La doble vara de medir del PP: cuestiona las instituciones según su influencia en las mismas

El Partido Popular se erige como el adalid en la defensa de las instituciones. Sin embargo, esta semana ya ha cuestionado la legitimidad de dos de ellas: el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, comenzó la semana poniendo en duda una de las decisiones del tribunal de garantías: la de anular la sentencia del diputado Alberto Rodríguez, inhabilitado a instancias del Tribunal Supremo por dar una patada a un policía durante una protesta. Para Feijóo, el Tribunal Constitucional suplantó al Supremo por esta decisión.

De hecho, sus juristas ya estudian los movimientos del TC, porque el PP entiende que, con la revisión de ciertas sentencias, el tribunal de garantías manda el mensaje de que el Supremo se ha convertido en un tribunal de “instancias”. El Partido Popular ya puso bajo sospecha a este tribunal en el año 2022, cuando se renovó con una mayoría progresista. Y es que antes de esa fecha, la mayoría era conservadora, y avalaba normas polémicas del gobierno de Mariano Rajoy, como la ley mordaza o la prisión permanente revisable, mientras tumbaba otras del Gobierno de Pedro Sánchez, como el decreto de confinamiento durante la pandemia de la covid.

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Y es que nada ha cambiado en la fórmula de elección de los 12 miembros del Tribunal Constitucional, que se renueva cada tres años: cuatro miembros se eligen a propuesta del Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado (ambos por mayoría de tres quintos), dos a propuesta del Gobierno y otros dos del CGPJ.

El Partido Popular no solo ha señalado a las instituciones judiciales, también a las legislativas, en concreto, al Congreso de los Diputados. El pasado martes, Alberto Núñez Feijóo anunció que impondría un pleno mensual más en el Senado a través de la mayoría absoluta de su grupo en dicha Cámara, igualando su número de sesiones plenarias con el Congreso. El objetivo, según el PP, era ”contrarrestar la humillación que se vive en el Congreso, donde las minorías mandan“, dejando en muy mal lugar a la Cámara Baja, donde su grupo no cuenta con mayoría absoluta, razón por la que Feijóo no está en el Gobierno. El PP critica que el resto de grupos utilicen sus mayorías en el Congreso, sin embargo, hace exactamente lo mismo en el Senado.

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De hecho, el líder del PP ha llegado a equiparar el Congreso de los Diputados con el Parlament de Catalunya de 2017, cuando sus normas de funcionamiento interno “se socavaron en favor del independentismo”. Feijóo pidió parar la ley de amnistía después de conocerse el informe de las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso, en el que se pone en duda la constitucionalidad de la norma, y acusa a la presidenta de esta institución, Francina Armengol, de ser la “ministra número 23″ de Pedro Sánchez al actuar a su dictado.

También acusa a la institución de la Presidencia del Gobierno de acometer “corrupción política”, y aunque tiene mucho cuidado para hablar sobre su legitimidad, tontea con la semántica diciendo que lo que hace Pedro Sánchez no es legítimo, pese a tener el respaldo parlamentario para ser presidente.

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El Partido Popular ha acusado a la presidenta del Congreso de ocultar durante 6 días el informe de las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso que ponían en duda la constitucionalidad de la amnistía. Han tenido que salir estas mismas juristas a aclarar que no se dio tal ocultación, ya que el texto se envía a todos los ponentes al mismo tiempo. Según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia EFE, el informe no se conoce antes por ninguno de los ponentes de la comisión. De hecho, el sistema habitual es remitir los informes el día anterior a la ponencia, que se celebra el 23 de enero. Esto demuestra que las acusaciones del PP eran infundadas.

Los tres letrados que emitieron este informe desfavorable a la amnistía son Piedad García Escudero, Isabel Revuelta Rojas y Fernando Castillo López. De ellos, tanto García Escudero como Revuelta Rojas están vinculadas con el Partido Popular, sin embargo, la formación de Feijóo acusa sin miramientos al letrado mayor del Congreso —que emitió el anterior informe— de seguir las órdenes del PSOE al haber ocupado cargos en gobiernos socialistas.

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Piedad García-Escudero es letrada en las Cortes Generales desde 1981 y fue secretaria general de la Cámara durante la Presidencia de Luisa Fernanda Rudi, del Partido Popular (durante el segundo Gobierno de José María Aznar). Además, es la hermana de Pío García-Escudero, que fue presidente del PP de la Comunidad de Madrid, y también del Senado. En este momento, es senador por el Partido Popular. En cuanto a la otra letrada que emitió el informe en contra de la amnistía, Isabel Revuelta, fue secretaria general técnica del Ministerio de Defensa con el popular Federico Trillo.

Ahora el PP, a través de su mayoría en el Senado, ha nombrado a una nueva letrada en la Cámara Alta. Sara Sieira Mucientes, que anteriormente fue letrada en el Congreso, será la que emita el informe sobre la amnistía en el Senado. Según su currículum oficial, es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, así como en Ciencias Económicas y Empresariales y doctora en Derecho. Desde 2021 es jefa del Departamento de Asistencia Jurídica a la Mesa del Congreso, letrada en varias comisiones, entre otros cargos. Sieira sustituirá, en un momento clave y a propuesta del popular Pedro Rollán, a Manuel Cavoer Gómez, que llevaba 20 años como secretario general del Senado hasta su renuncia hace un mes.