El Gobierno da 20 días a la alcaldesa ultra de Ripoll, Sílvia Orriols, para responder a la denuncia de migrantes por impedirles empadronarse

El Gobierno da a la alcaldesa ultra de Ripoll, Sílvia Orriols, un plazo de 20 días para informar sobre la forma en que el Ayuntamiento gerundense ejerce su competencia en materia del padrón. Ante las denuncias de trabas en los trámites de personas migrantes, el delegado del Ejecutivo en Catalunya, Carlos Prieto, ha instado al Ayuntamiento de Ripoll a dar explicaciones.

El Ejecutivo quiere interesarse por los cambios en los protocolos que restringen el empadronamiento, según publicó El Periódico. Afectados por esta modificación denuncian en este medio de comunicación que la alcaldesa de la fuerza de extrema derecha e independentista “está dificultando el empadronamiento” de personas migrantes, lo que limita el acceso de menores recién llegados a la escuela o a servicios médicos.

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Carlos Prieto estima que puede “suponer una vulneración del ordenamiento jurídico vigente”. Entre la información requerida, el Gobierno quiere saber la forma en la que se tramitan los expedientes, los requisitos que se exigen a los habitantes del municipio y los plazos de resolución de los expedientes.

Silvia Orriols llegó a la alcaldía tras las elecciones del 28 de mayo después de que Junts se descolgase del cordón sanitario a la ultraderecha solicitado por las fuerzas progresistas. Y es que, el partido de Carles Puigdemont apostó por el argumento de dejar que gobierne “la lista más votada”.

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El partido de ideología ultraderechista y ultranacionalista Aliança Catalana fue fundado en 2020 en Ripoll, un lugar relacionado con los atentados yihadistas de Las Ramblas de 2017. El auge de esta fuerza está detrás del endurecimiento del discurso contra los migrantes entre las filas de Junts.

En la última semana, a colación del pacto con el PSOE para delegar las competencias en materia de inmigración a Cataluña a través de una ley orgánica en el Congreso (pendiente de redactarse todavía), varios dirigentes independentistas han echado mano de argumentos xenófobos al relacionar la migración con la delincuencia. Uno de ellos fue, ni más ni menos, el secretario general del partido, Jordi Turull. “Si se expulsa o no a multirreincidentes debe poder decidirse desde Cataluña. Ningún alcalde está contento de tener gente que reincida 200 veces”, dijo el principal negociador de esta fuerza con el PSOE.

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Asimismo, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se pronunció en la línea del discurso ultra cada vez más compartido en Junts en lo relativo a esta materia. “Será en materia de documentación o permisos de residencia. Cataluña debe poder decidir los flujos migratorios. Es importante que la lengua sea un elemento de integración para las personas que llegan a nuestro país”, aseguró.

En todo caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso aclarar la polémica en torno a esta supuesta “cesión integral” de las competencias, como defiende Junts, al matizar que “el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha está residenciado en la Administración General del Estado”.