El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso licita en estos momentos un contrato “de apoyo para el impulso y desarrollo operativo” de uno de los planes más veteranos que gestiona desde hace muchos años la Consejería de Vivienda: el ‘Plan Alquila’. El Ejecutivo autonómico está dispuesto a pagar 1,5 millones de euros para que una empresa privada le ayude a “dinamizar el mercado del alquiler” los dos próximos años. El ‘Plan Alquila’ pone en contacto a propietarios que tienen pisos que quieren arrendar con futuros inquilinos que buscan una vivienda que alquilar, ofreciendo a ambas partes una serie de garantías y ventajas para que se pongan de acuerdo, como asesoramiento jurídico y fiscal y un seguro de impago.
La Comunidad de Madrid asegura que “viene realizando un importante esfuerzo para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda en condiciones asequibles y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, el alquiler constituye una opción especialmente adecuada para facilitar el primer acceso a la vivienda, favorecer la emancipación de los jóvenes y resolver estados transitorios de necesidad en determinados supuestos, como pueden ser, por ejemplo, el cambio de residencia o situaciones de separación o divorcio”.
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Con ese objetivo se puso en marcha en enero de 2008 el ‘Plan Alquila’, para poner a disposición de los ciudadanos “un servicio de gestión profesionalizada del alquiler para la intermediación entre propietarios e inquilinos. El espíritu de esta medida es ofrecer seguridad y confianza a los propietarios de pisos que por temor a impagos no los sacan al mercado, ampliando así la oferta de viviendas disponibles en alquiler y al propio tiempo, generar una bolsa de vivienda que permita alquilar a un precio asequible. Desde su puesta en marcha se ha observado que el precio medio de los alquileres de las viviendas adscritas al plan supone una rebaja respecto a los precios del mercado”.
Jorge Moruno, diputado de Más Madrid en el Parlamento madrileño, se muestra sorprendido de que la Comunidad saque a licitación este servicio y reconozca en un informe de insuficiencia de medios que no cuenta con “los recursos suficientes para gestionar 1.000 viviendas”. En una reciente respuesta parlamentaria, el propio Gobierno regional respondía a Moruno que a 6 de noviembre de 2023, el número de viviendas ofertadas dentro del ‘Plan Alquila’ era de 289, si bien ese número varía a diario. Esta semana, por ejemplo, la web donde se pueden consultar los pisos disponibles de este plan ofertaba menos de 200 inmuebles.
“Dichas viviendas no están más de 3 ó 4 días publicadas, suscribiéndose en breve plazo de tiempo el correspondiente contrato de alquiler, siendo el número total de viviendas ofertadas entre enero y noviembre de 2023 un total de 1.100″, señalan desde la consejería.
Nuevo Observatorio de Vivienda
“La Comunidad de Madrid no invierte nada, pues obviamente no tiene recursos para gestionar un plan que tramita al año solo entre 1.000 y 1.500 viviendas. Por eso privatizan el servicio. Además, aseguran que este plan ofrece viviendas por debajo de los precios de mercado. Basta con visitar la web donde se ofrecen estos pisos. Prueba a buscar en Madrid capital viviendas por debajo de los 1.200 euros al mes. No hay”, incide Moruno. Lo cierto es que el contrato licitado no solo persigue el impulso y desarrollo operativo del ‘Plan Alquila’. Además, “se ha estimado oportuno y de utilidad incluir entre las prestaciones del servicio la de efectuar el análisis de explotación, estudio y valoración de los datos que se derivan de su propia gestión. Y es que con los datos analizados se quiere poner en marcha un nuevo Observatorio de la Vivienda.
Según la Consejería, “existen estudios realizados por portales inmobiliarios que arrojan información relevante sobre la oferta de viviendas, pero que no incluyen información sobre el precio final del alquiler, toda vez que dichos portales no efectúan el seguimiento íntegro del proceso del arrendamiento, por lo que resultan incompletos en ese sentido. El ‘Plan Alquila’, por el contrario, puede comparar y analizar tanto el precio de oferta como el precio final de alquiler y en consecuencia arrojar información relevante sobre precios de mercado”. Por ese se licita este contrato, reconocen en el Gobierno de Ayuso. Porque la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación “no dispone en su estructura de unidades especializadas en la gestión e intermediación experta en materia de arrendamientos urbanos ni en el análisis estadístico del comportamiento del mercado del alquiler de viviendas”.
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“Esta labor se considera estratégica, ya que el análisis pormenorizado de estos datos, en conjunción con el de otros de los que dispone la Comunidad de Madrid, permitirá extraer conclusiones sobre la situación y evolución del sector residencial, del mercado de la vivienda y en concreto del mercado del alquiler”, aseguran desde la Consejería. “Y con ello servir de instrumento para determinar la idoneidad de las políticas que actualmente se vienen implementando o bien apoyar en la toma de decisión sobre la orientación de las políticas de vivienda que en su caso se decidan a implementar en la Comunidad de Madrid”.
“¿Cómo es posible que una ciudad como Barcelona haya montado el Observatorio Metropolitano, que radiografía todo el mercado inmobiliario, y aquí somos incapaces de crear un observatorio y tenemos que privatizarlo, y solo para analizar los datos de un plan concreto?”, se pregunta Moruno. “Pero qué locura es esta”, añade el diputado de Más Madrid. El pliego de condiciones técnicas del contrato estipula que la empresa adjudicataria deberá aportar 23 profesionales que ayuden a impulsar el ‘Plan Alquila’ y poner en marcha el nuevo Observatorio.
Entre 2008 y 2023, más de 73.000 propietarios han inscrito sus inmuebles en el ‘Plan Alquila’, facilitando el acceso al hogar a más de 165.000 personas, más de 30 al día, de las cuales 50.000 eran menores de 35 años. En total se han apuntado más de 411.000 demandantes de una vivienda en alquiler. El objetivo en 2024 es gestionar 2.000 nuevos contratos. En la actualidad, el precio por las gestiones que terminan con la firma de un contrato (y su posterior seguimiento) es de 190,42 euros para todos los propietarios que se apunten al plan. Cantidad que están exentos de pagar si finalmente el inquilino tiene menos de 35 años.