La diferencia entre un proyecto de ley y el decreto que obliga al Gobierno a un cambio de estrategia para evitar que cada votación “sea un Vietnam”

La votación de los decretos anticrisis fue un aviso a navegantes. Los dos actores que han ganado un papel nuevo en la escena parlamentaria en los últimos mese hicieron sufrir a Pedro Sánchez, poniendo en serios riesgos su primera gran prueba de fuerza en el Congreso después de la investidura. Por un lado, Podemos, que se salió de Sumar al grupo mixto al verse fuera del Gobierno de coalición; y Junts, que en la legislatura pasada se situaba junto al PP en el rechazo a la mayoría de medidas del primer Ejecutivo de coalición progresista.

El Gobierno de coalición salvó el real decreto ómnibus por la mínima (un voto de diferencia), que contempla reformas para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros. También, por el escaso margen de un voto, el Ejecutivo salvó la votación del último paquete de medidas anticrisis (incluye la subvención al transporte público, la rebaja del IVA de los alimentos o la revalorización de las pensiones), después de que una primera votación hubiera quedado en tablas por la equivocación de un diputado al votar de manera telemática.

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Si bien, la intensa jornada dejó un sabor agridulce al decaer la reforma del subsidio por desempleo, impulsada por Yolanda Díaz –también vía real decreto–, debido al rechazo de Podemos. Y es que, los de Ione Belarra impidieron el pleno de victorias para el Ejecutivo al votar en contra de este decreto junto a PP, Vox y UPN, pero permitieron la convalidación del decreto del escudo social después de acordar con el PSOE la extensión de la suspensión de los desahucios cuatro años más.

Tras este primer tropiezo, y ante la previsión de agotar los cuatro años de legislatura en medio de escenario complejo para la conformación de mayorías parlamentarias, desde el Gobierno se ven obligados a rediseñar su estrategia para evitar que cada votación se convierta “en un Vietnam”, como afeó el primer secretario del PSC, Salvador Illa, en relación a la “forma de hacer política” de Junts.

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En el pleno extraordinario del Congreso, celebrado en el Senado por las obras en el hemiciclo de la Cámara Baja, sirvió de escenario para que los socios del Gobierno recomendaran a Pedro Sánchez cambiar de estrategia de cara a los siguientes meses. Los representantes de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria afearon desde la tribuna las “formas” elegidas para acometer los cambios legislativos que el Gobierno llevó a pesar de no tener garantizados los apoyos previamente.

Las críticas de todos los socios del Gobierno recayeron sobre el uso abusivo del real decreto-ley, una figura utilizada especialmente por secretario general del PSOE desde que llegó al Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Para sortear la críticas por ser el presidente que ha pulverizado todos los récords en lo relativo a su uso (de los 141 impulsados, ha conseguido salvar 139), los socialistas alegan las situaciones sobrevenidas durante la pasada legislatura que requerían de la aplicación urgente de medidas, como la pandemia o la crisis energética e inflacionaria por la guerra en Ucrania.

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Los decretos-leyes son normas con rango de ley aprobados por el Consejo de Ministros, y entran en vigor según se establezca en el texto, normalmente cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado. El artículo 86 de la Constitución regula su uso para diferenciarlo de un proyecto de ley (leyes orgánicas u ordinarias promulgadas por el Ejecutivo).

“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”, reza el punto uno de dicho precepto.

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Si bien, estas iniciativas legislativas deberán ser inmediatamente sometidas a “debate y votación de totalidad” (en su conjunto) en el Congreso, “convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación”. En ese plazo, sus señorías deberán pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación (requiere de mayoría simple).

Una práctica asociada al uso del real decreto-ley es mezclar temas de diferente índole en un mismo texto, por lo que a la hora de someterlo a convalidación en el Congreso, se vota en su conjunto y no se puede votar por partes. Este fue otro de los motivos que los socios esgrimieron. Y es que, aunque en el mismo plazo, el Congreso debe votar si se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia –un proceso en el que se pueden incluir enmiendas–, la tramitación de la mayoría de ellos se congela e incluso decae con la disolución de las Cortes, por lo que sigue en vigor el texto que salió del Consejo de Ministros.

Los plazos y la necesidad de someterlos a votación acotan el tiempo de negociación con los grupos parlamentarios. Por ello, los socios son favorables a que el Gobierno apruebe y mande sus medidas a las Cortes vía proyecto de ley, una figura que no requiere de un plazo máximo para su tramitación. A esta petición se suma una vieja reivindicación de los aliados parlamentarios de Sánchez: negociar las medidas antes de que se aprueben en el Consejo de Ministros para facilitar su tramitación en la Cámara Baja y así evitar victorias sobre la bocina o nuevas derrotas.