¿Está el SMI en el 60% del salario medio? Una directiva europea obligará al Gobierno a aclarar qué indicadores usa

Situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el 60% del salario medio es uno de los objetivos fijados por el Gobierno de coalición en su constitución y que ya se marcó en la anterior legislatura. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en numerosas ocasiones que España cumplió la ratio por primera vez en 2023 con la subida a 1.080 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas.

Y así lo ha reiterado este viernes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en el anuncio del aumento de 2024 hasta los 1.134 euros. “Lo que hacemos es subir el SMI en torno a los datos que nos está diciendo el INE en la encuesta de coste laboral, que está en el 5%, y esto es lo que nos permite seguir manteniendo esa equivalencia del 60%”. Lo cierto es que saber si España y el resto de países europeos cumplen con la ratio, recogida en la Carta Social Europea, es complejo actualmente.

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Eurostat calcula anualmente la equivalencia entre el salario mínimo de cada estado miembro y el salario medio, pero el último dato disponible se refiere a 2022. En dicho año, solo Eslovenia cumplía con el 60% del salario medio y le seguían Portugal (52,6%), España (50,3%) y Luxemburgo (48,2%). Además, no hay datos actualizados para 12 países, ya que la mayor parte de ellos (siete) no tienen salario mínimo, pero lo deben establecer a raíz de la directiva de salarios mínimos de 2022.

Para la subida del SMI de 2023 el Gobierno encargó a una comisión de expertos un análisis de cuál era el 60% del salario medio y esta construyó sus propias cifras usando la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo y, sobre todo, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Además, advirtió de que existen limitaciones para calcular el 60% por la periodicidad con la que se publican los datos y los ámbitos sectoriales que abarca cada fuente.

Pero los expertos no se han reunido para la subida de 2024 y el Gobierno ha aplicado un criterio distinto basado solo en la ETCL. “La relación del SMI con el salario medio no es fácil de realizar debido a las limitaciones estadísticas. La encuesta de costes laborales no incluye el sector agrícola”, señala a este medio Miguel Ángel García, investigador de Fedea.

La directiva europea de salarios mínimos aprobada en 2022 y que España debe transponer antes del 15 de noviembre de 2024 obliga al Gobierno a poner fin a los criterios cambiantes y a hacer permanente la comisión de expertos. Según establece la norma, los estados tienen que elegir entre indicadores internacionales o nacionales para calcular las subidas del SMI y debe crear “uno o varios órganos consultivos” que asesoren al Ejecutivo al respecto.

“Los salarios mínimos se consideran adecuados si son justos en relación con la distribución salarial en el Estado miembro de que se trate y si proporcionan un nivel de vida digno”, afirma la directiva. En este sentido, sugiere una amplia gama de ratios a utilizar para las subidas periódicas: referenciarlo a los salarios medios brutos, netos o a la mediana salarial o, en el ámbito nacional, ligarlo con el umbral de la pobreza o con el poder adquisitivo.

Los sindicatos tienen posturas distintas respecto a este tema. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, ha afirmado este viernes que “estamos en los márgenes del 60% del salario medio”, pero que se tiene que abordar en el marco de la transposición de dicha directiva una revisión de si se cumple el objetivo. Desde UGT, el vicesecretario general de política sindical, Fernando Luján, ha afirmado que “no hemos llegado aún al 60%”, pero que “estamos en el camino”. Esta organización propone utilizar una estadística de Eurostat como referencia de salario medio.

García explica que “no se puede realizar una afirmación general” sobre el impacto de un incremento del SMI sobre el empleo porque está determinado por la productividad de cada puesto de trabajo en cada sector de actividad. No obstante, señala que los trabajos disponibles hasta la fecha (el último es de la OCDE) concluyen que las intensas subidas del SMI aprobadas desde 2018 en España “reflejan un impacto no demasiado grande sobre una destrucción de empleo existente”. Sin embargo, considera que no se dispone de ningún análisis “fiable” sobre su impacto en el posible nuevo empleo que se hubiera creado de no haberse aplicado las subidas.

Por otra parte, el SMI establece una barrera de entrada sobre el empleo relacionada con su productividad: a medida que el SMI crezca más que la productividad, “la posibilidad de impactar negativamente sobre el empleo es mayor”, apunta el investigador de Fedea. A esto se suma que los salarios medios de cada provincia y sector son distintos y en algunas el SMI ya superó el 60% del salario medio en 2022, según la encuesta laboral del INE. En concreto, estas son: Andalucía (62,9%), Canarias (66,2%), Castilla y León (61,5%), Castilla La Mancha (62,2%), Valencia (61,5%), Extremadura (68,7%), Galicia (61,8%) y Murcia (63,1%).

El SMI también tiene claros beneficios de reducción de la desigualdad salarial. El salario del 10% que menos cobran ha crecido un 30% entre 2018 y 2022, mientras que el del 10% que más cobra solo ha aumentado un 4,6%. Esto también tiene un componente de género y de edad. Según calcula CCOO a partir de los microdatos de la EPA de 2022, la subida del 5% de 2024 alcanzará al 12,7% de las mujeres ocupadas a jornada completa y al 20,5% de los jóvenes de entre 16 y 24 años. Por sectores, la incidencia será superior en la agricultura (33%), otros servicios (28%) y comercio y hostelería (14,7%). Todos estos sectores registran salarios bajos, siendo el más reducido el de la hostelería: 15.176 euros en 2022, según la encuesta anual de coste laboral.