Tras el 23 de julio, el PSOE se vio obligado a recurrir a Junts, un partido que en la legislatura anterior estuvo “fuera del perímetro del acuerdo”, votando en contra de todas y cada una de las medidas impulsadas por el primer Gobierno de coalición progresista, tal como recuerdan desde Ferraz. La formación liderada por Carles Puigdemont, a pesar de que el expresidente no ostenta ningún cargo orgánico en el partido, es sin duda la que más pone al Gobierno contra las cuerdas, llevando las negociaciones al límite.
La predisposición de los socialistas contrasta con las exigencias y amenazas constantes de los independentistas, tensando la legislatura en los primeros compases. Primero fueron las negociaciones para hacer a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso, luego la investidura de Pedro Sánchez y, por último, la convalidación de las primeras medidas impulsadas por el Ejecutivo. Por delante, una legislatura compleja al tener que someter cada iniciativa del Gobierno al consenso de hasta siete formaciones.
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El resultado de cada una de las negociaciones ha sido hasta ahora favorable tanto para los socialistas como para los posconvergentes: los primeros han salvado las votaciones (solo han cosechado la derrota del decreto sobre el subsidio por desempleo debido al rechazo de Podemos), mientras que los segundos han arrancado al Gobierno importantes concesiones, dejando a ERC y al resto de socios parlamentarios alejados del foco.
De momento, casi todas las medidas solo están en un papel, pues están pendientes de materializarse más allá de los gestos y los primeros pasos. Otros puntos de los acuerdos tampoco se han concretado, especialmente los que afectan al pacto in extremis para permitir la convalidación de los decretos en el Congreso De hecho, muchas de las iniciativas han sido corregidas o matizadas posteriormente desde la parte socialista del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
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Buen ejemplo de ello es la “delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat”, un anuncio grandilocuente envuelto en versiones contradictorias que arrojan más dudas que certezas acerca de una medida de tal magnitud, pues el alcance de la misma se tendrá que recoger en una ley orgánica con la Constitución como principal guía.
Los protagonistas de las negociaciones más allá de Puigdemont
En todo caso, de estas negociaciones se extrae un elemento que hasta unos meses era impensable: el nuevo rol de los de Carles Puigdemont al permitir la gobernabilidad en Madrid. El propio líder de Junts, fugado a Bélgica, es el encargado de supervisar y dar el aval a los pactos. También, negoció de primera mano el acuerdo de investidura y lidera la delegación de Junts en las reuniones periódicas en Ginebra (Suiza) con los socialistas, enmarcadas en la mesa de negociación entre partidos y con la presencia de un mediador.
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No obstante, en lo relativo a la interlocución ordinaria, si el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es el elegido por Pedro Sánchez para dialogar con el partido independentista, el secretario general de Junts, Jordi Turul, es el principal negociador designado por Puigdemont. El exconseller de la Presidencia de la Generalitat fue uno de los doce líderes del procés condenados en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo que indultó Sánchez en junio de 2021.
Pese a las reticencias iniciales y la desconfianza mutua, el propio catalán reconoció este jueves su sintonía con Cerdán, a quien atribuyó el “mérito” para que la negociación llegara a buen puerto, aunque in extremis. “A veces encuentras interlocutores con quienes puedes hablar de forma honesta y ponerte a ello”, subrayó en una entrevista en Catalunya Ràdio.
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De cara a la convalidación de los primeros decretos del Gobierno, fuentes socialistas informaron de que más allá de las llamadas telefónicas y las reuniones por videoconferencia, Cerdán visitó a Turrul en Barcelona la semana pasada. Asimismo, según una información del ElNacional.cat, delegaciones de ambos partidos cenaron en Moncloa.
A tenor de lo publicado por este medio catalán, el encuentro entre Santos Cerdán, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con Jordi Turull, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet, sirvió para abrir la puerta a un acuerdo que parecía muy difícil.
La relación entre Turull, que pertenece a la corriente pragmática de Junts (formada por los herederos de la extinta CiU), y Cerdán comenzó a fraguarse en abril del año pasado, un mes antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. Según desveló el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, uno los dos dirigentes políticos, sin detallar su identidad, pidió tomar la relación con el otro. “Creo que en política lo que hace falta es el diálogo y el buen rollo que permita superar las situaciones complejas”, remató el dirigente vasco, que ejerció de interlocutor para propiciar dicho encuentro.
Asimismo, por la proximidad evidente y el puesto desempeñado, Míriam Nogueras también tiene un papel relevante en las conversaciones con los socialistas. La heredera de Laura Borràs al frente del grupo parlamentario en Madrid forma parte de la corriente rupturista del partido, siendo una de las voces más duras de la formación en lo referente a las relaciones con el PSOE y con todo lo relacionado con “el Reino de España”.
En su condición de portavoz de Junts, trasladó al propio Pedro Sánchez las exigencias que había puesto Puigdemont sobre la mesa para apoyar al líder socialista. También lo ha hecho en varias reuniones con Cerdán en el Congreso. Ha participado en las negociaciones determinantes de los últimos meses y es la otra pata de la delegación del partido en la mesa de negociación trasladada a Ginebra. El pasado miércoles, en una jornada frenética en el Senado, cerró el acuerdo con Bolaños a cambio de permitir la convalidación de los decretos del Gobierno.