La justicia andorrana absuelve a la activista que denunció la prohibición de abortar: “Ha sido un proceso injusto, falta reparación”

La justicia andorrana absolvió este miércoles a la activista Vanessa Mendoza, presidenta de la organización feminista Stop Violènces, que había sido acusada por el Gobierno del Principado de “desprestigiar las instituciones” tras denunciar en 2019 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las mujeres en Andorra no pueden abortar, ya que está prohibido bajo cualquier circunstancia.

La activista celebra que se haya defendido la libertad de expresión, pero admite que “no puede sentirse contenta del todo” porque han sido cinco años “muy duros en los que no solo se le ha linchado a ella, sino a toda su asociación”, por lo que reclama una reparación. “Nuestros esfuerzos han estado concentrados en defendernos de un Estado que nos ha perseguido y hay muchos proyectos que no hemos podido llevar a cabo”, explica Mendoza a Infobae España, cuya asociación presta apoyo a mujeres embarazadas para que puedan acceder al aborto seguro y legal en el extranjero. Pese a haber conseguido la acreditación de la Comisión Económica y Social (Ecosoc) de la ONU, que demuestra su credibilidad como asociación, asegura que ha sido a costa de un “sacrificio personal muy innecesario” debido a la denuncia del Gobierno andorrano.

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Cuando en 2019 Mendoza manifestó su preocupación por la prohibición total del aborto en Andorra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, la fiscalía del país presentó tres cargos de difamación criminal en su contra, aunque en 2020, tras la presión de organizaciones como Amnistía Internacional, dos de los cargos que conllevaban penas de prisión fueron retirados, aunque se la acusó de un delito “contra el prestigio de las instituciones”.

El juicio se celebró a principios de diciembre y la activista se enfrenta a una multa de 12.000 euros, además de una prohibición de ocupar un cargo público durante seis meses, aunque finalmente este miércoles fue absuelta por la justicia andorrana. “Ahora falta reparar, y no hablo de denunciar [a las autoridades del país] porque estoy cansada de ser su némesis, sino que hablo a nivel social. Stop Violènces tiene que ser puesta en el lugar que merece”, señala, al tiempo que asegura que la asociación va a seguir trabajando. “El Gobierno de Andorra nos ha situado en una liga que no queríamos jugar y ahora queremos volver a la liga social y continuar atendiendo a mujeres que han sido violadas o que se encuentran en una situación de violencia en la pareja”, añade.

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Andorra, que tiene unos 80.000 habitantes, es uno de los pocos países europeos, junto con Malta, San Marino y El Vaticano, donde el aborto está totalmente prohibido, incluso en caso de violación, anomalía fetal, incesto o riesgo de muerte para la gestante, por lo que las mujeres deben trasladarse hasta Barcelona para poder interrumpir su embarazo. La ciudad condal queda a tres horas de Andorra y, dependiendo del estado gestacional, las mujeres tienen que desembolsar entre 300 y 8.000 euros.

Mendoza, que es la única psicóloga social experta en violencias sexuales en Andorra, considera que una de las razones que explican la desprotección que sufren las mujeres en el Principado se debe al propio sistema del país, al que califica de “teocracia parlamentaria”, donde los jefes del Estado son los copríncipes de Andorra: el Obispo de Urgell, Joan-Enric Vives, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. “Y seguirá siendo una teocracia parlamentaria mientras nuestras leyes las tenga que firmar un obispo”, concluye.