La gestión migratoria ha vuelto a generar esta semana un intenso debate, o más bien un cruce de acusaciones entre distintas administraciones al que, además, se ha sumado la denuncia de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado por la situación de “maltrato” que, según señalan, están sufriendo las personas migrantes alojadas en el centro de Alcalá de Henares, en Madrid, que fue habilitado hace unos meses por el Gobierno. Esta plataforma de entidades aseguró el jueves que los migrantes procedentes de Canarias que se encuentran en ese dispositivo son “marcados con boli para identificarlos” y sufren “duros controles” para poder salir de las instalaciones, si bien el Gobierno ha desmentido que se estén produciendo esas situaciones.
“Se acusa de ‘maltrato continuado’ y de ‘marcar con números en la piel’ a los residentes del centro, una afirmación rotunda y radicalmente falsa”, ha indicado este viernes en un comunicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la organización social Accem, encargada de la atención de los migrantes en el acuartelamiento. En este centro de emergencia, acogida y derivación, añaden, “se garantizan los derechos humanos” y las personas migrantes reciben una primera atención humanitaria consistente en alojamiento, manutención y una asistencia médica básica, al tiempo que niegan que exista un “duro control”, puesto que este tipo de centros son ambulatorios y “disponen de un horario para asegurar unas normas básicas de convivencia”.
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Sin embargo, desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado insisten en que se están produciendo esas irregularidades, de forma que han adjuntado una fotografía en la que se ven marcas de boli en los brazos de los usuarios para identificarlos, y aseguran que se les limita el acceso a la calle, además de que “la alimentación y procesos de integración son absolutamente deficientes”.
23 migrantes “serán expulsados”
La plataforma no solo mantiene su denuncia, sino que además este viernes ha alertado de que 23 migrantes “serán expulsados próximamente del centro sin que se les haya ofrecido derivación alguna a los servicios sociales por parte de Accem”, por lo que incoará una denuncia por vulneración de derechos fundamentales si siguen las expulsiones y solicitará la intervención de la Fiscalía y al resto de instituciones, ha asegurado la organización.
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Asimismo, la red denuncia que en el centro de Alcalá de Henares hay menores de edad conviviendo con adultos “sin que el Ministerio haya dispuesto vías para derivarlos” y mencionan un artículo del diario El País con fecha 2 de enero que así lo corrobora.
“Una cosa es que dentro de un centro se tenga un control, un cierto orden para gestionar el espacio, pero no se puede permitir que haya menores de edad mezclados con adultos o que apenas les permitan salir a los usuarios dos horas al día”, dice a Infobae España el secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, que aclara que ya han denunciado las “irregularidades” de este centro al Defensor del Pueblo en varias ocasiones.
Cabe recordar que el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación de Alcalá de Henares entró en funcionamiento el pasado mes de noviembre en el Acuartelamiento Primo de Rivera, cuando recibió a las primeras 264 personas, si bien su capacidad máxima se sitúa en unas 1.200. Se trata de una medida que puso en marcha el Gobierno para dar salida a la situación de emergencia que viven las islas Canarias tras el repunte migratorio registrado en los últimos meses, pues el archipiélago no cuenta con los medios necesarios para dar respuesta a las personas migrantes que llegan en embarcaciones precarias jugándose la vida para tratar de tener un mejor futuro.
También hay otros recursos en otros puntos del país que se están utilizados de forma coyuntural para abordar el pico de llegadas a costas españolas, como es el caso de Murcia o Mérida (Badajoz), además de otros municipios de la Comunidad de Madrid. Algunos de ellos son gestionados por Accem y otros por Cruz Roja.
Ayuso vuelve a vincular a los migrantes con la delincuencia
Las denuncias por parte de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se producen en la misma semana en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado sin pruebas la inmigración con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares. Tras sus acusaciones, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, desmintió que se hayan registrado denuncias por agresión sexual vinculadas a las personas migrantes del centro del municipio, por lo que después la líder popular madrileña matizó sus palabras y aseguró que “debe ser un juez” quien determine si los agresores son vecinos de Alcalá o de fuera”.
No es la primera vez que Ayuso vincula a las personas migrantes con la delincuencia, al igual que han hecho políticos de la extrema derecha en los últimos meses, tras el repunte migratorio registrado en Canarias. Este tipo de mensajes “racistas y xenófobos”, tal y como denuncian las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes, “los deshumaniza” y generan una alarma y desconfianza en la población.
Mientras tanto, las personas migrantes siguen llegando a las costas españolas. En la primera quincena de este mes de enero han arribado un total de 3.678 de forma irregular, la mayoría al archipiélago canario, casi cuatro veces más (un 286%) que los que accedieron al país en la misma quincena de 2023, cuando la cifra fue de 953 personas, según los últimos datos del Ministerio del Interior.
2023 fue, además, un año récord en cuanto a llegadas de personas migrantes, con 56.852, de acuerdo a la información del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que este viernes se encuentra en Marruecos, donde se reunirá con su homólogo, Abdelouafi Laftit, para analizar la cooperación entre ambos países en el control de la inmigración irregular, entre otros asuntos.
El año pasado también fue el más mortífero para los migrantes, ya que fallecieron al menos 6.618 migrantes intentando llegar a costas españolas, lo que supone un incremento del 177% con respecto al año pasado, cuando se registraron 2.390 muertes, según datos de la organización Caminando Fronteras.