El registro de jornada no modifica los hábitos laborales: las horas extras se mantienen cuatro años después de la ley

El registro de jornada obligatorio desde mayo de 2019 tenía el objetivo de acabar con un elemento de “precarización” del trabajo: los incumplimientos de los horarios laborales en cuanto a jornada máxima y horas extraordinarias. La medida se justificó en que esas prácticas dificultan la conciliación familiar y merman los salarios y las cotizaciones sociales, sin embargo, apenas ha surtido efecto para reducir las horas extras, aunque las empresas pagan más que antes.

En los tres primeros trimestres de 2023, últimos datos disponibles de la EPA, las horas extras medias realizadas por los asalariados han alcanzado los 5,99 millones frente a los 5,7 millones del mismo periodo de 2019. También hay más trabajadores por cuenta ajena que en aquel año, pero si se hace una ratio de a cuántas horas extras toca cada asalariado, el resultado es la misma cifra (0,34), lo que indica que las horas extras han crecido de manera acompasada con el empleo. La comparación con 2018, año anterior al registro obligatorio, es algo más favorable (la ratio es 0,4). El sector que más horas hace en relación con sus asalariados es el de transporte y almacenamiento.

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Este fenómeno se confirma también por la vía de cuántos asalariados hacen horas extras: un 4,7% del total en 2023 frente al 4,4% de 2019 y al 4,8% de 2018. Es decir, la norma no ha disuadido a los empleadores de acudir a las horas extras. De hecho, lo más frecuente es que se hagan 10 o más a la semana, según declara el 31,6% de los que las hicieron en 2023. Esto indica que todavía existe una tendencia sistemática a extender la jornada en algunas empresas más allá de circunstancias puntuales de la producción.

En cuanto al pago, los empleadores remuneran un porcentaje mayor de las horas extras que se hacen respecto a la situación anterior al registro obligatorio de la jornada: pagaron el 57% de las horas extra realizadas en 2023, frente al 55,4% de 2019 y el 56,2% de 2018.

El debate sobre las horas extras ha vuelto a salir a la luz con la intención del Gobierno de reducir la jornada máxima legal a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el pasado miércoles que, además de reducir la jornada legal, su intención es modificar el registro horario para que sea más eficaz porque, en su opinión, la actual norma es suave.

Patronal, sindicatos y Trabajo empezarán a debatir estos asuntos en la mesa de diálogo del próximo jueves. Los sindicatos consideran que el registro puesto en marcha por la anterior ministra de Trabajo, la socialista Magdalena Valerio, era “avanzado” y tenía “buenas intenciones”, pero coinciden en la necesidad de cambios. Desde CEOE prefieren no manifestarse aún y esperar a escuchar las propuestas en la reunión, aunque quedaron “razonablemente” satisfechos con la regulación de 2019 porque incorporó la negociación colectiva para su establecimiento. “No es lesivo para las empresas”, señaló Garamendi.

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Mari Cruz Vicente, negociadora de CCOO en esta área y secretaria confederal de Acción Sindical, traslada a Infobae España que hay que ser “bastante más tajantes” en que los sistemas para registrar la jornada “sean los adecuados”. El sindicato propone obligar a que se haga por medios telemáticos para facilitar el acceso a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo.

También plantea avanzar en la regulación de cómo se deben hacer los fichajes en jornadas de teletrabajo y en puestos que realizan muchos viajes porque el ámbito laboral ha evolucionado desde 2019. Además, considera que si las empresas no cumplen es necesaria una mayor intervención de la Inspección de Trabajo, que requiere de un refuerzo tanto de personal como tecnológico. “El Big Data puede contribuir a un control más exhaustivo”, asegura.

Desde la parte negociadora de UGT, su secretaria confederal, Patricia Ruiz, opina a este medio que “las empresas han hecho un amplio dispositivo de escusas y prácticas fraudulentas para intentar no cumplir con el control horario”. Plantea que el foco principal de solución tiene que ser “dotar de más efectivos a la inspección”.

Aunque no adelanta medidas concretas, propone establecer criterios y registros comunes que permitan un control más exhaustivo en todo tipo de empresas. “Habrá que buscar una herramienta para que se puedan cruzar datos, que vayan a una base general (...) vamos con ideas de lo que está pasando para corregirlo”, señala. En la misma línea apuntó este viernes Pepe Álvarez, secretario general del sindicato, durante unas jornadas a las que asistió Yolanda Díaz: “Necesitamos más medios técnicos y más posibilidades de poder actuar (...) cruzando algunos datos vamos a ir a tiro fijo”.

Estas sugerencias no parecen muy alejadas de lo que plantea el Gobierno, aunque todavía con una formulación amplia que da lugar a múltiples interpretaciones. En el acuerdo programático firmado al inicio de la legislatura, PSOE y Sumar incluyeron: “Garantizaremos que la digitalización esté al servicio de las personas haciendo uso de la inteligencia artificial y de la tecnología algorítmica para el control efectivo del tiempo de trabajo”.