El último acuerdo entre PSOE y Junts para permitir la convalidación sobre la bocina de los decretos del Gobierno incluyó importantes concesiones a los independentistas, que se suman a las medidas apalabradas en el marco del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. El pacto fue in extremis, cerrándose minutos antes de que finalizara el plazo para votar de manera telemática, seguido de un silencio sepulcral por parte de Junts (incluso un diputado comentó en los pasillos su voto en contra).
Tras horas de desconcierto, que salpicó al propio Gobierno, llegó el resultado de la votación y el posterior anuncio del acuerdo a través de una nota de prensa emitida por el partido independentista. A diferencia del pacto de investidura, firmado conjuntamente con los socialistas (y presentado en rueda de prensa por representantes de ambas formaciones), Junts se encargó de detallar en solitario las medidas acordadas con el PSOE para “abstenerse” en las votaciones en lugar de votar en contra, aunque en realidad se ausentaron de ellas (excepto en la que tuvo que repetirse por el empate en la primera ronda).
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Lo cierto es que, más allá de los anuncios grandilocuentes, el comunicado de Junts está compuesto por la enumeración de hasta ocho medidas, sin ofrecer detalles al respecto ni demasiada concreción en varias de ellas a pesar su importante calado. En contraste con las declaraciones de los líderes de Junts a lo largo de este jueves, la parte socialista del Gobierno trató de rebajar el alcance de las medidas e incluso corregir alguno de los anuncios 24 horas después del anuncio del texto.
Cabe destacar que, más allá del revuelo creado en la derecha por el acuerdo, motivando una nueva ofensiva contra el Gobierno, el pacto ha causado recelos hasta en las filas de ERC, el partido que está al frente de la Generalitat. “Estamos contentos de que Junts se sume a la negociación, pero una cosa son los enunciados y la otra cosa son los compromisos firmes y la letra pequeña, que para nosotros es fundamental, y la letra pequeña tiene que analizarse, tiene que debatirse, y en este sentido detrás hay mucho trabajo”, esgrimió la diputada republicana Teresa Jordà.
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La cesión de las competencias en materia migratoria
La medida más polémica incluida en el texto es la que versa sobre la “delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña”. No solo eso, la nota reza que la cesión de esta competencia “irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sea el Govern y el Parlament de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades ya la realidad de nuestro país [por la comunidad autónoma]”.
Dirigentes de Junts, como Míriam Nogueras, Jordi Turull o Laura Borràs han ahondado en esta línea, explicando que la cesión incluye la gestión “integral” de esa materia, incluidos los permisos de residencia y la expedición de documentos, así como los “flujos migratorios”. De hecho, el secretario general del partido ha echado mano de argumentos xenófobos al poner el foco en evitar la “multirreincidencia”.
Si bien, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, anticipó una discusión en los próximos acerca de “los contenidos” y los “recursos” de un eventual cambio de normativa que, a todas luces, deberá discutirse en sede parlamentaria. “El alcance y el perímetro es algo que tenemos que consensuar en el Congreso porque la ley requiere una mayoría cualificada; es aventurado trasladar ningún elemento ni ninguna cuestión porque nos quedan meses de discusión con Junts y el resto de grupos, y que esté en sintonía con lo que acabamos de pactar en Europa en ese pacto antiinmigración”.
En todo caso, aclaró que la medida forma parte de la estrategia de cogobernanza con las autonomías y que no se trata de una transferencia de la titularidad, sino de una “delegación de competencias”, por lo que “la competencia sigue siendo del Estado”. “Se acordó una delegación de competencias al amparo de la Constitución y de la normativa de derecho comunitario, que prevé que tiene que materializarse a través de una ley orgánica en el Congreso”, apuntó.
La ministra de Hacienda también corrigió el anuncio referente a las ayudas al transporte público. Aunque la nota habla de que “el Estado asumirá la totalidad del coste de los descuentos y las bonificaciones al transporte público por parte de la Administración central”, la vicepresidenta primera especificó que esto no supone un aumento, sino que la parte que aporta el Estado, un 30 %, ya no estará condicionada a que las comunidades rebajen otro 20%.
Balanzas fiscales y ley de sociedades de capital
En cuanto a publicación “inmediata” de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales, el ministerio liderado por Montero pone ahora en duda su publicación más allá de abrir las puertas a las bases de datos para que los centros de investigación, administraciones y servicios de estudios puedan elaborar sus propias balanzas fiscales. “Esto lo discutimos con Junts, no hay consenso y hay polémica sobre las metodologías que se tienen que utilizar para hacer este tipo de análisis”, apostilló Montero.
En cuanto a la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para “revertir el real decreto promulgado por el PP en 2017″ y así “permitir el retorno de las empresas a Cataluña”, tal como informó Junts, María Jesús Montero lo limitó a un compromiso para “reforzar la vigilancia” para evitar “ingerías fiscales”.
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“Lo que sí tienen que cumplir de forma escrupulosa, y así se refuerza en este acuerdo (con Junts) es con la legalidad vigente (...) que no se produzcan ingenierías fiscales para que declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro y cuestiones de este tipo”, alegó. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue un paso más allá y subrayó que es “imposible” sancionar a las empresas que no quieran volver, principal propuesta de Junts en esta materia.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, restó importancia a otro de los puntos en los que finalmente acabó cediendo el Gobierno. Se trata de la supresión del nuevo artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento criminal sobre la “cuestión prejudicial europea”. Este punto pone negro sobre blanco una práctica que ya es una realidad jurídica, pero la UE exigía incorporarlo en la ley. Y es que, la medida alude a la congelación de los procedimientos judiciales cuando se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), manteniendo la aplicación de la norma en suspenso hasta que el Tribunal resuelva dicha petición.
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Según Junts, esta medida “amenaza la viabilidad” de la ley de amnistía ante un eventual recurso, pero el Gobierno rechazaba quitarlo del decreto ómnibus. Tras el acuerdo, lo retirará vía enmienda en la tramitación de la norma como proyecto de ley. En todo caso, es una suerte de brindis al sol, ya que “no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país”, como ha reconocido el titular de Justicia.