José Luis Peñas, que este año cumplirá 60 primaveras, es un hombre paciente. Muy paciente. Estuvo casi dos años (entre principios de 2006 y finales de 2007) grabando a escondidas a Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, recabando pruebas con las que acudir a la Policía Nacional. Luego estuvo esperando otros dos años (entre finales de 2007 y febrero de 2009) a que los agentes concluyesen las investigaciones que habían iniciado gracias a sus grabaciones y empezaran a efectuar detenciones. Después llegó la explosión mediática del caso: más de siete años de noticias e instrucción judicial hasta que en octubre de 2016 comenzó por fin el primer juicio (el primero de muchos), con Peñas obligado a sentarse en el banquillo de los acusados.
Tras el juicio, tuvo que esperar hasta mayo de 2018 a que se dictara sentencia, esa que acabó con el extesorero del PP Luis Bárcenas y otros ex dirigentes populares en prisión. Pero si ya debería haber agotado toda la paciencia que le quedaba, ha tenido que resignarse. Y es que desde finales de 2020 espera a que el Gobierno le conceda el indulto. “Ya no sé ni cuando lo pedí. Ya he perdido la estela del tiempo”, señala resignado a Infobae España. Su abogado y compañero de fatigas durante casi 20 años, Ángel Galindo, matiza porque tiene mejor memoria. “Lo pedimos el 3 de noviembre de 2020″. Ya han pasado tres años y tres meses.
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Porque aunque gracias a él se desmontó todo este gran entramado de corrupción, Peñas fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión. También le cayeron otros cinco años y un mes de inhabilitación absoluta; y siete años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. “Nunca ingresé en prisión. La pena de cárcel está paralizada al no ser condenado por ningún delito que supera los dos años de internamiento”, matiza.
Así que al hombre que inició un tsunami político y judicial que desembocó en una posterior moción de censura que echó a Mariano Rajoy del Gobierno no le queda otra que esperar. ¿Hasta cuándo? “Eso digo yo. No sé a qué espera el Gobierno para aprobar mi indulto”, dice con voz cansada. Y es que Peñas ha tenido que pasar todo tipo de pruebas y obstáculos tras hacer lo que hizo, desde amenazas a él y a su familia, suculentas ofertas para comprar su silencio, y graves problemas de salud. Los últimos, tres tumores malignos de los que se ha recuperado. “Aquí sigo, luchando. Solo quiero seguir con mi vida adelante”, asegura.
Peñas quiere seguir trabajando para mantener a su familia, por eso ha pedido el indulto contra la pena de inhabilitación para empleo o cargo público. Trabaja actualmente para una Administración. Pero el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se dilata en su decisión. Ya han pasado tres ministros por la cartera de Justicia. Y eso que el Tribunal Supremo informó a finales de 2021 a favor de que el Ejecutivo concediera un indulto parcial a Peñas, un indulto suficiente para seguir trabajando.
El Alto Tribunal sigue el criterio de la Fiscalía, que también respalda el indulto parcial por razones de justicia, equidad y utilidad pública, como exige la Ley del Indulto, y por el arrepentimiento del condenado. El fiscal expresó también en 2021 que había que tener en cuenta el “espíritu” de la directiva europea de 2019 para la protección de los denunciantes de corrupción. Su empleo es el único sustento familiar del que dependen su mujer y sus dos hijas. Con una nómina de 1.500 euros al mes, según la información que facilitó al Ministerio de Justicia. Su letrado señala “que este es uno de los indultos más merecidos de la democracia. José Luis Peñas puso en riesgo su vida, familia y trabajo al denunciar la mayor trama de corrupción política de este país”, señala.
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La figura de Peñas sigue despertando interés mediático. Incluso fuera de nuestras fronteras. La semana pasada la BBC (la cadena pública británica) le dedicó un programa especial bajo el título de ‘Spain’s Watergate’. En él se analiza el destacado papel de Peñas, ex concejal del PP en el municipio madrileño de Majadahonda, para destapar uno de los mayores “escándalos de corrupción” en la historia de España y se pregunta cuál sería su futuro si actualmente gobernase el PP de Alberto Nuñez Feijóo. No hay que olvidar que cualquier indulto es prerrogativa del Ejecutivo. “No toca seguir esperando. Parecer ser que hay más rapidez a la hora de conceder unos indultos en lugar de otros”, se resigna el propio peñas. Lo dicho: paciencia.