¿Es eficiente el sector público y su gasto? España se descolgó de la media de la UE con Rajoy y continúa por debajo

El peso del gasto público en España respecto a su PIB es muy similar a la media de la Unión Europea, el 45,8% según estima Hacienda para 2023. Sin embargo, el sector público es menos eficiente y ha perdido calidad en los últimos años. Así lo constata el indicador elaborado por el Banco Mundial a partir de cuatro ámbitos: eficacia del Gobierno, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.

España registró 1,4 puntos en el índice en el año 2000, pero solo alcanzó 0,8 en 2022, último año con datos disponibles. Con esta evolución ha pasado de estar por encima de la media europea (de un punto) a estar por debajo. El descuelgue se produjo en el año 2013 bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy y se ha mantenido durante los años posteriores con los gobiernos de Pedro Sánchez, aunque la descentralización de la administración española también hace caer la responsabilidad en los gobiernos regionales.

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El deterioro se ha dado en todas las áreas desde hace algo más de una década, pero especialmente en la de eficiencia del Gobierno (-0,76). Esta se define a partir de la percepción de la calidad de los servicios públicos; la calidad de la función pública y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de las políticas y la credibilidad de los gobiernos para implementar las mismas.

No obstante, el indicador en el que España saca peor nota en 2022 es el del control de la corrupción (0,69), definido como la percepción de hasta qué punto se ejerce el poder público en beneficio privado, incluidas las formas de corrupción a pequeña y gran escala, así como la “captura” del Estado por las élites y los intereses privados. La valoración de este apartado tocó su mínimo en 2017, un 0,51, año en el que se produjeron dimisiones de cargos públicos por el caso Púnica, la condena a Rodrigo Rato (exvicepresidente del Gobierno) y la citación a Rajoy para declarar por el caso Gürtel.

Los países europeos que destacan por un sector público eficiente son Dinamarca (2), Finlandia (1,9) y Luxemburgo (1,8), que han mejorado o se han mantenido en dichas cifras en las últimas décadas y también tienen elevados gastos públicos sobre el PIB. Al contrario, los estados a la cola son Bulgaria (-0,1), Rumanía (0,2) y Hungría (0,3).

La mejora de la eficiencia del sector público ha sido uno de los principales aspectos señalados para equilibrar las cuentas públicas por los expertos de Fedea y del Consejo General de Economistas durante una jornada este jueves. “El paso previo es mejorar la eficiencia del sector público”, ha afirmado José Emilio Boscá, catedrático de fundamentos de análisis económico e investigador de Fedea. Según el académico, una menor eficiencia del sector público reduce la capacidad recaudatoria y el crecimiento potencial de la economía. Además, “aquellos gobiernos que son eficientes, que gestionan bien los ingresos, se pueden permitir incrementar el tamaño del sector público porque sus ciudadanos lo aceptan mejor”.

Los ponentes también han apuntado a otras dos prioridades: llevar a cabo una reforma fiscal que amplíe las bases tributarias y elimine “agujeros” y limitar el gasto en pensiones. “Resulta fundamental revisar el sistema de pensiones con el fin de limitar el crecimiento de estas prestaciones, que amenaza con dejarnos con muy poco margen fiscal para afrontar otras prioridades”, ha defendido el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente.

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Estas ideas distan notablemente de la línea de actuación del Gobierno actual. Según ha detallado en distintos documentos, como los programas de estabilidad o los planes presupuestarios, la intención del Ejecutivo pasa por reducir el déficit y la deuda a base del crecimiento económico y del empleo, lo que contribuiría a aumentar los ingresos tributarios sin recortar el gasto público.

De hecho, el Gobierno ya comprometió en la pasada legislatura aumentos del gasto en defensa y en pensiones consolidables en el tiempo y aprobó nuevos impuestos a grandes empresas, rentas y fortunas. Además, en el acuerdo de entre PSOE Y Sumar se plasmó la intención de ambos partidos de que los ingresos sobre el PIB aumenten hasta el entorno del 46% (la media europea) al final de la legislatura. La ratio estimada por Hacienda en el plan presupuestario de 2024 es el 41,9% en 2023, por lo que se promete un incremento de unos cuatro puntos porcentuales.

En cualquier caso, España tendrá que detallar su senda de consolidación fiscal en un plan a medio plazo por las nuevas reglas fiscales. Los ajustes se pueden hacer tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, siempre que den como resultado la consecución de los objetivos a nivel comunitario. Estos pasan por cumplir con el límite de aumento del gasto y reducir anualmente la deuda y el déficit, algo que la Comisión Europea no estima que se produzca si no se toman medidas adicionales.