La petición sobre inmigración de Junts, entre el cálculo electoral y el interés por crear un Estado

Las dos primeras leyes importantes de la legislatura salieron adelante gracias a la abstención de Junts. La negociación fue compleja y tardaron en saberse los motivos que habían hecho cambiar lo que era hasta ese momento era un no rotundo del partido de Carles Puigdemont. Un tuit de la formación poco después esclarecía cuáles eran las peticiones que habían desbloqueado el acuerdo. La primera de ellas decía que se pacta “la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat”.

Al día siguiente, el PSOE aseguró que no hay ningún compromiso al respecto, pero es obvio que el tema de la inmigración en Cataluña ha entrado en la conversación. El anuncio de Junts era claro y novedoso, en los últimos años la política migratoria había pasado a un segundo plano y el partido, tradicionalmente conservador, había aparcado el tema a cambio de hablar del proces. Ahora vuelve a escena y la pregunta es ¿por qué?

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“Lo primero que hay que tener en cuenta es que a finales de este año o al principio del próximo hay elecciones”, responde Pau Canaleta, consultor en comunicación y profesor de ciencia política. Son las elecciones a la Generalitat, para las que todas las encuestas dan al PSC como más probable fuerza ganadora. El reto para Junts es ser el segundo partido o, lo que es lo mismo, el primero de los nacionalistas por delante de ERC que gobierna actualmente.

“Mucho de lo que hemos vivido estos días viene de esta competición. Hasta el momento la política catalana estaba muy marcada por el tema independentista, pero está virando a otros temas más comunes, que preocupan más a la gente: seguridad, inmigración, economía… ya se vio en las municipales”, remata.

Esa política tradicional se va abriendo paso tras años de anomalía. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió constata esa tendencia. En el año 2020 solo un 2% de los encuestados nombraba la inmigración como una preocupación, en el de diciembre de 2023 está ya un 11,7%.

“Esto es una tendencia que viene desarrollándose desde hace décadas en toda Europa. Concretamente en Cataluña se está politizando este tema y se mete en el debate público”, cuenta Juan Carlos Triviño, profesor de políticas de la Universitat Pompeu Fabra.

Algunas tendencias demoscópicas se consolidan y suponen un nuevo terreno de juego. Se nota en la consecución de la alcaldía de Ripoll por parte de Silvia Orriols, de Aliança Catalana, un partido nacionalista catalán de exTriviñoma derecha que puso el foco en su campaña en la inmigración. “Es una candidata muy dura de un partido que habla contra la inmigración y la islamización. En Ripoll, donde Junts conseguía mayorías, ganó la alcaldía y ellos se desplomaron. Hay un cierto miedo a que se presente este partido en las catalanas y se haga un hueco a su costa”, remarca Canaleta.

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“La presencia de Orriols y Aliança Catalana enciende las alarmas para competir por estos votantes que ven la inmigración de forma más identitaria, como un problema”, señala Triviñoviño. En realidad es un proceso que se está dando en toda Europa. Le ocurrió a Sarkozy con Le Pen, al PP con Vox y a los partidos de centroderecha en Italia con Salvini.

Es un problema por su derecha, pero también puede ser una oportunidad en su lucha contra ERC, una manera de encontrar bolsas de votantes que pueda decantar la partida a su favor. “Lo que ha pasado es que durante el proces Junts se abrió en exceso y en esa propuesta iban muchos valores más de izquierda que los suyos tradicionales, abiertos, globales, que se sume todo el mundo… esto es una vuelta a la casilla de partida”, comenta Canaleta.

La reacción está en marcha, algunos alcaldes pidieron en diciembre un endurecimiento del discurso migratorio y la expulsión de inmigrantes con delitos reincidentes. “Se ha visto en los alcaldes de Junts en la comarca del Maresme. Se quejan de problemas de convivencia, con reincidentes en delitos a los que piden la expulsión”, narra Canaleta.

De hecho, el barómetro catalán señala que casi un 23% de los encuestados que se consideran simpatizantes de Junts establecen la inmigración como uno de los problemas fundamentales de Cataluña. Solo Vox, de los partidos con representación en el Parlament, tiene una cifra mayor. “En según que lugares sus votantes se están yendo. Sus votantes no quieren el discurso de Silvia Orriols, pero sí que el partido al que votan se preocupe de lo mismo que se preocupan ellos”, explica Canaleta.

La política es siempre cortoplacista y la batalla por las próximas elecciones de la Generalitat es prioritaria para todos los partidos catalanes, pero existe otra perspectiva, y otra velocidad, que también está relacionada con esa petición de Junts de que las políticas migratorias les sean transferidas.

“Es un tema bastante sensible si lo leemos a escala nacional porque tradicionalmente todo lo que se refiere a control de fronteras es exclusivo del estado”, explica Triviño. O, dicho de otro modo, reclamar el control sobre los flujos migratorios implica también el control de las fronteras y es, como otras cuestiones como la defensa o la diplomacia, uno de los pilares de la definición de un estado moderno.

Triviño señala la construcción de un estado como una prioridad: “Viene de la época de Jordi Pujol, es una aspiración histórica, él decía que los que residen y viven en Cataluña son parte de Cataluña”.

“Es un factor más estructural, el soberanismo catalán desde Pujol quiere tener todas las estructuras que necesita el Estado, desde las prisiones a la policía”, remarca Canaleta. Algunas de ellas pueden ser incluso un engorro en el día a día, dan más problemas que soluciones, pero el hecho de tenerlas es una demostración de viabilidad para la creación de un Estado independiente, algo que, al final, siempre ha formado parte de la intención a largo plazo.

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Aquí hay una fricción pendiente y difícil de solucionar que hace que el anuncio precipitado de este acuerdo tenga que ser puesto en duda. El artículo 149 de la Constitución Española designa las competencias exclusivas del estado central y la segunda de ellas es lo referido a “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”.

Junts, en su comunicado, habló de desarrollar la competencia por medio del 150.2, que designa las transferencias, pero hay elementos en el pasado para pensar que esto no es posible con la actual legislación. De hecho, uno de los artículos invalidados por el Tribunal Supremo en la sentencia sobre el Estatut de 2006, para muchos uno de los inicios del fuego independentista, invalidaba precisamente la pretensión de la Generalitat de arrogarse las competencias en este campo.

Eso lleva a pensar que, lo sucedido esta semana, tiene más de fuegos artificiales que algo tangible y que se pueda llevar a cabo ya. Al fin y al cabo es una competencia asentada en la Constitución y cambiarla en una tarde suena imposible. Será, más bien, un tema de conversación para los próximos meses

“Yo veo muy difícil esa transferencia, y más fruto de una negociación in extremis para unos decretos. Es una de las pocas cosas que configura un Estado y no se cederá por una negociación así. Tiene un recorrido largo y veremos como termina, pero sí que cumple con sus intenciones. Hay unas elecciones a la vista y con esto le dice a su electorado que ellos podrían gestionarlo mejor”, apostilla Canaleta.