Junts y ERC elevan sus exigencias en la ley de amnistía frente a las enmiendas del PSOE y sus socios

Junts se ha descolgado del resto de grupos favorables a la ley de amnistía al presentar en solitario sus enmiendas al texto legislativo, cuyo plazo ha finalizado este martes. Los de Carles Puigdemont han registrado hasta 12 enmiendas “técnicas”, pero no han respaldado con su firma las otras ocho modificaciones consensuadas por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG.

No obstante, ERC ha presentado también en solitario otras cuatro enmiendas parciales al constatar “que hacen falta más avances y que todavía hay margen de negociación en ponencia y comisión hasta la aprobación definitiva”. Por su parte, el PP ha registrado 20 correcciones.

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Fuentes socialistas aseguran que sus enmiendas registradas de manera conjunta “están trabajadas, además, con otros grupos parlamentarios distintos de los firmantes”, en relación a Junts. Si bien, desde el grupo socialista se desmarcan de las propuestas del partido independentista. “Si no llevan nuestra firma, no”, añaden.

El PSOE alega que sus enmiendas son “de carácter técnico”, acordadas “en los últimos días por juristas de las diferentes formaciones, partiendo del reconocimiento general de que el texto inicial de la proposición de ley era de una enorme solidez jurídica y totalmente ajustada a nuestra Constitución”. Sobre ese texto, distintos juristas de los diferentes grupos parlamentarios han contribuido a “mejorar algunos aspectos no esenciales de la ley”, sostienen.

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Entre las enmiendas registradas, los socialistas destacan “la exclusión de la amnistía por delitos contra la Comunidad Internacional, la plena delimitación de todos los actos amnistiados a hechos producidos durante el proceso independentista o el refuerzo de la función jurisdiccional de jueces y magistrados en la aplicación de la amnistía”.

Los republicanos ponen en valor que entre las enmiendas transaccionadas se contextualiza que la amnistía “se enmarca en el proceso de independencia de Cataluña”; se excluye de la cobertura de la amnistía los delitos del título 24 del Código Penal, que atentan contra el derecho humanitario (como por ejemplo los genocidios y los delitos de lesa humanidad); “se acuerda que se eliminará del registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana las multas de la ley mordaza”; y se establece que la amnistía se podrá aplicar “en cualquier momento del procedimiento penal, también durante los juicios orales, entre otros”.

Entre las cuatro correcciones por separado de ERC y las 12 de Junts, los dos partidos independentistas coinciden en dos cuestiones: suprimir la exclusión de los casos de terrorismo de la ley para “blindarla al máximo posible, a la vez que se garantiza la inclusión de todos los casos”, así como incluir que no solo sean las cuestiones de inconstitucionalidad las que hagan levantar las medidas cautelares de un procedimiento (como la prisión preventiva o las órdenes de detención), “sino que también lo hagan las cuestiones prejudiciales al TJUE”.

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Cabe recordar que esto última fue una de las cuestiones que Junts negoció con el Gobierno en el marco de la convalidación del decreto ómnibus, ya que la “cuestión prejudicial europea” mantiene congelada la aplicación de la norma hasta que el tribunal resuelva dicha petición. Si bien, esto es ya una realidad jurídica y lo que el Gobierno pretendía era poner sobre blanco esta práctica. Finalmente, Bolaños acordó con Junts retirar este asunto del texto vía enmienda en la tramitación de la norma como proyecto de ley, pero alegó que “no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país”.

ERC también plantea modificar la parte de las exclusiones en lo relativo a los delitos de torturas o de tratos inhumanos. Es decir, que queden fuera de la aplicación de la ley todos los actos tipificados como tal, sin necesidad de que superen “un umbral mínimo de gravedad”. Para los republicanos, “supeditar la exclusión de estos actos a un umbral de gravedad da un excesivo margen de interpretación a los jueces”. Asimismo, ERC quiere establecer que la Generalitat “pueda devolver las multas de la ley mordaza”, ya que el texto de la ley impide percibir indemnización, así como la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa a las personas amnistiadas.

Junts ha asegurado en un comunicado que “se ha emplazado con el resto de fuerzas políticas favorables a la ley a seguir trabajando hasta su aprobación definitiva para mejorar el texto, bajo la premisa de conseguir una norma amplia, garantista y que se base en el derecho europeo e internacional en materia de amnistías”. Los de Puigdemont, que se han desmarcado del resto de fuerzas al presentar todas sus enmiendas por separado, apelan a la “voluntad” de “continuar trabajando” en la mejora de la ley, algo que “se hará en el ámbito parlamentario” a partir de la presentación de estas enmiendas.

Justifican sus correcciones en el doble criterio de que la ley “incluya todos los casos de persecución contra el independentismo sin excepciones y que sea aplicable en toda su extensión”, y que la norma “tenga efectos inmediatos en su aplicación”. Así, los de Carles Puigdemont exigen además ampliar la horquilla temporal de la amnistía (el texto original abarcaba desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023) para que contemple los actos desde el 1 de noviembre de 2011.

Junts quiere incluir en la amnistía los actos “realizados por o atribuidos a quienes hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas” cometidas con intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como las conductas “atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito”.

Asimismo, el partido de Carles Puigdemont propone que queden “extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos relativos al procés, “incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas”, y elimina el apartado que impide la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa.

El PP ha informado de que las ocho enmiendas conjuntas de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG han sido presentadas fuera de plazo, por una milésima de segundo. “Los representantes del GPP en la Mesa de la Comisión de Justicia lo han hecho constar y han votado en contra de aceptarlas. Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular va a presentar un escrito a la Mesa pidiendo los informes técnicos y jurídicos oportunos que aclaren el motivo por el que la Cámara ha aceptado la presentación de esas enmiendas”. Si bien, fuentes del Congreso alegan que las correcciones han sido admitidas porque se comunicó el registro de dichas enmiendas antes de que expirara el plazo.