El colectivo LGTBI se enfrenta al Ministerio de Igualdad por transfobia y quiere dimisiones para recuperar la confianza

El pasado 21 de noviembre, cuando la socialista Ana Redondo asumió como ministra de Igualdad en sustitución de Irene Montero, se comprometió a “desarrollar la normativa que garantiza de forma más efectiva los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI” y promover el Pacto de Estado para terminar con la discriminación que sufren, además de seguir luchando contra la violencia de género. Se abría entonces una nueva etapa tras una polémica legislatura marcada por la ley del “solo sí es sí”, que aunque creó un amplio paraguas de protección para las víctimas de violencia sexual también permitió la rebaja de penas de agresores, y por la reacción patriarcal ante otros avances como la ley trans, que avaló la autodeterminación de género.

Redondo, con un perfil poco mediático y una amplia trayectoria política en Castilla y León, era una desconocida para el movimiento feminista y los colectivos LGTBI a nivel nacional, por lo que en un principio le tendieron la mano para “seguir trabajando y profundizando en la igualdad del colectivo”. Sin embargo, apenas unos días después de que asumiera como ministra de Igualdad, llegaron las primeras críticas por parte de colectivos como la Federación Plataforma trans y Euforia Familias Trans Aliadas, al tacharla de “incoherente” por haber apelado a la “unidad” y acudir a la marcha “marcadamente trans excluyente” del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Mucho mayor fue la sorpresa cuando unas semanas después, a finales de diciembre, el Consejo de Ministros nombró a Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres, a propuesta de Redondo. Los colectivos trans, además de partido como Sumar y Podemos, no podían dar crédito a la elección de García para desempeñar ese puesto, pues en numerosas ocasiones “había mantenido discursos abiertamente transfóbicos” durante la tramitación de la ley trans, asumiendo incluso postulados de la extrema derecha, según denuncian las organizaciones: “La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político”, dijo en su perfil de la red social X, donde también indicó que “las mujeres trans no existen, son transexuales y punto”.

“Sin duda el Instituto de las Mujeres se queda grande para una mujer que no solo ha negado la existencia de las mujeres trans, sino que ha hecho comentarios despectivos y toda una campaña de violencia, sin importarle todos los delitos de odio que hemos sufrido”, dice a Infobae España la activista Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, que considera “muy significativo” que el nombramiento de Isabel García “pertenezca a ese sector de mujeres transodiantes que forman parte del Partido Socialista como son también Carmen Calvo, Amelia Varcárcel o Alicia Miyares”

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El pasado 9 de enero, representantes de la Federación Plataforma Trans y de Euforia Familias Trans-aliadas se concentraron frente al Ministerio de Igualdad y llevaron una petición con 5.600 firmas para exigir el cese de García, aunque no se las pudieron entregar en persona a la ministra —lo hicieron de forma telemática—, lamentan, pues ese día se encontraba acompañando a la reina Letizia en su visita a la sede de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) en Madrid.

Tras reclamar el cese de García, ambas organizaciones decidieron dar un paso más y este martes presentaron un recurso contencioso administrativo contra su nombramiento por la “falta de idoneidad para el cargo y atentar contra sus derechos”, y el Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite. Así, el alto tribunal ya ha emitido la diligencia en la que requiere a Igualdad que un plazo de 20 días remita el expediente administrativo en el que justificó la elección para el cargo.

“Sentimos que aquellas palabras que la ministra Redondo pronunció en su toma de posesión, donde se comprometió a llevar a cabo el Pacto de Estado contra los delitos de odio hacia el colectivo y a seguir trabajando para implementar la ley trans, han quedado en agua de borrajas. No es posible un pacto de Estado contra los delitos de odio teniendo una representante del odio sentada en el propio ministerio”, señala Cambrollé. Para implementar precisamente la ley trans, añade, “lo primero que hay que hacer es cumplirla porque nos protege de la transfobia y, por tanto, la ministra debe destituir a García”.

La activista asegura que la única manera en la que la ministra “puede recuperar la confianza de las personas trans es destituyendo a García”, por lo que le pide que “no mire hacia otro lado” y que escuche al movimiento social.

A pesar de que tras las críticas la nueva directora del Instituto de las Mujeres se disculpó en su cuenta de la red social X “por si alguno de sus comentarios sobre la ley trans “hubieran podido causar alguna ofensa”, sus palabras siguen sin convencer a los colectivos LGTBI. “Pidió disculpas por si algo había podido sentar mal, pero no es que cambiara de opinión sobre las mujeres trans. Además, está pidiendo perdón ahora que entra en un cargo y esto va más allá de eso”, añade por su parte Ronny De la Cruz, presidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam), desde donde advierten que seguirán vigilando para que los derechos LGTBI no retrocedan.

Las disculpas de García tampoco son válidas para Cambrollé, menos aún en un Gobierno que se define como progresista, asegura, pues considera que la directora del Instituto de las Mujeres “ha cometido transfobia” y advierte: “La sociedad española ha avanzado y quienes atentan contra los derechos lo paga en las urnas, es el PSOE quien pierde con todo esto”.

El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha defendida a García destacando que siempre ha estado relacionada con la “gestión de equipos y la consecución de objetivos vinculados a las políticas de igualdad, así como la lucha contra la violencia de género”. Entre 2019 y 2022 fue asesora del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y hasta su reciente nombramiento ejercía como consultora de políticas de igualdad en el sector privado desarrollando proyectos en diferentes ámbitos y sectores.