Ecuador, el país en estado de guerra que deja impunes a homicidas y agresores sexuales cuando delinquen en España

Ecuador está sumido en una crisis de seguridad sin precedentes después de que las bandas del narcotráfico hayan provocado una oleada de violencia en el país. La ecuatoriana es una de las comunidades latinoamericanas más numerosas en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 contaba con casi 120.000 miembros. Pero hay una preocupante diferencia respecto a otras personas migrantes: los ecuatorianos que delinquen en España y huyen a su país nunca rinden cuentas con la justicia.

Así lo aseguran a Infobae España fuentes policiales, que explican que Ecuador, como muchos otros estados, no extradita a sus nacionales cuando cometen delitos en otros países. El problema es que los tribunales ecuatorianos tampoco están juzgando a estos ciudadanos. “Huyen a casa y no les pasa nada”, subrayan las fuentes.

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Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen identificados y localizados a ciudadanos ecuatorianos que han cometido delitos en España y han huido de la acción de la justicia regresando a su país. Algunos de ellos están acusados de delitos tan graves como homicidios o agresiones sexuales. Sin embargo, los agentes saben que gran parte de ellos viven “tranquilamente” en sus casas. “Es muy frustrante”, remarcan.

Esta situación provoca que las víctimas de estos casos en España no tengan derecho a ninguna de las compensaciones o indemnizaciones que les corresponden.

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En febrero de 2023, el Gobierno ecuatoriano del expresidente Guillermo Lasso celebró un referéndum -apoyado por menos del 30% de los votantes- para modificar la Constitución y posibilitar, entre otras cuestiones, la extradición de nacionales vinculados a organizaciones de delincuencia transnacional reclamados por las autoridades de otros países.

La pregunta concreta era: “¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1?”. El anexo al que se refería la consulta reformaba la Constitución de 2008 para que mantenga la prohibición de la extradición pasiva “excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas, tráfico de armas trata de personas, blanqueo del producto del delito”.

El electorado votó en contra de las ocho preguntas planteadas en el referéndum. En la primera de estas, referente a la extradición, la opción del ‘No’ se impuso con un 51% de los votos.

Otros países de Latinoamérica como Venezuela niegan en algunos casos la extradición de sus nacionales, pero los tribunales locales sí enjuician a los presuntos autores de delitos cometidos en otros estados. Por ejemplo, las autoridades venezolanas detuvieron en 2018 al exmarine Dahud Hadid-Ortiz, responsable del último triple crimen ocurrido en Madrid en 2016.

Venezuela denegó su extradición a España, pero inició un procedimiento judicial contra él. Así, un tribunal de Caracas celebró un juicio en el que se expusieron las pruebas recabadas por la Policía Nacional en España y declararon múltiples testigos de los hechos por videoconferencia. Finalmente, el tribunal dictó sentencia la pasada semana contra el exmarine, a quien condenó a 30 años de prisión que ya cumple en una cárcel venezolana.