Feijóo para aceptar acometer la modificación del órgano de gobierno de los jueces.
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Las dudas se instalan sobre si este nuevo intento verá luz toda vez que, a lo largo de estos cinco años, el PP ha roto el acuerdo de manera unilateral hasta en tres ocasiones, dos con Pablo Casado y la última, en octubre de 2022, con Alberto Núñez Feijóo como presidente de los populares. “Si mil veces dice el PP que no, mil y una veces nosotros tenderemos la mano al Partido Popular”, prometió el secretario general del PSOE antes de que terminara 2023.
No obstante, en Ferraz mantienen guardadas las espadas y siguen a la espera de que la Comisión Europea reactive la negociación formal. Esto no quita que los dirigentes socialistas recuerden constantemente la necesidad de acometer este compromiso constitucional ante las acusaciones del PP contra Sánchez de vulnerar la Carta Magna con la ley de amnistía. En Génova trasladan toda la presión a Europa y guardan silencio al respecto.
Un mes después, el Gobierno conserva intacta su “disposición absoluta” para la renovación del CGPJ.“El primer interés es conseguir la renovación del Consejo”, apuntó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, enfatizó en que es del “máximo interés” proceder a dicha renovación, ya que su bloqueo ha provocado, por ejemplo, que no se puedan cubrir 24 plazas vacantes existentes en el Tribunal Supremo.
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En Moncloa explican que hay “interlocución” entre el Gobierno y el PP sobre este asunto, algo que hasta hace un mes era impensable en mitad de la ofensiva de Feijóo por los acuerdos de Sánchez con los de Carles Puigdemont. De momento, tampoco han afectado a los contactos las nuevas informaciones sobre la Operación Cataluña, lo que el PSOE denomina “el Watergate de Mariano Rajoy” contra el independentismo catalán, un caso en el que el Ejecutivo quiere llegar “hasta las últimas consecuencias”.
PSOE y PP miran a la institución comunitaria esperando una respuesta. Ahora, la pelota está en su tejado, pero mientras la Comisión Europea “reflexiona” la propuesta, sus dirigentes manifiestan de manera clara su posición y dan la razón a Sánchez: “Es importante que la cuestión de la falta de nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se aborde como una cuestión prioritaria, y también que, inmediatamente después, tras la renovación, se inicia un proceso para adaptar el sistema de nombramientos a las normas europeas y garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”, manifestó un portavoz a finales de diciembre.