El Gobierno se escuda en Bruselas para no ceder con Junts: señala que la normativa europea impide multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña

El Gobierno sigue reculando con el acuerdo al que llego con Junts para obtener su abstención para sacar adelante los decretos en el Congreso. Los independentistas incluían en sus peticiones sancionar a las empresas que decidan no volver a Cataluña, algo que, el Gobierno da por descartado. El propio ministro Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado este viernes que no es posible sancionar a las empresas que no retornen a Cataluña porque lo descarta la normativa europea y ha explicado que el Gobierno lo que hará es reforzar los requisitos ya establecidos en la ley de sociedades de capital en cuanto al domicilio de las compañías.

“No es que lo tenga que descartar yo, es que lo descarta la normativa europea”, ha recalcado el ministro de Economía. Según ha explicado el titular de Economía, la normativa europea habla de la libertad de establecimiento de sede por parte de las empresas y a nivel nacional, cada uno de los países traslada esta normativa para ser capaces de determinar las condiciones que se tienen que cumplir para que el domicilio social de una empresa se establezca en un sitio o en otro.

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En España, hay una serie de requisitos ya establecidos en la ley de sociedades de capital y que son los que tienen que cumplir las empresas. “Lo que haremos es reforzar estos requisitos ya establecidos en la ley para garantizar esa seguridad jurídica hacia adelante y que las empresas a la hora de determinar dónde establecen en su sede sepan que pueden seguir trabajando también en el marco actual”, ha señalado.

Preguntado por si descarta multar o castigar a las empresas, tal y como propone Junts para Cataluña, el ministro ha sido claro: “No es que lo tenga que descartar yo, es que lo descarta la normativa europea”. Así, Carlos Cuerpo ha recalcado que ni el Estado español, ni cualquier otro país de la Unión Europea puede establecer este tipo de restricciones al establecimiento.

Que la legislatura iba a estar plagada de incertidumbre y complicaciones era algo que se preveía desde el primer momento. Y la primera votación en el Congreso de los Diputados ha constatado esta realidad. Junts per Cataluña sabía que la aprobación de los primeros decretos del nuevo Ejecutivo era el momento perfecto para negociar. Así, la abstención que ha favorecido que salgan adelante estas medidas incluye ciertas concesiones, entre las que se encuentra el retorno de las empresas que salieron de Cataluña hace ya más de un lustro.

Concretamente, el acuerdo de la formación con el PSOE incluye también la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el procés. Un pacto que llega después de que desde la formación catalana contemplase esta misma semana la posibilidad de “sancionar” a aquellas empresas que no volviesen.

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Sin embargo, el Gobierno se aleja cada vez más de la teoría de multar compañías. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación “es muy claro” y que el Gobierno de España “no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente”. Lo que hace el acuerdo con Junts, ha explicado Montero, es “reforzar la legalidad vigente” para que “no se produzcan ingenierías fiscales”, de modo que las empresas no puedan situar su domicilio social en un sitio distinto al declarado para su actividad principal.

En esta misma línea, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que es “imposible” sancionar a las empresas que no quieran volver a Cataluña como ha planteado Junts. En España hay libertad de mercado y “cada empresa puede decidir dónde se instala, faltaría más”, ha expresado.

No obstante, Alegría ha defendido que los gobiernos, dentro de sus competencias, “puedan legislar o hacer planteamientos para evitar a veces cierta ingeniería desde el punto de vista fiscal”, pero “desde el respeto a la libertad de mercado que cada empresa tiene para poderse instalar” en el lugar que quiera. “Me parece lógico que una empresa donde tiene domiciliado, donde tiene radicado su domicilio social, parece consecuente y responsable que sea allí también donde esté instalada, donde pague sus impuestos y donde desarrolle toda su actividad”, para garantizar seguridad jurídica, ha indicado.